Estela Ambriz Delgado
Ante el grado de afectación en viviendas y caminos, así como fuentes de agua en la comunidad Los Matías, inmersa en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de Álvarez, a causa de las detonaciones de la empresa Cal Química Mexicana para explotar roca caliza, así como el incumplimiento de diversos acuerdos con sus habitantes, una de ellas ha iniciado acciones para exigir se indemnice a las familias.
Luego de 59 años de que esta empresa ha explotado roca caliza en la zona, ha dejado múltiples afectaciones en el ámbito ecológico, así como en el social y económico de las personas que viven en las comunidades cercanas, como es el caso de Los Matías en el municipio Villa de Zaragoza y San Cayetano de Armadillo de los Infante.
Aunque desde agosto de 1999 la empresa junto con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), se comprometieron a una serie de acuerdos para resolver la problemática de contaminación y los impactos del uso indiscriminado de dinamita, tanto en el acuífero como en viviendas y caminos, nunca se cumplió y a la fecha las más de 25 familias de Los Matías sufren las consecuencias.
Una de estas familias es la de Alberta Zárate Pérez, quien dadas las condiciones en que ha quedado la casa que fue propiedad de su padre, inició gestiones desde febrero de 2022 para denunciar los hechos y pedir una indemnización y/o apoyo con material o reubicación de vivienda, tanto para ella como el resto de los afectados. Ella recuerda que fue difícil adaptarse a vivir con las constantes explosiones.
“Compraron ese terreno y fue cuando iniciaron a romper piedra, pero con explosiones muy fuertes, ahí si temblaban las casas, llegaban las piedras hasta la mitad de la comunidad, teníamos que correr. Yo en ocasiones andaba en la leña o iba en camino y ya cerca de donde estaban las explosiones, antes de que detonaran tenía que regresarme de vuelta hasta la mitad de la comunidad o donde pudiéramos estar a salvo de toda la piedra, porque volaban piedras grandísimas”.
La vivienda se encuentra ubicada en El Álamo 24, a 300 metros en dirección oeste de la empresa, y presenta cuarteaduras de gran consideración que la han vuelto prácticamente inhabitable ante el peligro de colapsar. Hace 16 años su papá le pidió que le ayudara a poner una demanda a la empresa por las afectaciones; sin embargo, él falleció y ya no le fue posible, por lo que desde 2022 ha buscado una resolución.
Zárate Pérez acudió a diversas dependencias como las representaciones locales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a la Segam y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), además de hacer su solicitud directamente a la empresa, pero no ha logrado ninguna acción a su favor.
Profepa, a través del oficio PFPA/30.7/035/2022 del 6 de abril de 2022, le respondió a la afectada que su denuncia, en la que expone que el uso de explosivos ha causado afectaciones a viviendas, caminos, así como a los mantos acuíferos y en consecuencia afectaciones al suministro de agua, no es de su competencia, por lo que la turna a la CEPC.
En dicha coordinación, de la que recién había sido nombrado director Mauricio Ordaz Flores, él mismo se comprometió a acudir a la empresa y también a revisar las casas. Sin embargo, la propietaria asegura que ingresó a su domicilio en ausencia de ella y sin su autorización, y ya no volvió.
Por otra parte, también se presentó personal de la Semarnat y se elaboró un reporte sobre la inspección, en el que se indicó que Calidra debía reparar los daños y reubicarla. No obstante, aún cuando ya había también un acuerdo con la empresa, personal del área de gestiones dio marcha atrás al compromiso, argumentando que no había ningún daño por parte de Cal Química.
Ante la situación, Zárate Pérez exige una respuesta de las autoridades y la empresa, no sólo para ella sino también para las demás familias afectadas, con quienes hay una deuda tanto de indemnización por daños a sus viviendas y caminos, como también de abastecimiento de agua potable.
Incumplen acuerdos con aval de la Segam
En un escrito de fecha 28 de marzo de 2001, dirigido al entonces gobernador Fernando Silva Nieto, con sello de recibido de la Secretaría Particular de Gobierno, la Profepa, y el Congreso del Estado, habitantes de las comunidades San Cayetano de Armadillo de los Infante, y de los Matías y otras aledañas, solicitaron su intervención ante la falta de cumplimiento de diversos acuerdos.
Informan que en agosto de 1999 fueron convocados por la empresa Cal Química y la Segam, representadas por Alfredo Riscolff y David Atisha Castro, con el objetivo de acordar con las comunidades las medidas que tomaría la empresa para la regeneración del área bajo impacto ambiental, resolver la problemática de contaminación y el uso indiscriminado de dinamita, que han causado severos daños ecológicos en la región.
Los compromisos acordados fueron la remediación y regeneración de la zona de impacto ambiental, consistente en asfaltado de 4.5 kilómetros del camino de acceso a la planta, con obra de mano local; modificación del método de explotación para disminuir los impactos por voladuras, tanto en el banco de roca caliza como en el sistema de manejo, evitando la disminución de la profundidad de barrenos, y la colocación de dinamita en un 50 por ciento.
