Estela Ambriz Delgado
Luego de casi tres años de haber obtenido cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales promovidos en defensa del río Calabacillas, por orden judicial autoridades y personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Comisión Estatal del Agua (CEA), y representantes del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, realizaron un recorrido por su cauce, para constatar sus afectaciones.
Derivado de diversas mesas de trabajo que la comunidad ha sostenido con esas dependencias del gobierno estatal y autoridades municipales, en cumplimiento de la orden judicial, el pasado lunes 23 de marzo se llevó a cabo un recorrido por diversos puntos en donde la comunidad de San Marcos Carmona ha observado descargas de aguas residuales al cauce del río, así como otros en donde se advierten riesgos a futuro.
Estuvieron presentes la titular de Segam, Sonia Mendoza Díaz; el director de Normatividad, Mariano Mejía, y personal de apoyo; por parte de la CEA, Carlos Francisco Lara Arrieta y Gerardo Salas Rodríguez; así como de la Dirección Municipal de Ecología, el presidente de la Comisión de Drenaje de San Marcos, Miguel Hernández, junto a un grupo de comuneros, e integrantes de la Clínica de Litigio en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El catedrático Guillermo Luévano Bustamante manifestó a las y los funcionarios que la inspección tenía como objetivo ver la afectación a la integridad del río, tanto al cauce como a la cuenca, pues han notado que se incide en ambos. Sin embargo, en su mayoría no se podría ver propiamente la descarga, porque justo cuando se avisa de la acción los fraccionadores tapan los puntos de descarga.
Algunos de los asistentes informaron a la secretaria que para la construcción de los fraccionamientos de Promotora y Proyectos Proaljo, y otras, fueron despojados de sus tierras comunales a través de contratos de compraventa ilegales, lo que se encuentra en litigio desde hace 10 años, para lo que los inmobiliarios se han valido de notarías públicas, así como del respaldo del Ayuntamiento de Mexquitic.

“De hecho Mexquitic es empleado de los de los grandes empresarios. Porque ellos ponen a gente en Mexquitic para liberar permiso y liberar este todo tipo de concesiones, de construcción y todo eso”.
Mendoza Díaz les indicó que es un tema de legalidad que no les competía, y pidió acotarse al asunto de las descargas y se observaría hacia dónde van; sin embargo, es responsabilidad del municipio vigilar que estas se lleven a cabo de manera adecuada con los servicios básicos que se requiere como drenaje.
El director de Normatividad precisó que se han detectado diversas descargas en parte del afluente, de lo cual se ha integrado el expediente, aunque los integrantes de la comunidad señalaron que existen algunos puntos que, si bien aún no están habilitados como descargas, en el futuro podrían convertirse en una.
En ese momento se acercó un vecino de los fraccionamientos, para expresarle a las autoridades su inconformidad debido a la falta de acciones por parte del Ayuntamiento en al menos siete años que lleva viviendo en el sitio.
“El municipio ¿qué está haciendo para regular todo esto? Nada, el presidente municipal no sirve para nada (…) el antiguo presidente municipal se llevó solo en el primer año 70 millones de pesos; el secretario era el que ahorita es el actual presidente municipal y ustedes votaron por él (…) van a seguir dando permisos de construcción. ¿Por qué? Porque les van a seguir dando dinero (…), lo que ustedes deben hacer es ya no permitir que sigan porque aquí son otros tres, cuatro fraccionamientos”.

Ante los señalamientos, la representante del área de Ecología del Ayuntamiento, quien se negó a dar su nombre, aseguró que el municipio ha detenido todo tipo de licencias de construcción en esta zona, en tanto no se cumpla con los requerido sobre la instalación de drenaje.
Además, afirmó que hay una propuesta de construir una planta tratadora que, a su parecer, le parecía una buena opción.
El vecino respondió que esa propuesta de planta tratadora tiene más de tres años y no se ha realizado, además de que el supuesto cárcamo que se empezó a construir no sirvió para nada y tuvo que ser cancelado.
“Las personas de los fraccionadores nada más ven chalequitos verdes y se esconden como ratas. Ven a la comunidad y se esconden como ratas, siempre lo han hecho así.
Ahorita si quieren pasamos al cárcamo y ese cárcamo ecología no sirvió para nada, lo debieron haber cancelado. Vino municipio, ahorita tienen unos sellos y siguen entrando como si nada, se pasan sus sellos por el arco del triunfo (…) no sirven para nada. Al día de hoy llevamos siete años batallando con eso y los fraccionadores siguen haciendo exactamente lo mismo”.
Ante la situación, Mendoza Díaz reclamó al Ayuntamiento que no se apoye para resolver la problemática, lo que la representante justificó argumentando que en pasadas administraciones se les otorgaron los permisos, mientras que en la actual no se tiene ningún permiso para construcción en esa zona. Sin embargo, los afectados la contradijeron y afirmaron que si les han dado permisos.

