Por Victoriano Martínez
Tan ocupadas están las autoridades estatales y municipales en la proyección de imagen del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del alcalde Enrique Galindo Ceballos que es nula la atención que ponen a las medidas que deben aplicar para que la población tome precauciones para evitar riesgos serios para su salud.
El contraste entre la irresponsable promoción personalizada, que los lleva a pagar gacetillas por separado por actos en los que estuvieron juntos como la Procesión del Silencio el pasado viernes, y la nula difusión de situaciones de alto riesgo para la población como comunicar con claridad los riesgos de la contaminación del 13 por ciento de los pozos de abastecimiento de agua potable o sobre la calidad del aire, raya en lo criminal.
Y es así porque, tanto con su promoción personalizada como con la omisión en advertir a la población sobre los riesgos de la contaminación en el agua que bebe y en el aire que respira, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos violan bastantes disposiciones legales, pero ante ese contraste vale la pena destacar las violaciones a la Ley de Comunicación Social estatal.
La promoción personalizada viola el artículo 135 de la Constitución estatal, que reproduce con fidelidad el artículo 134 de la Constitución federal y, en consecuencia, también lo violan.
Al ser la Ley de Comunicación Social reglamentaria de ese artículo, al promoverse de esa manera Gallardo Cardona y Galindo Ceballos pasan totalmente por encima de esa norma, aunque para especificar sus faltas basta mencionar que transgreden la fracción III del artículo 2º, y la fracción primera del artículo 9º.
En el primero señala como objetivo de la ley “evitar el uso de la comunicación social para la promoción personalizada de servidores públicos”, y en el segundo establece que la comunicación social no podrá tener “por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público”.
La frivolidad de Gallardo Cardona y Galindo Ceballos los llevó, además, a contravenir los principios rectores enlistados en el artículo 5º. de la Ley de Comunicación Social, específicamente el que tiene que ver con la promoción del principio constitucional de laicidad.
Violadores incorregibles de las leyes, Gallardo Cardona y Galindo Ceballos no sólo lo hacen por acción para alimentar su ego y su politiquería, sino que también por omisión porque han demostrado de manera reincidente que lo que menos les importa es cumplir las leyes en beneficio de la población.
Tan ocupados están en sí mismos y en sus proyectos electoreros, que poco toman en cuenta las advertencias del Grupo Universitario del Agua (GUA) sobre la contaminación con flúor, arsénico e incluso uranio y sobre la mala calidad del aire que se respira en la zona metropolitana.
“Es muy importante que las autoridades tengan programas de comunicación de riesgos y que informen a la población sobre el peligro que involucra el consumo continuo del agua con esas concentraciones”, señaló Antonio Cardona Benavides, especialista de la Facultad de Ingeniería en el área de Ciencias de la Tierra e integrante del GUA.
Gallardo Cardona, obligado por la Ley de Aguas, y Galindo Ceballos como responsable del abastecimiento de agua potable, deben buscar soluciones para esa contaminación y, con urgencia, cuando menos advertir a la población sobre los riesgos, en lugar de gastar en gacetillas de promoción. ¿Sabe usted si en su colonia beben agua contaminada?
Si por lógica se plantea la necesidad de programas de comunicación de riesgo, la noticia es que se trata de una obligación legal:
La fracción V del artículo 8º de la Ley ordena que las campañas de comunicación social deben “anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente”.
En tanto Gallardo Cardona y Galindo Ceballos sigan empeñados en hacer todo lo contrario a lo que establece la Ley de Comunicación Social dejarán indefensa a la población y sin posibilidad de adoptar medidas preventivas.
“Si las autoridades no lo van a hacer, lo vamos a hacer nosotros porque no es justo que los pulmones se enfermen, los de todos y sobre todo los de los niños. No es justo con el presente, mucho menos con el futuro”, dijo Fernando Díaz Barriga, del GUA.
Para el caso de la calidad del aire, informó que investigadores de la UASLP ya trabajan en el diseño de todo un sistema para monitoreo de aire a partir de redes ciudadanas porque las omisiones de la autoridad no sólo violan la Ley de Comunicación Social.
Tan poco les preocupa la calidad del aire, que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental tiene programadas para este año sólo 10 inspecciones a Ladrilleras, fuente importante de contaminación del aire, y en enero sólo realizó una., a pesar de que en la ciudad existen cuando menos 70.
La excesiva promoción personalizada en la que incurren Gallardo Cardona y Galindo Ceballos, además de mostrarlos como incorregibles violadores de la Constitución y la Ley de Comunicación Social, llega a tales extremos que no resulta inocua, sino que es una ilegalidad que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona metropolitana. Propaganda ilegal y criminal, pues.
