Fernanda Durán
A más de una década de las reformas que impulsaron la paridad de género en la política mexicana, San Luis Potosí ofrece una fotografía desigual: mientras el Congreso del Estado y el nuevo Poder Judicial muestran una presencia femenina relevante, los ayuntamientos aún son un terreno con rezagos persistentes y el Poder Ejecutivo estatal mantiene una integración marcadamente masculina.
La paridad, en otras palabras, existe en algunos espacios, pero no se traduce en el acceso homogéneo de las mujeres a los cargos donde se concentra la toma de decisiones públicas.
En el nivel municipal, el rezago es evidente. De acuerdo con un estudio del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), como resultado de la elección de 2024 sólo 14 de los 58 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, es decir, 25.9 por ciento del total.
La cifra no sólo se mantiene lejos de la paridad, sino que además representa un retroceso frente a 2021, cuando 17 alcaldías estaban encabezadas por mujeres; antes de eso, en 2018 habían sido 16, y en 2015 apenas dos.
El mismo estudio identifica que desde 1991 apenas 74 mujeres han sido electas alcaldesas por voto popular en la entidad, mientras que 19 municipios nunca han sido gobernados por una mujer. La lista incluye Ahualulco, Aquismón, Cárdenas, Ciudad Fernández, El Naranjo, Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tancanhuitz, Venado, Villa de Arriaga, Villa de la Paz y Villa de Ramos.
Más aún, el rezago no se concentra sólo en municipios pequeños o periféricos. Las tablas del Ceepac muestran que varios de esos municipios sin antecedente de una alcaldesa electa se ubican entre los de mayor población o peso presupuestal del estado como Matehuala, Tamazunchale, Mexquitic, Aquismón, Ciudad Fernández y Villa de Ramos. Esto implica que las mujeres no sólo acceden menos a las presidencias municipales, sino que con frecuencia quedan fuera de los ayuntamientos con mayor visibilidad pública, estructura administrativa y recursos para construir carreras políticas.
La brecha también se aprecia al comparar a San Luis Potosí con el contexto nacional. Según los datos retomados en el estudio, en 2018 el promedio nacional de mujeres en presidencias municipales fue de 28.8 por ciento, frente a 27.6 por ciento en la entidad. En 2021 el promedio nacional subió a 33.4 por ciento, mientras San Luis Potosí se quedó en 29.3 por ciento; y para 2024 el promedio nacional alcanzó 31.95 por ciento, en tanto que el estado descendió a 25.9 por ciento. Es decir, la entidad no sólo permanece por debajo de la media nacional, sino que se aleja de ella.
Violencia política y retos pendientes
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, advirtió que el nivel municipal sigue siendo uno de los principales pendientes para la participación política de las mujeres. Aunque se han registrado avances en gubernaturas y congresos, señaló que “todavía no se han incorporado como presidentes municipales tantas mujeres como pensaríamos” pese a la paridad en las candidaturas.
“Sobre todo es donde se están concentrando los casos de violencia política contra ellas en razón de género”.
En ese contexto, Ravel Cuevas señaló que uno de los avances más relevantes ocurrió en 2020, cuando se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género, una figura que reconoce las agresiones, presiones o intentos de impedir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos por el hecho de ser mujeres.
“Porque efectivamente las mujeres en los puestos políticos sí sufren una violencia por el simple hecho de ser mujeres, que se basan en roles sin estereotipos de género y que buscan que no ejerzan plenamente sus derechos políticos electorales”.
No obstante, la consejera advirtió que la aplicación de esta figura también debe distinguir entre la violencia política de género y la crítica legítima al desempeño de quienes ocupan cargos públicos. Señalar errores, actos de corrupción o un mal desempeño no constituye por sí mismo violencia política contra las mujeres.
“Creo que la mayor preocupación para mí es que se tergiverse el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se trivialice y se quiera hacer pensar que porque es una mujer quien está en un cargo público, no se le puede criticar, (…) Vamos, señalar eso no es violencia política contra una mujer en razón de género”.
