Marcela Del Muro
Más de 50 familias de personas desaparecidas del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se reunieron la mañana del 17 marzo con la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares; la vicefiscal Jurídica, Xitlálic Sánchez Servín; el fiscal especializado en Derechos Humanos, Doroteo Paredes Granado; y los subsecretarios de Gobierno y de Derechos Humanos, Miguel Ángel García Amaro y Miguel Ángel Méndez Montes, con quienes llegaron a cuatro acuerdos.
La reunión comenzó pasadas las nueve de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Acudieron familias de las cuatro regiones del estado: Matehuala, Moctezuma, Venado y Charcas, en el Altiplano; Cerritos, Rayón y Rioverde, en la zona Media; así como Ciudad Valles y Tamuín, en la Huasteca.
Algunas de las familias tuvieron que faltar al trabajo, reorganizaron sus responsabilidades familiares y viajaron de madrugada para poder dialogar con las autoridades y avanzar en acuerdos que permitan fortalecer la búsqueda de sus hijas, hijos, hermanos, hermanas y esposos, así como el acceso a la verdad y la justicia.
Actualmente, la FGE se encuentra en un momento crucial: está iniciando la transición de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas у Desaparición Cometida por Particulares. Este proceso, según explicó Sánchez Servín, tomará entre ocho y nueve meses.
Sin embargo, para las familias, que han exigido la creación de esta Fiscalía Especializada desde 2018, es importante que este proceso se realice de manera efectiva y transparente. También demandan que la Unidad siga operando y se fortalezcan sus capacidades de búsqueda y acceso a la justicia durante el tiempo que le resta de funcionamiento.
Estas capacidades, señalan, se han visto afectadas desde la destitución de la anterior titular, Luz María Montes Mariano, a principios de febrero. En su lugar fue designado Gerardo Enrique Aguilar Ojeda, un abogado señalado por revictimizar a las familias, generar divisiones internas y no contar con la acreditación requerida para el cargo.
Al arranque de la reunión, Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, señaló cuatro puntos a tratar para mejorar el funcionamiento de la Unidad. La primera es la reasignación de Aguilar Ojeda a un área distinta a la búsqueda de personas. Como segundo punto, se solicita el informe general de todos los trabajos de la Unidad realizados del 2021 al 2025. Como tercer punto, se solicita la creación de la agenda de procesamiento de lugares positivos de acuerdo a las tarjetas informativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). Finalmente, plantearon la realización de reuniones semestrales públicas para informar avances generales, así como mesas de trabajo mensuales con integrantes del colectivo.
“Esta es una lucha sensible y legítima. Aquí nadie está pidiendo un beneficio particular, es un beneficio en conjunto para todas las familias e, incluso, para el propio Estado”, explicó Lupita Mendiola Acosta, fundadora e integrante de Voz y Dignidad por los Nuestros.
La reasignación del titular a un área distinta a la búsqueda de personas
El primer punto abordado en la reunión, y el que más tiempo tomó para alcanzar un acuerdo, fue la reasignación de Gerardo Aguilar Ojeda a un área distinta a la de búsqueda de personas.
“Ya lo conocemos. Tenemos nueve años trabajando con el licenciado y no es opción dejarlo, por su falta de empatía y la revictimización con la que trata a las familias. No podemos trabajar con esa persona. Es por eso la gran inconformidad que sentimos (…) No le gusta este tema, no tienen en absoluto ganas de estar haciendo este trabajo”, explicó Edith Pérez.
En un primer momento, las autoridades argumentaron que removerlo de la titularidad podría complicar la transición hacia la Fiscalía Especializada. “Lo que les planteamos es mantener a Gerardo para mantener el trámite administrativo de transición de la Unidad a la creación y puesta en marcha de la Fiscalía Especializada”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Angel Méndez Montes.
La propuesta generó una respuesta inmediata de las familias. Señalaron que Aguilar Ojeda ha ocupado áreas donde se evitaba el trato directo con las familias, debido a su comportamiento, que se describe como irascible, irresponsable, omiso y revictimizante, y que, además, ha obstaculizado procesos e impedido el derecho a la verdad de algunas de las familias.
