Fernanda Durán
Con 17 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a establecer, publicar y hacer cumplir los límites máximos de precios en la venta de agua potable mediante pipas operadas por particulares.
El acuerdo solicita, en primer término, que la CEA elabore y publique de manera inmediata en el Periódico Oficial del Estado los costos máximos aplicables a los servicios de transportación y comercialización de agua en cisternas. Asimismo, deberá informar al Congreso sobre los plazos para la emisión de estas tarifas.
El exhorto también contempla que, una vez publicados los precios, la Comisión aplique sanciones a quienes no respeten los límites establecidos. De acuerdo con la Ley de Aguas del Estado, estas infracciones pueden ser castigadas con multas de entre mil y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta fue presentada por la diputada con licencia del PT y PVEM, Diana Ruelas Gaitán, quien argumentó que el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido en la Constitución y que su encarecimiento impacta directamente en la economía de las familias, particularmente en contextos de escasez.
En la justificación del punto de acuerdo se señala que, en diversas colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez, se han registrado cortes prolongados o ausencia total de agua, lo que ha obligado a la población a recurrir a la compra mediante pipas. Entre las zonas mencionadas se encuentran Benito Juárez, El Polvorín, San Francisco de Asís y Segunda de Reforma.
El documento expone que, ante la insuficiencia del suministro por red, la distribución mediante pipas se ha convertido en una alternativa recurrente, tanto por parte de autoridades como de proveedores privados. Sin embargo, advierte que cuando la demanda aumenta, algunos servicios elevan sus tarifas, lo que representa un gasto adicional para las familias.
La iniciativa retoma que desde 2022 la Ley de Aguas del Estado otorga a la CEA la facultad de establecer límites superiores de precios en la venta de agua por cisternas; no obstante, persiste la preocupación por la falta de difusión efectiva de estos costos, lo que dificulta a las personas usuarias conocerlos y exigir su cumplimiento.
En este contexto, el exhorto plantea que la publicación de los precios en el Periódico Oficial permitirá dotar de carácter obligatorio a los límites establecidos, además de generar condiciones para su verificación y eventual sanción en caso de incumplimiento.
El tema también ha llegado al discurso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha señalado que “todas las colonias tienen denuncias de la venta de agua con las pipas, de cómo se les deja sin agua y a los dos días ya están las pipas haciendo su negocio buscando obviamente llevar un beneficio para sus bolsillos”.
No obstante, estas atribuciones colocan la regulación del servicio dentro de la esfera de responsabilidad de la autoridad estatal, en paralelo a las fallas en el suministro que han incrementado la demanda de pipas en la zona metropolitana.
