Desiree Madrid
El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, afirmó que el Gobierno del Estado aún no puede asumir la operación del acueducto de El Realito, debido a que la concesión vigente mantiene condiciones legales que impiden una intervención inmediata.
Sus declaraciones se dan en medio del planteamiento hecho desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre la posibilidad de retirar la concesión este mismo año y que sea Gobierno del Estado quien asuma la responsabilidad.
Cuestionado sobre si existe ya un avance concreto para que el Estado tome control del sistema, Martínez Sánchez indicó que no hay definiciones en ese sentido.
“Todavía no, porque realmente todavía está vigente el contrato actual, hasta que no se pueda haber una resolución como tal es hasta que se tendrían los resultados”, sostuvo, además de recordar que cualquier cambio depende de procesos legales aún en curso.
El funcionario estatal explicó que, a nivel local, la CEA no ha abordado formalmente el tema en términos jurídicos con la delegación de Conagua, y que las discusiones más avanzadas se han dado en el ámbito federal.
“La realidad es que no hemos abordado el tema legalmente… al parecer es Conagua a nivel México”, indicó, dejando entrever que las decisiones clave no pasan directamente por la instancia estatal.
En ese sentido, reconoció que desde hace tiempo existen intentos por rescindir el contrato de concesión, aunque sin resultados definitivos.
“No es la primera vez, ya se han abordado varios temas para poder rescindir el contrato”, dijo, al referirse a los antecedentes de un acuerdo que calificó como desventajoso para el estado.
“Es mucho dinero lamentablemente, por eso seguimos insistiendo que es una maldita herencia y es un contrato muy leonino”, añadió.
Martínez Sánchez evitó detallar los mecanismos legales que se exploran para modificar o cancelar la concesión bajo el argumento de que hacerlos públicos podría entorpecer los procesos.
“Hay un par de mecanismos y acciones que se están llevando a cabo, pero para no entorpecer de manera legal esta situación, esto es algo que no nos gustaría comentar”, explicó, al advertir que la contraparte podría utilizar la información mediática en su defensa.
Pese a la reserva, aseguró que el objetivo central de las acciones emprendidas es reducir el costo del servicio para la población. “El objetivo principal es que se beneficie la ciudadanía a un costo más bajo”, señaló, insistiendo en que la CEA mantiene presión para encontrar una salida que favorezca a los usuarios.
Sin embargo, también reconoció que el margen de maniobra es limitado debido a la duración de la concesión.
“Esta concesión… todavía le restan más de 10 años”, apuntó, lo que complica cualquier intento de modificación inmediata. Bajo esas condiciones, advirtió que mientras no se logre un mecanismo legal viable, el esquema actual continuará operando.
