María Ruiz
La salud mental en el sistema penitenciario de San Luis Potosí no es un tema menor, sino una estadística de abandono que recae, principalmente, en la población femenina, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), de las 312 personas privadas de la libertad diagnosticadas con algún trastorno mental, 176 son mujeres.
A través de la solicitud de información con número de folio 242840526000016, la SSPC dio conocer que de las 312 personas diagnosticadas, la población femenina es la más afectada al representar el 56.41 por ciento de los casos totales frente al 43.59 por ciento que corresponde a los hombres.
Esta disparidad de género se agudiza en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde habitan 162 de las 176 mujeres enfermas registradas en todo el estado, lo que significa que el 92 por ciento de las reclusas con padecimientos mentales se encuentran concentradas en un solo recinto.
El diagnóstico más recurrente en las prisiones potosinas, presente en casi la totalidad de los centros reportados, es la esquizofrenia en sus diversas variantes y los cuadros depresivos.
En el penal de la capital, que concentra el 77.56 por ciento de la carga estatal de salud mental, los padecimientos dominantes incluyen déficit mental, psicosis y trastornos derivados del abuso de sustancias.
Por el contrario, los diagnósticos con menor frecuencia o de aparición aislada son las lesiones cerebrales y el trastorno orgánico de la personalidad, detectados específicamente en las zonas de Rioverde y Ciudad Valles.
En el caso particular de las mujeres, que son el sector más vulnerable, los padecimientos que más las aquejan son la esquizofrenia y el trastorno mental por depresión, seguidos de cerca por el aislamiento y los brotes psicóticos en remisión, como se observa en los registros de Tamazunchale y Tancanhuitz.
La capacidad de atención médica frente a esta demanda revela una saturación silenciosa. En total, el estado cuenta con apenas 16 médicos para atender a las 312 personas diagnosticadas, lo que arroja un promedio general de 19.5 pacientes por cada profesional de la salud.
Sin embargo, la distribución de este personal es profundamente desigual, pues en la capital cada médico debe dar seguimiento a un promedio de 24.2 pacientes.
La situación se torna crítica en centros como Tamazunchale, donde un solo médico es responsable de la totalidad de las 12 mujeres diagnosticadas, lo que equivale a una carga del 100 por ciento de la atención sobre una sola persona para padecimientos que requieren vigilancia constante.
En contraste, el centro de Tancanhuitz presenta la estadística más holgada, con un médico asignado para únicamente dos internas registradas.
A esta estructura médica se suma el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales, cuya presencia también fluctúa según la región. Mientras en la capital se dispone de cuatro psicólogos para 242 pacientes, una proporción de 60 pacientes por especialista, en Ciudad Valles la relación es de siete pacientes por psicólogo.
Los tratamientos proporcionados dependen en gran medida de fármacos de alta especialidad como risperidona, sertralina, olanzapina y haldol, los cuales son administrados bajo protocolos de vigilancia para evitar crisis o riesgos suicidas.
A pesar de contar con programas de telemedicina y convenios con el Hospital Everardo Neumann, la estadística oficial deja claro que la salud mental tras las rejas es una batalla que se libra con recursos limitados y un rostro mayoritariamente femenino.
