María Ruiz
Por medio de un posicionamiento público, la colectiva Movilización Vivas Nos Queremos San Luis Potosí presentó este 8 de marzo de 2026 una serie de exigencias urgentes dirigidas a los tres niveles de gobierno, al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado, a través de las cuales demandan el cese de la impunidad y el fortalecimiento de las políticas de protección a la mujer.
La organización manifestó un rechazo absoluto a la intención de retirar las Alertas de Violencia de Género (AVGM) en la entidad, calificando dicha propuesta como un “agravio” para las víctimas y sus familias.
En el documento, las activistas señalaron que, antes de considerar el levantamiento de cualquier alerta, el Estado tiene la obligación de fortalecer los mecanismos existentes, asegurar presupuestos con perspectiva de género y garantizar información pública confiable.
“Mientras persista la violencia feminicida, la AVGM debe mantenerse y fortalecerse como una herramienta de exigibilidad de los derechos de las mujeres”.
Esta demanda de seguridad se extendió también al ámbito educativo, donde exigieron a la UASLP y a las autoridades competentes procesos que eviten la revictimización y sancionen a los responsables de violencia sexual denunciada en espacios universitarios.
En el terreno de los derechos laborales y de salud, el pliego petitorio incluyó la exigencia de reformas que garanticen una jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso, reconociendo la desproporcionada carga de cuidados que recae sobre las mujeres.
Asimismo, demandaron que la despenalización del aborto se materialice eliminándolo del Código Penal para que deje de ser tratado como un delito, instando a que las instituciones de salud garanticen una atención integral y libre de discriminación.
Por otro lado, también remarcaron lo que para ellas es una “política a discreción” en la capital potosina, pues señalaron que mientras el Estado demuestra gran capacidad operativa para resguardar edificios públicos con vallas y operativos extraordinarios, no hace lo mismo para proteger vidas, esto ante el numeroso blindaje que existe en diversos edificios, entre ellos el palacio de Gobierno estatal, el Congreso y hasta algunas iglesias de la capital.
“Esas acciones demuestran que el Estado y sus instituciones sí tienen la capacidad de planear, implementar y mejorar medidas preventivas y de protección cuando así lo deciden”, sin embargo, criticaron que esa misma urgencia no se aplique para prevenir la violencia feminicida.
Finalmente, la movilización exigió protección integral para mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y condiciones reales de acceso a la justicia para mujeres con discapacidad y comunidades indígenas.
“Este 8 de marzo salimos a las calles porque seguimos vivas, organizadas y en resistencia. Seguiremos nombrando las violencias… exigiendo al Estado que cumpla con su responsabilidad”.
