Abelardo Medellín Pérez
La iniciativa de reforma electoral que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados la tarde de este miércoles 4 de marzo, resultó ser una propuesta mucho más mesurada de lo que se esperaba y, sin embargo, lo tenue del asunto poco le sirvió para calmar el disgusto de sus aliados.
La forma en que la iniciativa fue suavizada con respecto a ese primer anuncio de los temas que traería la reforma es una buena noticia para, entre otros actores, el INE, a quien no le redujeron de facto el presupuesto, y los OPLES, a quienes no desaparecieron, pero si eliminaron su atribución de educación cívica.
Esta al mismo tiempo es una buena noticia para la ciudadanía, pero dentro de todo lo descrito no es la única, el proyecto de reforma de hecho contiene al menos dos propuestas que resultan ser relevantes para los intereses de una población cada vez más desilusionada de su clase política: la reducción del financiamiento a los partidos y el reconocimiento al derecho de los ciudadanos de participar en mecanismos de democracia directa.
Estos tres puntos son los más llamativos para quienes ni somos de las cúpulas partidistas ni estamos en el ante sala de participar por un cargo público en disputa. Sin embargo, el mismo trio de buenas propuestas tienen algunas implicaciones que es necesario discutir para no caer en la trampa “apantalla bobos” de las buenas intenciones electorales.
En primer lugar, la reducción del financiamiento a los partidos. Tal como lo había adelantado la presidenta, la reforma contempla reducir de 65 por ciento a 48.75 por ciento el coeficiente a partir del cual se calcula el financiamiento que se les otorga a los partidos políticos. Esto se traduce automáticamente en una reducción del 25 por ciento en estos institutos políticos.
Si la reforma se hubiera aprobado a mediados del año pasado, los partidos no tendrían calendarizados los 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos que recibirán este 2026, sino que recibirían poco más de 5 mil 526 millones de pesos, es decir, cerca de 2 mil millones de pesos menos.
De aplicarse actualmente, Morena sería el único partido con más de mil millones de pesos para sus actividades ordinarias, y el resto de los partidos habrían tenido entre 350 y 160 millones menos de lo que se les pretende entregar este año.
Tal parece que la presidenta cumplió: menos dinero para los partidos. Lo que no queda claro es por qué y cuáles son las barreras de entrada para el dinero que, de todas formas, los partidos van a buscar. La reforma propone prohibir cualquier contribución en efectivo y el dinero que venga de fuente ilícitas, ¿a poco creen que antes estaba permitido? Lo que se requiere en todo caso es una vigilancia más acuciosa al gasto de estos partidos y sanciones más severas contra las irregularidades financieras, también aquellas vinculadas con el gasto opaco. Eso es algo que la reforma no contempla.
Al igual que en otros temas, la iniciativa tampoco explica cómo esto impactará el nivel de competitividad de los partidos en territorios donde cada fuerza es una oposición aislada. A nivel nacional, Morena es el partido dominante y económicamente, con o sin recorte, está bien equipado. El problema es que el dinero no es el único recurso que se usa para ganar elecciones.
Imaginemos que para el próximo año que inicia el proceso electoral en San Luis Potosí, todos los partidos llegan con menos dinero que el periodo anterior y menos incentivos a nivel nacional para distribuir esos recursos en las campañas de entidades donde tiene pocas posibilidades de ganar.
A lo mejor el Partido Verde recibe menos dinero que Morena, pero en San Luis Potosí, el Verde no necesita dinero; tiene la estructura de los programas sociales del gobierno, tiene el respaldo institucional de las dependencias estatales que sirven a la campaña de la senadora Ruth González y tiene el apoyo de los operadores políticos del gobernador en cada colonia. El resto de los partidos, entre ellos Morena, tienen menos recursos económicos para operar y en consecuencia se enfrentan a una brecha de competitividad que sus partidos a nivel nacional no podrán cerrar.
Menos dinero sí, pero en definitiva muchas más razones por las cuales los gobiernos subnacionales explotarán el resto de los recursos políticos que ya han amasado para sostener a sus institutos políticos.
En lo referente al reconocimiento de los mecanismos de democracia directa, llama la atención la forma en que se desaprovechó la reforma para cuestionar el umbral del 2 por ciento de firmas recolectadas para activar estos mecanismos.
La sugerencia de que el porcentaje de firmas recolectadas por aquellos interesados en activar una consulta popular, un plebiscito o un referéndum, es un eco de lo que ya contempla nuestra Constitución y la ley en la materia publicada desde 2014; sin embargo, el umbral mínimo ignora lo que han señalado diversos académicos en materia electoral sobre este tipo de requisitos, que más allá de ordenar, disuaden.
De acuerdo con publicaciones, como la de “Las firmas, una agenda incompleta de la consulta popular mexicana” de la ex concejera electoral de Nuevo León, Sara Lozano Alamilla, el establecer umbrales de recolección de firmas de manera aislada y sin considerar los tiempo y limitantes físicas que enfrentarán, es lo mismo que generar una norma incompleta para los fines que pretende la ciudadanía. Lo que se requiere en estos casos es una fórmula para conocer la cantidad mínima de firmas que un ciudadano pueda reunir de manera factible según sus condiciones espacio temporales.
Mientras este tipo de consideraciones técnicas no se incluyan en el proyecto de reforma y se acompañen de mecanismos para revisar a profundidad sus resultados, la promoción de los plebiscitos y consultas populares servirá únicamente para tentar a la clase política, la única interesada de facto en usar estos mecanismos para simular apertura y hacer de sus intereses una pantomima de participación, tal como ocurrió en San Luis Potosí con el desastroso caso de Villa de Pozos.
Otros temas resaltan por su relevancia para la confrontación entre los partidos antes aliados y hoy enemistados: la eliminación de los plurinominales en el Senado, la nueva forma de distribución de plurinominales en la cámara de diputados, la reducción de tiempos de radio y televisión. Sin embargo, será necesario esperar a la dictaminación de la iniciativa para ver qué tanto margen de maniobra tendrán los partidos en una reforma que nadie pidió, pero todos padeceremos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
