Por Victoriano Martínez
La desgracia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ha sido, desde que nació como órgano garante en julio de 2004, que la han integrado personajes con muy poca convicción por la transparencia y más interesados en vivir del erario, salvo poquísimas excepciones.
Su primer presidente, Rodolfo Aguilar Gallegos, duró en el cargo poco más de cinco meses que le sirvieron para operar desde ahí lo que él mismo llamó “proyectito”, que consistió en negociaciones con el PAN y el PRI y sus diputados para convertirse en presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que se tradujeron en una actitud servil que abrió paso a la degradación de ese organismo.
Como si fuera maldición, aquel mal comienzo marcó la llegada de personajes tan poco convencidos del derecho de acceso a la información que, con cada renovación de sus integrantes, proyectar la apariencia de transparencia de manera paulatina convirtió a la CEGAIP en un organismo encubridor de la opacidad.
Una actitud que le resultó muy útil al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en tanto que ha resultado ser el más opaco de los últimos 20 años. Lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la CEGAIP se volvió un obstáculo para quienes intentan ejercerlo que prácticamente para la inmensa mayoría de la población es un ente inexistente.
Hoy que su proceso de extinción está en curso, el colmo de la simulación es que su presidente, José Gerardo Navarro Alviso, pretenda erigirse como promotor de endurecer las sanciones para que “sean más fuertes para obligar a los sujetos obligados en el cumplimiento de estas obligaciones”.
Un desplante que raya en el cinismo ante el hecho de que, en lo que lleva como presidente de la CEGAIP, Navarro Alviso no ha utilizado las medidas de apremio formales que le autoriza la ley, ni la sanción informal que siempre está a la mano, para obligar a los opacos a ser transparentes.
Por ley, la CEGAIP puede aplicar amonestaciones, multas y hasta presentar denuncias para deslindar otro tipo de responsabilidades, incluidas las penales. Nunca ha utilizado esta facultad. De manera informal, y acorde a la naturaleza del derecho que debe garantizar, denunciar públicamente a los opacos representa una sanción que les suele doler más.
A inicios de 2010 se dio un caso en el que la combinación de sanciones formales e informales rompió un acto de opacidad de considerable magnitud.
Al cerrar el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, la Secretaría Técnica del Gabinete emitió un acuerdo de reserva para ocultar la totalidad de las actas del Gabinete Legal y los Ampliados que por ley se tenían que publicar de oficio.
Ante la denuncia pública del hecho, la CEGAIP, encabezada entonces por María de la Luz Islas, abrió de oficio una investigación que derivó en multas por 25 mil pesos a cada uno de los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Técnica, además de que ordenó la publicación de los documentos y su entrega al solicitante que reveló la reserva.
El seguimiento del caso por parte de la prensa y la disposición de aquella CEGAIP para ventilar el caso resultaron efectivos. La sanción legal y la sanción por la vía de su publicidad mostraron su eficacia. Lamentablemente fue un hecho que no se volvió a repetir, pero que al querer endurecer las sanciones, Navarro Alviso en realidad exhibe su ignorancia sobre la capacidad de las medidas que puede aplicar.
Peor. En el colmo de su simulación señala la opacidad del Partido del Trabajo con la afirmación de que se han aplicado sanciones sin mostrar una constancia documental. En cambio, al presumir su informe de actividades en Facebook destaca cuatro presuntos logros, pero ninguno relacionado con las sanciones.
Si Navarro Alviso efectivamente pretendiera trabajar a favor de la transparencia, no fingiría estar preocupado por medidas para obligar a los opacos a cumplir con la Ley, que ya existen y no utiliza.
De lo que tiene que ocuparse es de buscar es que los avances en la materia, como el catálogo de obligaciones de transparencia que es más amplio que en el resto del país y la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), se preserven e incluso se amplíe el primero y se establezcan medidas que impidan y sancionen la simulación dentro de la PET.
Si Navarro Alviso no se enfoca en la verdaderamente trascendente para el derecho de acceso a la Información pública, sus desplantes de falsa convicción por la transparencia lo colocan en la actitud de otro “proyectito” con miras a encabezar el organismo desconcentrado del Ejecutivo que sustituirá a la CEGAIP, para ser tan servil como lo fue Aguilar Gallegos.