La secretaria reiteró que es necesario parar las obras en tanto no se resuelva el tema legal.
“Es que deben de parar las obras, porque mira, aquí se les tiene que garantizar agua, drenajes. O sea, ¿de dónde va a salir si no? Y el municipio es el responsable”.
Uno de los comuneros tomó la palabra para indicar que hay varias medidas por parte de los tribunales agrario y civil, en las que se resolvió cancela cualquier construcción en el territorio, y poese a ellos el municipio es omiso, pues los dejan continusr con los trabajos.
“Yo creo que aquí la respuesta es de que se están mostrando incompetentes, pero es que sí deben de hacer algo; mire todos los problemas que nos están acarreando”.
Por su parte, la funcionaria de Ecología Municipal justificó nuevamente la situación con que hubo permisos que salieron de dependencias como la CEA, cuando no era su jurisdicción, pues otorgó el permiso para la construcción de un puente vehicular sobre el cauce del río.

El funcionario de la CEA confirmó que ellos dieron el permiso, y que durante la construcción se cumplieron las condiciones generales que les habían dado, por lo que “ahí ya no hubo ningún problema”, y en adelante no han dado ninguno otro.
Una joven comunera precisó que para ese puente el permiso se dio ya después de que empezaron a construirlo, porque a inicios de enero de 2022 un grupo numeroso de “pseudo policías” desalojaron a la gente que se encontraba resguardando el río, afirmando que ya tenían permiso, pero sin exhibirlo.
“Incluso su lona del CEA con el supuesto permiso lo mostraron o lo pusieron cuando el puente ya estaba este totalmente construido”.
Aunque era evidente que los habitantes de la comunidad deseaban expresar las múltiples irregularidades que se han suscitado, debido a que era la primera vez que la titular de Segam se presentaba y esto congregó a otros funcionarios, ella insistió en que se constriñeran al tema que se iba a atender de las descargas, y los invitó a acercarse a las oficinas de CEA para el asunto.
Las afectaciones al río
Luévano Bustamante hizo mención de la importancia de observar diversos puntos de manera preventiva, pues aunque no hay descarga activa existe el riesgo y la presunción. Esto en atención al principio precautorio en el tema ambiental, pues si se observa que hay una eventualidad de riesgo también debe consignarse en el acta.

Además advirtió que hay un riesgo evidente, pues siempre que se anticipa de este tipo de inspecciones, los constructores tapan las descargas.
Afirmó que aunque se visiten los sitios, probablemente no se encontraría algo evidente, pues se preveía que de los asistentes a las mesas de trabajo en la que se acordó esta visita alguien les hubiera advertido.
“Ya nos ha pasado que vienen las autoridades y cuando se les notifica, inclusive tal vez del mismo Ayuntamiento, no quiero señalarlo, pero es lo que hemos visto que del Ayuntamiento les avisan y ya cuando vienen, ya mágicamente están tapados todos y ahora que cuando vino el juez también, pues afortunadamente se dio cuenta de que sí descargan el agua directamente hacia el río, pero cuando vienen las autoridades como el CEA y Ecología, no encuentran nada”, confirmó una comunera.
Asimismo, se dijo que en la mesa de trabajo se hizo la petición para que las autoridades correspondientes sancionen el daño a la naturaleza, pues hubo cambio de uso de suelo.
En este sentido, dijo que cuando ponen denuncias por parte de las empresas fraccionadoras a la comunidad acude la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y se ha llegado hasta a imponer multas y sanciones, mientras que cuando los habitantes de San Marcos interponen las suyas no prosperan. En atención a ello, Mendoza Díaz pidió que se le proporcionara copia de sus denuncias para dar seguimiento.

Mariano Mejía consideró que es un tema complicado en el que han avanzado siguiendo las instrucciones del juzgado, y que es importante que se advierta de los riesgos, porque si bien es cierto que no hay algún el escurrimiento todavía, en los hechos está la obra y los canales, lo que fue levantado en el acta. Además de que el presidente del Comité de Drenaje ya le habría hecho de su conocimiento el tema de algunas descargas y el parte del cárcamo junto a los fraccionamientos de la parte baja.
No obstante, algunos habitantes insistieron en confrontar a la representante del Ayuntamiento, a fin de que dijera en cuanto tiempo se cancelarían las obras, y preguntaron también cuándo es que habría una respuesta de la Segam, pues se sigue trabajando en las obras.
Inclusive en el momento de la visita se pudo observar maquinaria trabajando detrás de una barda.
“No es pelota, usted ubíquese primero (…) lo que le corresponde a cada quien, si usted le consta que es responsabilidad de nosotros, clausuramos, no nos corresponde ¡entienda! No puedo yo venir al municipio a clausurar cosas que son sus facultades, la ley es la ley (…) hay cosas que le toca hacer al municipio, el municipio tendría que estar clausurando esto, ¿sí? A nosotros no nos corresponde, nosotros no damos el cambio de uso de suelo, ni las licencias de funcionamiento, todo eso le corresponde al municipio. Nosotros no damos permisos (…) no ese trata de disparar a la redonda sin conocimiento también, ¡eh!, cada quien lo que le corresponda”, expresó Mendoza.
De igual forma, señaló que el área de Ecología del Ayuntamiento tendría que estar clausurando de inmediato y no permitir que lo sigan haciendo. La funcionaria municipal aseguró que se pondría en contacto con el área de Desarrollo Urbano, que es la encargada del cambio de uso de suelo y las licencias de construcción.

