Texto y fotografías de Desiree Madrid
Jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en San Luis Potosí se manifestaron este jueves en el Jardín de San Francisco para rechazar los recortes aplicados a sus pensiones tras la reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026.
La protesta se realizó de forma pacífica y concluyó con la entrega de escritos al Congreso del Estado, en los que solicitan respaldo para frenar la aplicación retroactiva de la medida.
Ignacio Pecina Carrizales, vocero del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE en la entidad, señaló que los descuentos ya impactan directamente en los ingresos de los afectados.
“Anda desde mínimo 10 por ciento hasta un 40, hasta 60 por ciento de lo que recibía la gente”, detalló durante la manifestación. Explicó que quienes ocuparon cargos de mayor nivel son los que enfrentan las reducciones más severas.
El conflicto se centra en el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 127, el cual establece que las pensiones deberán ajustarse al tope constitucional, equivalente a la mitad del salario del titular del Ejecutivo Federal.
Los jubilados sostienen que esta disposición se aplica de forma retroactiva, afectando derechos adquiridos mediante contratos colectivos, lo que contraviene el principio de irretroactividad previsto en la Constitución.
En un escrito fechado el 29 de abril, dirigido al Congreso del Estado, los manifestantes solicitaron a diputadas y diputados locales respaldar la iniciativa presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados federal. La propuesta, impulsada el 28 de abril por la legisladora Ivonne Ortega Pacheco, busca modificar el artículo segundo transitorio para eliminar su efecto retroactivo.
De forma paralela, entregaron un segundo documento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el que solicitan su intervención ante el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión. También plantean la instalación de una mesa de diálogo entre jubilados potosinos y legisladores locales para escalar el tema ante instancias como la Secretaría de Energía, la CFE, Pemex y la Secretaría de Hacienda.
En ese escrito, los jubilados subrayan que sus pensiones “fueron obtenidas legalmente, con base en contratos colectivos durante nuestra vida laboral activa” y que constituyen “derechos adquiridos, cosa juzgada”, por lo que consideran que su modificación vulnera el Estado de Derecho.
Pecina Carrizales estimó que en San Luis Potosí hay entre 500 y mil jubilados de confianza de la CFE afectados por esta situación, y aunque existe presencia de jubilados de Pemex en la entidad, aún no se ha logrado una articulación local entre ambos grupos, a diferencia de otras regiones del país donde ya operan de manera coordinada.
El vocero adelantó que las movilizaciones continuarán en los próximos días.
“Ahora más que nunca, de forma pacífica, haciendo más visibles todas las infracciones que se están cometiendo a cuestiones legales ya juzgadas con anterioridad”, afirmó.
La protesta en San Luis Potosí se suma a un conflicto de alcance nacional que mantiene en tensión a jubilados de organismos públicos federales frente a los efectos de la reciente reforma constitucional.
La movilización de este jueves no es la primera que registra San Luis Potosí en torno a este conflicto. El 15 de abril, un grupo de jubilados de la CFE se manifestó de forma pacífica frente a las oficinas de distribución en la capital potosina para expresar su inconformidad ante la posible modificación al artículo 127 constitucional, advirtiendo que la medida impactaría directamente en el monto de sus pensiones, de acuerdo con información publicada por Astrolabio.
En aquella ocasión, los participantes señalaron que la propuesta implicaría ajustar las percepciones con base en un tope vinculado al salario del Ejecutivo Federal, lo que podría traducirse en una reducción de hasta el 50 por ciento en los ingresos de algunos jubilados. Los inconformes subrayaron el impacto que dichos recortes tendrían en su calidad de vida, particularmente para cubrir gastos médicos y necesidades básicas de una población mayoritariamente de edad avanzada.
A esa protesta acudieron alrededor de 55 personas, aunque los propios manifestantes reconocieron que el número de afectados era mayor. En ese entonces ya contemplaban acciones futuras, entre ellas una concentración en la Ciudad de México con representantes de distintos estados para visibilizar su postura y buscar diálogo con las autoridades federales.