Las familias del caso Pirasol –la desaparición de 29 hombres originarios de San Luis Potosí y Querétaro, ocurrida en marzo de 2010 cuando viajaban rumbo a la frontera– relataron un incidente durante una revisión del expediente.
“Él quería hacer una declinación del expediente porque ya está concluido, pero no es así. Edith, que nos acompañó en esa ocasión, le decía que no, que todavía no estaba completo. Y él la ignoró y se dirigió sólo a mí. Creo que es una actitud bastante arrogante porque como personas merecemos respeto. Justo nos acompañó porque es nuestra representante y porque a nosotros, a lo mejor, nos pueden hacer tontas, pero a ella no”, explica Rosa Laura Martínez, esposa de Fidel Barragán, originario de Ciudad Valles.
Edith Pérez también recordó que la única ocasión en que Aguilar Ojeda estuvo a cargo de una búsqueda fue en 2019, durante las labores en el gran campo de exterminio localizado en la comunidad de Matanzas, en Moctezuma, donde se limitó la participación de las familias, pese a su derecho a observar y participar activamente en las diligencias.
Las familias recordaron que, tras la toma de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos –protesta realizada ante la destitución de la ex titular Luz María Montes–, uno de los acuerdos alcanzados con las autoridades fue precisamente la reasignación de Aguilar Ojeda.
La tensión en la reunión era evidente. Las autoridades insistieron en posponer la decisión y discutirla en otro encuentro, pero las familias no cedieron. Para ellas, la llegada del abogado no solo fracturó internamente la Unidad, sino que agravó el colapso que sufre la institución en un contexto de sobrecarga de trabajo y escasez presupuestal. “Es una burla para nosotras. Vean las necesidades y lo que está fallando, es algo tan sensible”, señaló Edith Pérez.
Finalmente, la vicefiscal jurídica, Xitlálic Sánchez Servín, confirmó la reasignación. “Gerardo se va a cambiar. No se va a tomar una decisión en este momento de quién va a ocupar el lugar de la Unidad (…). En el trámite administrativo se va a quedar al frente el licenciado Doroteo (el fiscal especializado en Derechos Humanos)”. También se comprometió a designar a una persona sustituta, aunque sin asumir el nombramiento formalmente, este lunes 23 de marzo.
El informe de los trabajos realizados del 2021 al 2025 y la agenda de procesamiento de fosas y sitios de exterminio
El deterioro de la Unidad Especializada ha sido evidente para el colectivo desde el inicio de la actual administración, a finales de 2021, un periodo que ha coincidido con el aumento de casos de desaparición que han devastado a cientos –quizá miles, si se considera la cifra negra– de familias de prácticamente todo el estado.
En los últimos años, el personal de la Unidad se ha reducido. Las familias denunciaron la falta de agentes del Ministerio Público (MP) y de Policías de Investigación (PDI), y cuestionaron directamente cuántos elementos están dedicados a la búsqueda de personas. Paredes Granado informó que actualmente hay cinco MP’s, tres en la capital y dos en el interior del estado; y siete PDI, cinco en la capital y dos en Ciudad Valles.
“Antes sí teníamos un buen rubro de personal. Llevamos cuatro años en ruinas y se los estamos comprobando con esta información. De 30 (funcionarios públicos) que teníamos, ahora solo quedan ellos y las tres peritos. Han ido desmantelando la Unidad, pero estamos a tiempo de volver a levantarla”, señaló Edith Pérez.
La falta de personal ha obstaculizado las labores de búsqueda, investigación y litigio. En la actualidad existen más de 40 puntos positivos sin procesar; es decir, sitios en los que ya se ha confirmado la presencia de restos óseos de personas desaparecidas, pero que no han sido intervenidos por las autoridades para poder recuperar los restos de esos lugares de dolor y muerte.