Guillermo Luévano volvió al tema de las descargas, pues el objetivo del recorrido era en cumplimiento de la suspensión. Si bien las facultades principales son del Ayuntamiento, está señalado que la Segam también tiene facultades conforme a la Ley Ambiental de puede implementar medidas correctivas y multas si se identifican descargas de agua, no sólo mediante el Ayuntamiento.
Por el momento, se han identificado algunas de estas medidas que tienen que ver con procedimientos correctivos y sanciones en el trabajo de las suspensiones, que ven que sí se han identificado además de las descargas propiamente, afectaciones de otro tipo.
Además refirió nuevamente que la suspensión no sólo se refiere al cauce, sino incluso a la cuenca, lo que todavía ampliaría la zona de inspección, aunque por ahora se concentrarían al objetivo de la inspección.
Reiteró que la Segam, en el contexto de la demanda de amparo y tras la inspección, podría emprender algunas medidas correctivas, disciplinarias o sancionatorias, así como comenzar procedimientos con lo que identificó paralelamente a lo que se tramita en el amparo. Esto fue igualmente confirmado por la secretaria del medio ambiente.
En ese momento se unió a la comitiva el secretario general del Ayuntamiento, Juan Flores, quien afirmó que siguen las instrucciones del juzgado y conforme a las instituciones. Sin embargo, fue cuestionado sobre la tolerancia de trabajos de construcción sin permiso, por lo que se le exigió clausurarlos de inmediato.

Mendoza Díaz señaló a la CEA que tienen que delimitar los cauces de los ríos y los cuerpos de agua coordinados con el ayuntamiento; estos se justificaron con el hecho de que están a la espera del peritaje que se ofreció en el en el amparo, para a partir de ahí definir cuestiones de competencia y atribuciones. Se espera contar con el mismo en breve.
En el recorrido, posteriormente, se observó y tomó nota de dos tubos de descarga en el cauce en dos lugares distintos separados sólo por unos metros. Sin embargo, en otro sitio en donde se indicó a la Segam que había un tubo de descarga que se encontraba tapado con escombro.
La titular dijo no tener a la vista ningún tubo, aunque si hizo la observación de que no tendía porqué haber escombro tirado.
”Ahí sí nosotros sí hay que entrarle. O sea, el manejo de residuos ¿en dónde los tiene? Sus destinos finales de las constructoras ¿en dónde están?, ¿quién está tirando esto?”.
Aunque aseguró que no se debe de tirar ningún tipo de desecho a los ríos, una de las comuneras reiteró que el río ya ha sido rellenado con material.
Además, frente a la acumulación de escombros indicada, se observaba que se extrajo material de los cerros, por lo que se cuestionó si la construcción que se encontraba aledaña tendría permisos. Mendoza Díaz precisó que para hacer eso se requiere una solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que cuestionó a los funcionarios del Ayuntamiento.

En respuesta, el secretario general dijo que eso es relativamente nuevo y no estaba, pero que con esta inspección se tomarían determinaciones y aplicarían multas.
En otra parte del recorrido se encontraron algunas áreas con acumulaciones de agua que los comuneros aseguraron no se presentaban anteriormente. Personal de la Segam junto con un poblador se adentraron más en el terreno hacia la línea de la barda de las casas, donde encontraron que hay escurrimientos de agua.
Aunque no tenía un mal olor, los comuneros consideran que sí está contaminada debido a la presencia de moscas, pues su apariencia se debe a que pasa por un proceso de filtración con la tierra y plantas.
Mariano Mejía indicó que para tomar muestras del agua se necesita hacer un levantamiento formal; uuna vez concluido el recorrido de inspección, todo lo encontrado se plasmaría en un informe que será presentado, y a raíz de ello se toman determinaciones colegiadas, dada la intervención de diversas dependencias.
Finalmente, se contabilizaron siete descargas de aguas residuales, algunas de manera preventiva y una que sí se encontró en activo con encharcamiento.
Al pasar a la parte del cárcamo en construcción aledaño a otros fraccionamientos, poco antes de concluir el recorrido, un vecino se acercó para expresar que los constructores les dijeron que sería una planta de tratamiento, lo que era falso pues el agua se vertía al río sin pasar por ningún proceso previo, contaminando directamente el cauce.
El ciudadano dio mayores detalles y dialogó con el director de Normatividad de la Segam, con quien intercambió su número telefónico para hacerle llegar diversos videos como prueba de la contaminación.





