Estela Ambriz Delgado
Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), expresó que la intención del Gobierno Federal de reactivar el uso de la fracturación hidráulica para explotación de gas no convencional es algo cercano a una “declaración de guerra” a las comunidades tének y nahua, pues afecta directamente a 367 localidades.
El activista indicó que la soberanía energética no puede buscarse a costa de los territorios comunales y sus medios de vida. Además, la postura mostrada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, va en contra sentido a la organización social que se lleva a cabo para detener la contaminación de los cuerpos de agua en la zona Huasteca, a través de las contralorías autónomas del agua.
“Implementar el fracking para extraer gas y petróleo no sólo es un contrasentido a dichos esfuerzos, sino también es una especie de declaración de guerra hacia los pueblos y comunidades indígenas de la región, pues el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 incluye a 367 comunidades indígenas tének y náhuatl de 17 municipios de la región”.
Advirtió que al constituir el 70 por ciento de los 735 mil habitantes de la Huasteca Potosina, este sector debió haber sido consultado antes de elaborarse el Plan, de acuerdo con el derecho internacional y nacional, pero eso no sucedió.
A pesar de la situación, del Rosal Valladares recordó que la defensa de las comunidades tének y nahua por sus territorios durante el periodo 2014-2018, en que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió licitar los mismos bloques petroleros a compañías extranjeras, aún están frescas en la memoria colectiva.
Es por ello que las comunidades indígenas, organizaciones sociales, y diversos sectores de la población, ahora son más conscientes de las implicaciones de la fracturación hidráulica sobre los bienes comunes y sobre la salud de las personas.
El activista consideró que hay mayor conciencia de que al implementarse dicha técnica, aunque se diga que hay formas de hacerla sostenible, se contaminarán las aguas de los ríos, manantiales, y lagunas que provee del vital líquido para uso doméstico y actividades productivas.
Además de que la actividad turística, que también les provee de ingresos y empleos, desaparecerá inevitablemente. Saben que será un tormento la calidad del aire y los suelos y, en consecuencia, la salud de las personas y la calidad de vida decaerá irreversiblemente.
“Para quienes vivimos en estas hermosas tierras, resulta inconcebible que la búsqueda de la soberanía energética descanse en el sacrificio de la calidad de vida de las personas y de la naturaleza a partir de la dependencia de los combustibles fósiles”.
El asesor apuntó que espera que el equipo de expertos propuesto por la presidenta, más que buscar respuestas inexistentes de un fracking “menos dañino”, oriente sus esfuerzos en encontrar soluciones de cómo avanzar de manera decidida a la transición energética que satisfaga las necesidades de un modelo de desarrollo sustentable, distinto al actual.
Concluyó que es pertinente que el Gobierno Federal replantee el Plan para lograr la soberanía energética sin afectar a los pueblos y comunidades ni a los ecosistemas vitales, pues parece que éste pretende sacrificar territorios y pueblos a través de la implementación del fracking, lo que constituye prácticamente una declaración de guerra, que enfrentaría una fuerte resistencia social.