“La mayoría, si no es que todas, les entregamos nombres, direcciones, teléfonos, fotos, evidencias; pero pasan tres, cuatro, cinco, seis años con las pruebas en la mano y las personas culpables siguen libres. Siguen matando, siguen secuestrando, siguen despedazando, siguen quemando, siguen deshaciendo. Y nosotras aquí estamos, aunque muchas sabemos que jamás los vamos a encontrar, pero aquí estamos, arriesgándonos, preguntándoles a los delincuentes para poder obtener pruebas. Mi coraje e indignación es que nos pidan a nosotras resolverles el caso, pero solo trabajan cuando se le dé su bendita gana”, reclama Laura Elena Hernández, mamá de Jhonn Ricardo Esquivel, desaparecido en Charcas en agosto de 2020.
Por su parte, la vicefiscal Sánchez Servín solicitó al fiscal especializado convocar a una reunión con el personal de la Unidad para reforzar su responsabilidad institucional y la necesidad de empatía hacia las familias. “Si bien ustedes están colaborando de una manera activa, la responsabilidad es del personal de Fiscalía. Las aportaciones que ustedes hacen ayuda muchísimo a las líneas de investigación que ustedes mismas proporcionan, pero siempre que no les represente un riesgo”, señaló.
Como parte de los acuerdos, las autoridades se comprometieron a entregar, la semana del 13 de abril, un informe general sobre los trabajos realizados por la Unidad entre 2021 y 2025. Asimismo, acordaron construir, junto con las familias, una agenda de procesamiento de los sitios positivos identificados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). El 20 de marzo, en una reunión con el colectivo en la Fiscalía Especializada, se trabajó en la conformación de la agenda de búsquedas en las cuatro zonas del estado para los próximos meses del año.
Reuniones semestrales públicas y mesas de trabajo mensuales
“Hay un sinnúmero de expedientes olvidados, porque nada más trabajan los expedientes de las que estamos aquí, porque estamos y estamos presionando. Pero, no nada más somos las que estamos aquí, sino son todos los desaparecidos del estado”, señaló Edith Pérez.
A pesar de la insistencia de las familias del colectivo, muchas siguen sin recibir información sobre las investigaciones o llevan meses solicitando revisiones de sus expedientes sin respuesta.
Maria Elena de la Cruz tomó la palabra para denunciar la falta de avance en su caso. Su esposo, elemento de la Fuerza Civil de Nuevo León, fue desaparecido el 14 de febrero de 2023 en el municipio de Venado. “Ahora mi carpeta está en Matehuala. Pero, me la trajeron para acá (a la capital) y, de aquí, me la regresaron a Venado. En Venado me la hicieron perdediza un tiempo y, al poco tiempo, la mandaron a Matehuala”.
Por su parte, Marco González explicó que el proceso penal por la desaparición de su hermana Lupita y su sobrino Álan Tadeo concluyó en 2020 con una sentencia de 76 años de prisión contra Alfonso Morales Pérez, perito de la Fiscalía y papá del pequeño de 8 meses. Edith Pérez, quien acompañó el proceso, recordó que se trató de un caso muy complicado debido a la protección que recibió el responsable, pero gracias a la constancia de la familia y al trabajo de la Unidad –entonces encabezada por Luz María Montes Mariano– se logró una sentencia ejemplar. “Desafortunadamente no los hemos encontrado y me gustaría hablar con ustedes en persona para reactivar las diligencias que quedaron pendientes”, comenta Marco.
Como parte de los acuerdos, las autoridades establecieron que, a partir de abril, se realizarán mesas de trabajo mensuales en las distintas regiones del estado. Además, se organizarán reuniones públicas semestrales; la próxima se llevará a cabo en julio, en el municipio de Rioverde. Estos espacios buscan que las familias puedan presentar denuncias, dar seguimiento a sus casos y mantener un diálogo directo con las autoridades.
Lupita Mendiola finalizó la reunión agradeciendo a las autoridades por la escucha, la apertura al diálogo y la atención para concretar los cuatro acuerdos, que quedaron asentados en un acta que fue firmada por las autoridades y las familias asistentes.
