María Ruiz
Durante la movilización del 8 de marzo, que reunió a aproximadamente 4 mil mujeres (según las cifras proporcionadas por la Secretaría de de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital) en el Centro Histórico de la capital potosina, madres de víctimas de feminicidio y colectivos de búsqueda centraron sus demandas en la opacidad que rodea a las cifras oficiales de violencia de género y la selectividad del sistema de justicia en el estado.
Al iniciar la movilización en punto de las 16:30 horas, las familias señalaron una disparidad estructural en la atención institucional. Según el testimonio de las madres, existe un trato diferenciado en las carpetas de investigación, pues mientras los casos de familias con poder adquisitivo reciben atención expedita, las denuncias provenientes de la clase trabajadora —quienes enfrentan con mayor crudeza la inseguridad cotidiana— se ven estancadas por trabas burocráticas y omisiones deliberadas.
Las madres enfatizaron en que el sistema judicial potosino prioriza una imagen de control sobre la resolución real de los casos, construyendo una “justicia selectiva” que deja a los sectores más vulnerables sin acceso a la verdad ni a la reparación del daño.
En este sentido, uno de los ejes críticos del reclamo fue la contradicción estadística detectada por las familias, quienes sostienen que existe una intención institucional de minimizar la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres, no solo en el territorio potosino, sino a nivel nacional.
Las madres sostuvieron que, de manera recurrente, muertes violentas con características claras de feminicidio son catalogadas prematuramente como suicidios o accidentes. Esta práctica, aseguran, busca mantener cifras artificialmente bajas para evadir la activación real de protocolos de prevención, una situación que puso nuevamente sobre la mesa, el caso de la joven Odalys Anahí Hipólito, a quien en el año 2018 fue encontrada en uno de los andenes de la zona de transferencia, un hecho que se catalogó como suicidio, pese al contexto de los hechos y al historial previo a su desenlace.
Por ello, la movilización realizó paradas estratégicas en puntos que representan la herida abierta de la impunidad en San Luis Potosí, como lo fue el punto de Transferencia. En este sitio familiares de Hipólito realizaron un minuto de silencio.
Con consignas de “no fue suicidio, fue feminicidio”, exigieron que el caso sea investigado bajo una perspectiva de género real y no a partir de narrativas institucionales convenientes.
Posterior a esto, la marcha se dirigió hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), donde familiares de Samantha Joselyn Rodríguez Rojas —víctima de feminicidio el pasado 6 de marzo— se sumaron a la exigencia. Aquí, también se denunció la falta de protección a madres víctimas de violencia vicaria y la omisión sistemática en la atención a denuncias de abuso sexual, por medio de carteles y retratos que exhibieron a presuntos agresores.
Cuando llegaron los contingentes a la Fiscalía, el eje central de la protesta fue la denuncia de una justicia selectiva, ya que las familias señalaron que, la maquinaria judicial despliega toda su eficiencia para resolver carpetas de investigación de clases acaudaladas, mientras que las víctimas de sectores populares son abandonadas en un laberinto burocrático, ignoradas y revictimizadas.
Exigieron por igual el cese inmediato de la fabricación de “realidades a modo” mediante la reclasificación técnica de muertes violentas, además pidieron una auditoría ciudadana ante la evidente opacidad en las cifras de desapariciones y feminicidios, el cumplimiento efectivo de los protocolos de género —despojados de la simulación administrativa— y garantías reales de protección para las madres que son víctimas colaterales de feminicidio.
En la fiscalía, la irrupción física en la reja principal de la institución fue el punto de quiebre, simbolizando la ruptura con un modelo de justicia que, a juicio de las madres buscadoras como Gloria Serroque quien tomó el micrófono para manifestar su indignación, no está diseñado para proteger a la clase trabajadora, sino para administrar el silencio de quienes buscan a sus hijas.
De este lugar partieron hacia Palacio de Gobierno, donde a pesar de las láminas metálicas instaladas para blindar el recinto, las manifestantes instalaron un Tlalmanalli —ofrenda tradicional a la tierra— como acto de protesta por el hermetismo gubernamental, acompañando el ritual con pintas que denunciaban el olvido oficial.
La marcha llegó hasta la Plaza Fundadores, donde madres integrantes del colectivo Por Ellas, Por Todas y Por nosotras, manifestaron su rechazo a la posible supresión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.
En donde Susana Cruz González, madre de Lupita Viramontes víctima de feminicidio en 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, calificó el intento gubernamental de retirar la alerta como una forma de “borrado histórico”. Para Susana, la alerta no es una medalla de cumplimiento para la gestión estatal, sino una trinchera que, si bien es insuficiente, mantiene al Estado bajo la exigencia que marca un mecanismo destinado a generar acciones de prevención que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres.
Ella, junto con otras madres, exigieron a las autoridades estatales y nacionales, que dejen de construir un “San Luis ficticio” en sus informes y reconozcan que la alerta no debe levantarse mientras el sistema sea un engranaje diseñado para la impunidad. Por último, al mismo espacio arribaron estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que se unieron al reclamo.
Las universitarias denunciaron una estructura de acoso y agresiones físicas y psicológicas que se gesta dentro de las aulas y que las autoridades académicas suelen ignorar o proteger.
Las manifestantes, coincidieron, al igual que las madres víctimas indirectas, en que el fenómeno de feminicidio no es un evento aislado, sino la etapa final de un sistema de violencia cotidiana que, se gesta en la calle, en casa e incluso desde las espacios universitarios, y que al ser minimizado por las autoridades, culmina en el asesinato de mujeres, este último siendo la expresión más violenta y cruel de todas, pero no muy alejada de quienes consideraron que en los salones universitarios, se gesta violencia, se protege a agresores y se hace a un lado a las alumnas víctimas, postura que dio origen a diversas pintas e intervenciones en la fachada de la máxima casa de estudios.
La jornada concluyó con la advertencia de las familias: continuarán la auditoría ciudadana sobre los datos oficiales, exigirán que la Fiscalía cese la construcción de realidades a modo y garantice el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