También la regeneración de arroyos y manantiales por medio de desazolve y sistemas de decantación; reforestación de la zona y construcción de vivero para plantar 10 mil árboles anualmente; introducción de dispositivos anticontaminantes y encasetado de cribas, para el control de humos y polvos en la planta de proceso, y cubierta de montículos de residuos.
Además de obras para apoyo a las comunidades, como la construcción de un centro deportivo comunitario, un aula de usos múltiples, creación de un programa de empleo para actividades de reforestación, donación de un tanque con capacidad de 120 mil litros, para almacenamiento y distribución de agua potable, creación de un taller y un horno de alfarería para las mujeres, y la reubicación de las familias más afectadas.
Se integró también un comité con representantes de las comunidades, y con el apoyo técnico de un representante de la Segam, Alejandro Nieto, para la evaluación y seguimiento de los compromisos asumidos por la empresa, que realizaría reuniones trimestrales.
Sin embargo, esto no se cumplió y sólo se realizó una reunión de evaluación el 16 de noviembre de 1999. En lo sucesivo se evitaron las siguientes asambleas argumentando que tanto la empresa como la Segam no tenían tiempo para atenderlos.
Por ello en el escrito pedían que se dé instrucciones a las autoridades correspondientes para que se solucione la problemática de contaminación ambiental y apoye el esfuerzo por preservar el área, entonces con el estatus de reserva ecológica de la biósfera.
El daño a las fuentes de agua
Mientras la empresa dispone de agua entubada, desde hace más de 37 años que se asentaron en Los Matías, la comunidad no tiene ni siquiera ya sus fuentes de abastecimiento, pues sus pozos se secaron a causa de las afectaciones en el acuífero, derivadas también de las detonaciones.
“Yo si quiero que sea para toda la comunidad como está en los acuerdos. No han dado ninguna ayuda, jamás para nada, ni siquiera agua hasta últimamente que primero era necesidad y ahora exigencia (…). Ya son años y apenas hace semanas están llevando, pero a mí no, soy la única persona. Por el camino no puede entrar ni un carro o camioneta, yo intenté y me tuve que regresar por tambos para acarrearla”.
Como afirma Alberta Zárate, no se cumplió prácticamente ninguno de los acuerdos, ni los más prioritarios referentes a la restauración de arroyos y manantiales, y la donación de un tanque con capacidad de 120 mil litros, para almacenamiento y distribución de agua potable, sólo se simuló en 2023.
En el informe anual de sostenibilidad 2023 de Calidra, afirman haber brindado el servicio de abastecimiento de agua durante todo el año a la comunidad de Los Matías. Aunque los hechos lo que les dieron fue un depósito que no cumple con las medidas sanitarias porque contiene residuos de carbón de coque.
El sistema hídrico del que se abastecía la comunidad y que fue afectado, se explica en la publicación del doctor Jorge Damián Morán Escamilla, investigador del Colegio de San Luis (Colsan), Sufrimiento ambiental en la Sierra de Álvarez: afectaciones por fenómenos antropogénicos, del 19 de febrero de 2026 en el periódico Momento.
“Esa comunidad depende de un sistema de manantiales para el abastecimiento de agua; éstos se generan por la infiltración y escurrimiento, tanto superficial como subterráneos, que se da desde la parte alta de la Sierra hacia el Valle de San Luis”.
Refiere que ha sido afectado por la actividad minera, considerada dentro de los fenómenos antropogénicos, y ello se ha exacerbado por los cambios en el clima. Concluye considerándolo como un espacio de sufrimiento ambiental.
“Esta actividad antropogénica hace uso de dinamita para la extracción de material pétreo (grava y cal, destinados para la industria de la construcción) y, a consideración de sus pobladores, ha causado la desecación de arroyos y manantiales que durante toda su vida les habían dotado de agua. Además de ello, han identificado la presencia de partículas suspendidas (polvo negro) que se depositan en la ropa que dejan tendida durante la noche”.
Al inicio de sus actividades, Calidra se encontraba en la localidad de Puerto de la Huerta; posteriormente, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, el titular del extinto Instituto Nacional de Ecología, Gabriel Quadri de la Torre, autorizó que bajaran hacia la comunidad Los Matías, donde se encuentra un banco de piedra.
Aunque los habitantes del núcleo se han inconformado por la situación, y han luchado a través del Comité en Defensa de la Sierra de Álvarez por quitar la calera y evitar que se siga expandiendo, lleva ya más de 37 años.
En 2018 se pretendió aprobar un Programa de Manejo para el APFF Sierra de San Miguielito, que como han advertido expertos, dentro de la zonificación del área designaba que en las zonas de aprovechamiento especial podría darse actividad minera, como si se tratara de una actividad donde se aprovechara de manera responsable un recurso, con un buen manejo ambiental, y así permitir que Calidra pueda desplazarse hacia donde se encuentran más yacimientos de rocas.
