Adriana Ochoa
San Luis Potosí protagoniza uno de esos episodios barrocos donde la comedia del arte se mezcla peligrosamente con el pragmatismo del poder. Un culebrón en el que el acto final amenaza con prolongar su aparición hasta el proceso electoral para gobernador.
La conducta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona no es nueva, de ánimos pendulares ha sido siempre, pero sí es profundamente reveladora de cómo se concibe el ejercicio del poder cuando no hay oposición local suficiente ni contrapesos. El contrapeso de su gobierno es, ahora lo sabemos, probadamente externo a la entidad.
Con la misma soltura con la que impulsó y logró aprobar la mal llamada “Ley Esposa” (una reforma electoral que, bajo el noble manto de la paridad, blindaba la candidatura de su cónyuge, Ruth González Silva, para la sucesión en 2027), a unos días de aprobada en el congreso local, y criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que la ha vetado, la puso en revisión y dijo que no se aplicará. El argumento para el giro no es legal, ni ético; es puramente político.
La sombra de Gallardo ya se había alargado de forma sospechosa en el proceso senatorial de su alianza con Morena, donde su esposa arrasó, con la segunda fórmula verde, pero lo candidata “amiga” que se supone entraría como primera minoría, la morenista. Rita Ozalia Rodríguez, no alcanzó el lugar. Morenistas con mando central levantaron la ceja y se instaló sin réplica la percepción de una derrota sobre diseño para la candidata aliada.
El veto ha sido un movimiento oscilatorio al otro extremo. La reacción del gobernador potosino fue inmediata y, a su manera, brillante. Vetó una ley que él había empujado, que su partido había aprobado y que él mismo había celebrado como un hito feminista. De la “Ley Esposa”, la postura gallardista de la noche a la mañana se inscribió a una “alternancia libre”. Punto.
El veto, un derecho constitucional del gobernador, se convirtió en una herramienta de repliegue táctico. Hasta destapó a su secretario general de Gobierno y al dirigente formal de su partido en el estado como potenciales candidatos del PVEM a contender por la gubernatura.
Aquí es donde el péndulo se detiene, en un punto que merece un análisis detallado. El veto nunca se procesó conforme a la Constitución del Estado. La carta magna local es explícita en su artículo 68: “Todo proyecto de ley devuelto por el Gobernador […] necesita para su aprobación del voto de cuando menos las dos terceras partes del número de Diputados presentes”.
El artículo 69 añade que la derogación y abrogación de leyes siguen los mismos requisitos. Y el 70 que deben publicarse en el Periódico Oficial. Nada de esto ocurrió. El veto fue un acto teatral, un “veto au chocolat” lanzado para salvar una situación política crítica, un expediente que fue arrojado a un cajón sin que el Congreso, subordinado o complaciente, se atreviera a cumplir con su deber constitucional de tramitarlo.
Ese acto de performance política que obedecía a un momento de tensión a nivel central con la dirigencia nacional aliada del PVEM., es el que hoy le permite al gobernador Gallardo retomar su discurso de vuelta al “momento de las mujeres” potosinas para la gubernatura, es decir, el momento de su esposa.
El contexto ha cambiado. La relación de la presidenta con el Partido Verde ha tomado distancia, un diferendo que se hizo evidente en la votación de la reforma electoral federal. Esa reforma, que requería 334 votos (las dos terceras partes) para cambiar la Constitución, solo obtuvo 259. La oposición (PAN, PRI, MC) y aliados clave del oficialismo (PT y PVEM) votaron en contra. La razón fue, de nuevo, pragmática y monetaria: cada quien defendió su dinero y posiciones, oponiéndose a un recorte del 25% al financiamiento de los partidos, la reducción de plurinominales y los gastos excesivos. “Algunos no quieren reducir privilegios”, acusó Sheinbaum.
Sin embargo, el péndulo gallardista comenzó su oscilación en sentido contrario. El factor Sheinbaum. La presidenta electa, en un gesto de defensa de la higiene democrática, rechazó públicamente el proyecto. “No queremos familiares directos en el poder”, sentenció, marcando una línea roja. La advertencia fue clara: el proyecto dinástico de Gallardo es inaceptable para el centro del poder político de la Cuarta Transformación.
Gallardo se siente de nuevo con las manos libres y vuelve a la actitud retadora. El péndulo oscila una vez más hacia la propuesta familiar. Ahora nos dice que prohibir a las esposas de los políticos participar en elecciones es “violencia contra las mujeres”. Se intenta, con un desparpajo que asombra, “redefinir” el nepotismo electoral, convirtiéndolo en una especie de derecho a la sucesión. Incluso alega que el nepotismo “se desvirtuó”, como si el nepotismo pudiera tener alguna virtud inicial que ha sido pervertida. Trágicomedia barroca y surrealista en mix, si las hay.
El gobernador Gallardo niega que impulsar a su esposa sea nepotismo. Para él, es simplemente el ejercicio de sus derechos políticos. Pero el nepotismo no es una cuestión de interpretaciones semánticas, es una cuestión de fondo: es el uso del poder público para favorecer a familiares. Y el proyecto de Gallardo, desde la “Ley Gobernadora” hasta el “veto au chocolat” y ahora su redefinición, es un caso de manual.
De toda esta prolongada opereta, queda al aire que en San Luis Potosí las leyes y las instituciones son secundarias frente a los proyectos personales de poder. El péndulo de Gallardo no oscila entre principios, sino entre cálculos de ambición. Hoy se abraza la paridad para blindar una candidatura familiar, mañana se la rechaza para salvar una alianza, y al día siguiente se la invoca de nuevo como defensa contra una supuesta violencia de género.
En el camino, la Constitución es sólo un texto opcional.
ROLLOS SUELTOS
LÓGICA. La definición en Morena para presidir la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado tiene un principio muy lógico y hasta apegado a las narrativas morenistas: el diputado con más votos obtenidos para el partido en la elección. Y ese no fue otro que Roberto García Castillo, del distrito 12, con cabecera en Cárdenas: 27 mil 882 contabilizados solo por Morena.
LA ÚNICA. De los diputados locales de mayoría morenista, solo Nancy Jeanine García, del distrito 13 con sede en Tamuín, obtuvo más votos con la marca Morena que el aporte en alianza del PVEM (19 mil 899) para su candidatura, pero aun así no superó en número al jefe de bancada, García Castillo: 25 mil 881. Muy atrás, por debajo de los 20 mil sufragios con la pura marca Morena, Cuauhtli Badillo, del distrito 7°. De esos votos obtenidos en campaña por los diputados de mayoría se consiguieron las plurinominales asignadas por el partido a los que no tuvieron que ir a pedir el voto. Básico y sencillo, ese fue el criterio.
LLAMADA DE ATENCIÓN. Sí, de ese análisis somero de la procedencia de los votos, mayoritariamente verdes, los morenistas tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo si van separados en el 2027.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
