Fernanda Durán
Con 25 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La reforma busca establecer bases homogéneas en todo el país para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio, ante un contexto en el que actualmente este delito se investiga y castiga de manera distinta en cada entidad federativa.
De acuerdo con cifras oficiales, en México alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día, pero menos de una cuarta parte de los casos se investiga como feminicidio. Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 6 mil 781 fueron clasificados bajo este delito.
En entrevista, el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la aprobación de la minuta no implica una reforma inmediata a la legislación local, sino la habilitación de una facultad federal que posteriormente derivará en ajustes estatales.
“Y tener un delito homogéneo, que no sea castigado de una forma en un estado, con más penalidad en otra, con menos en otra, con diferentes atenuantes. La idea es tener una ley general para combatir el feminicidio y para esto necesitamos dotar de facultades al Congreso Federal”.
Agregó que esta modificación forma parte de una estrategia más amplia: “Es el arranque de una estrategia que incluye diferentes políticas públicas, tanto de seguridad como desde la creación de la Secretaría de Mujeres, que haya delitos y penas homogéneas para que no haya impunidad”.
El legislador indicó que al momento de la votación, alrededor de 12 entidades ya habían aprobado la minuta, y que el Congreso local actúa como parte del Constituyente Permanente.
“Lo que estamos haciendo hoy es dotarle de facultades para la construcción de una ley general que después provocará adecuaciones a nuestra ley estatal”.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, contempla homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión. Además, plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, así como garantizar la reparación del daño y la atención a víctimas indirectas, incluyendo niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Aunque el Gobierno Federal ha reportado una disminución del 14.9 por ciento en los feminicidios durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han cuestionado estos datos al señalar que una parte importante de las muertes violentas de mujeres no se clasifica como feminicidio.
Durante la discusión en tribuna, la diputada Roxanna Hernández enmarcó el feminicidio como un problema estructural y defendió la reforma como un paso hacia la homologación de criterios a nivel nacional.
“No puede haber 32 maneras de entender el feminicidio en un país que se dice comprometido con los derechos humanos”, afirmó.
Al intentar visibilizar el feminicidio de Joana (Tamazunchale, 2012), la legisladora describió el crimen haciendo comparaciones con el sacrificio de animales.
“A Joana la mató su novio y le hizo cortadas como se les hacen las cortadas, la degolló como se hace, como se degollan a los animales en la Huasteca”, expresó Hernández.
El relato fue acompañado de señalamientos sobre la actuación de autoridades en ese momento, al referir que a la familia “lo primero que le dijo el Ministerio Público es de que, ‘ah, ya andas buscando a tu hija, a tu nieta, pobrecita, pues ya no la busques’”.
Por su parte, la diputada Gabriela López Torres abordó el tema desde la evolución histórica del concepto y la experiencia personal, al señalar fallas en la atención institucional.
“Es muy lamentable que el día de hoy a las familias se les siga diciendo que deben esperar para ver si no se encuentra con su novio o con su amiga, que se les siga pidiendo incluso dinero”.
La legisladora también planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de las fiscalías y el acompañamiento a víctimas.
“Yo invitaría y exigiría desde esta tribuna a que en esta ley general incluyamos mayor personal capacitado de ministerios públicos, que las fiscalías especializadas en feminicidios sean reforzadas”.
Tras la aprobación en el Congreso potosino y una vez que la reforma sea ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la Ley General en Materia de Feminicidio.