También expresó preocupación por el riesgo de que el concepto se utilice para limitar la libertad de expresión en el debate público, particularmente cuando se trata de críticas ciudadanas hacia mujeres que ocupan cargos de poder.
“Creo que no debemos permitir que eso ocurra. Para mí eso es una gran preocupación”.
Paridad en el Congreso y presencia en el Poder Judicial
En contraste, el Poder Legislativo local sí presenta una integración formalmente paritaria. La LXIV Legislatura, que inició funciones en septiembre de 2024, está compuesta por 27 diputaciones, de las cuales 14 son ocupadas por mujeres y 13 por hombres. La cifra muestra equilibrio numérico en el Pleno y confirma que las reglas electorales han tenido efectos más visibles en órganos colegiados.
Sin embargo, esa presencia por sí sola no resuelve la pregunta de fondo: si las mujeres están distribuidas también en los espacios de control real de la agenda legislativa o si la paridad se agota en la composición del pleno.
En el Poder Judicial, la elección judicial de 2025 dejó también una presencia femenina relevante en el nivel más alto. La presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado recayó en Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, acompañada por magistradas como Juana María Alfaro Reyna, Sara de la Luz Bernal Ramírez, Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Rocío Hernández Cruz, Silvia Torres Sánchez, Mónica Kemp Zamudio, Lizet Paola Morales Monter y María América Onofre.
En el Tribunal de Disciplina Judicial, la presidencia quedó en manos de Zelandia Bórquez Estrada. En términos de integración, el Judicial aparece como uno de los espacios donde la presencia de mujeres es más visible en los cargos de mayor jerarquía.
Un gabinete con predominio masculino
El panorama cambia de forma notoria al revisar el Poder Ejecutivo estatal. En la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el gabinete legal y ampliado ha registrado una alta rotación de titulares y una composición predominantemente masculina.
De acuerdo con el recuento de cambios registrado en la administración estatal, desde 2021 se han contabilizado 22 cambios en secretarías y 20 cambios en el gabinete ampliado, para un total de 42 relevos.
En conjunto, el listado arroja 54 titulares distintos ocupando cargos durante el sexenio, de los cuales 36 son hombres y 18 mujeres, lo que equivale a una proporción aproximada de 67 por ciento hombres y 33 por ciento mujeres. Es decir, dos de cada tres titulares que han ocupado cargos en el gabinete durante el sexenio han sido hombres.
La disparidad no sólo es numérica. También se refleja en qué dependencias cambian más, quiénes se mantienen y qué áreas siguen controladas mayoritariamente por hombres. Finanzas, Seguridad, Desarrollo Económico, Educación, Desarrollo Agropecuario, Turismo, Ecología, la Comisión Estatal del Agua, Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), Instituto Potosino del Deporte (Inpode), la Feria Nacional Potosina (Fenapo) o Centro Estatal de Cultura y Recreacion Tangamanga (Cecurt), muestran una dinámica de relevos constante, pero dentro de ese movimiento el predominio masculino se mantiene.
Aún cuando hay mujeres al frente de algunas áreas —como Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la Secretaría de las Mujeres o distintos organismos—, el balance general del Ejecutivo revela que la estructura del poder administrativo estatal sigue concentrada sobre todo en hombres.
Ravel Cuevas también advirtió que los avances normativos no son suficientes por sí mismos si partidos y actores políticos buscan formas de esquivar el sentido de la legislación.
“Creo que las autoridades electorales tenemos el reto de cuidar que no se busquen maneras para escaparse de lo que dice la legislación”, señaló, al recordar prácticas de simulación como las llamadas “Juanitas” y “Manuelitas”, utilizadas para aparentar el cumplimiento de cuotas o acciones afirmativas sin garantizar que las mujeres ejercieran realmente el cargo.
En conjunto, la fotografía de San Luis Potosí muestra una paridad fragmentada. Hay avances claros en el Congreso local y una presencia femenina importante en el nuevo diseño del Poder Judicial, pero las alcaldías siguen siendo el eslabón más rezagado y el Ejecutivo estatal conserva una integración mayoritariamente masculina, con alta rotación y concentración del poder administrativo en hombres.
