Estela Ambriz Delgado
A pesar de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 545/2022, mediante la cual se instruye a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a garantizar el abastecimiento urgente a la comunidad Puerto la Descubridora, en el municipio de San Nicolás Tolentino, la dependencia sólo se ha limitado a llevar ocasionalmente pipas y, pese a la voluntad del Ayuntamiento, no han recibido respaldo estatal.
De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Hídrico Estatal (CHE) —que ha participado en la vinculación técnica, académica e institucional, así como acompañado a los afectados y desarrollado un proyecto integral—, durante años este núcleo de población ha tenido un acceso al agua incierto, irregular y precario.
El abastecimiento se ha sostenido mediante prácticas de sobrevivencia, como almacenamiento en recipientes improvisados, uso restringido del recurso y dependencia de pipas que llegan sin certeza ni periodicidad.
Ante la persistente omisión de las autoridades, particularmente de la CEA, la comunidad promovió en el año 2022 el juicio de amparo 545/2022, argumentando la violación a su derecho humano al agua; sin embargo, ni siquiera la sentencia judicial emitida ha sido suficiente para garantizarlo.
En la resolución se concede el amparo y se ordena a la autoridad estatal implementar las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable en condiciones de suficiencia, salubridad y continuidad. No obstante, el Consejo afirma que la respuesta de la CEA ha sido fragmentaria, limitada y, en términos prácticos, insuficiente.
No se han desarrollado obras estructurales ni se ha articulado una estrategia integral que atienda el problema de fondo. En su lugar, persisten acciones paliativas como el envío intermitente de pipas, que apenas contienen la crisis sin resolverla.
“Esta inercia institucional, sumada a la falta de coordinación entre niveles de gobierno, configura un escenario que puede interpretarse como un incumplimiento sostenido de una resolución judicial federal”.
Ante la situación, la comunidad no ha permanecido pasiva: ha fortalecido sus capacidades organizativas y ha impulsado procesos de articulación con actores externos, entre estos el CHE como espacio de vinculación técnica, académica e institucional.
A través de su intervención logró conformar una red de colaboración que incluye a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), El Colegio de San Luis (Colsan), la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Colegio de Ingenieros Agrónomos, organizaciones civiles y especialistas en materia hídrica, así como al propio Ayuntamiento de San Nicolás Tolentino.
Al respecto el Consejo destacó que la disposición, apertura institucional y voluntad de colaboración mostrada por la alcaldesa Alejandra Deyanira Ortiz Márquez, para la búsqueda de soluciones para la comunidad. No obstante, esto choca con un límite estructural: la falta de voluntad política y de respaldo institucional por parte de la autoridad estatal.
En este sentido hacen diversas observaciones, como el que la presidenta municipal no forma parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que podría incidir en los niveles de prioridad, interlocución y atención que recibe la problemática en la agenda estatal.
“Esta condición abre la posibilidad de que la gestión del agua no esté guiada exclusivamente por criterios técnicos o de derechos, sino también por lógicas político-partidistas que condicionan la acción pública. A ello se suma un patrón institucional más amplio: la actuación recurrente de la CEA bajo esquemas de hermetismo, unilateralidad y baja apertura a la participación social y académica”.
Sobre ello puntualizaron que la toma de decisiones en materia hídrica se ha caracterizado por excluir sistemáticamente a la ciudadanía, a la comunidad científica y a los espacios colegiados de participación, como el propio consejo ciudadano y de expertos, con lo que se limita la transparencia, la calidad técnica de las políticas y su legitimidad social.
Consideran que el caso de Puerto la Descubridora no es una excepción, sino una expresión concreta de un modelo de gobernanza hídrica cerrado, centralizado y poco permeable al escrutinio público y al diálogo de saberes.
Respecto al proyecto ejecutivo integral de abastecimiento de agua potable, desarrollado por el CHE junto con otras instituciones y organizaciones, que plantea soluciones técnicas, operativas y de gestión orientadas a garantizar un suministro permanente, suficiente y salubre, su implementación permanece detenida.
La omisión de la autoridad estatal se manifiesta en múltiples niveles: la ausencia de respuesta a solicitudes de diálogo técnico, la negativa a establecer esquemas de trabajo interinstitucional y la inexistencia de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de la resolución judicial.
Todo ello, a pesar de que la propia sentencia contempla sanciones en caso de incumplimiento, que pueden incluir multas e incluso la destitución de los responsables.
