María Ruiz
A pesar de que desde el 26 de febrero se hicieron públicos señalamientos sobre denuncias contra policías municipales en la capital potosina, el Ayuntamiento de San Luis Potosí negó el acceso a información relacionada con bajas, procedimientos internos y denuncias, aun cuando la solicitud presentada incluyó como anexo la respuesta oficial de la propia Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) que confirmaba la existencia de estos casos.
De acuerdo con la información difundida en su momento por Astrolabio Diario Digital, basada en la solicitud con folio 240469826000046, la Fiscalía reportó que el municipio de San Luis Potosí encabeza las denuncias contra policías municipales en la zona metropolitana, con cinco casos registrados, de los cuales cuatro corresponden al delito de tortura y uno a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos estos expedientes se encuentran en trámite ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura.
Con ese antecedente, se presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de información en la que, además de pedir datos sobre bajas de elementos policiales por causas como violencia, corrupción o abuso de autoridad, se requirió conocer el número de procedimientos abiertos en la Unidad de Asuntos Internos, el total de elementos denunciados ante la autoridad ministerial, el estado de las carpetas de investigación, así como la relación entre procesos administrativos y denuncias penales. La solicitud incluyó expresamente como anexo la respuesta de la Fiscalía, con el objetivo de contextualizar la existencia de investigaciones en curso.
Sin embargo, en la respuesta oficial con folio 240474426000160, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí determinó clasificar la totalidad de la información como reservada, sin proporcionar ningún dato concreto.
En el documento, la dependencia argumentó que la información solicitada se encuentra protegida bajo el Acuerdo de Reserva 11/2024, aprobado por el Comité de Transparencia, el cual abarca tanto las bajas de elementos como los expedientes relacionados con procedimientos internos y denuncias.
La Secretaría sostuvo que dar a conocer información sobre las bajas de policías podría revelar la capacidad de reacción de la corporación, mientras que los expedientes de Asuntos Internos y de la Comisión de Honor y Justicia contienen procesos deliberativos cuya divulgación, señaló, podría vulnerar derechos laborales, datos personales y el principio de presunción de inocencia de los elementos involucrados. Bajo este criterio, concluyó que toda la información solicitada debía mantenerse fuera del acceso público.
La negativa del Ayuntamiento contrasta con la postura de la Fiscalía, que sí hizo públicos datos agregados sobre las denuncias, sin revelar información personal, lo que permitió conocer la existencia y tipología de los casos.
A pesar de que la solicitud presentada al municipio no requería nombres ni datos sensibles, sino información estadística y administrativa, la autoridad municipal optó por no entregar ni siquiera cifras generales.
Además, la respuesta no contempla la elaboración de una versión pública de la información, es decir, documentos testados que permitan el acceso a datos sin comprometer aspectos confidenciales, una medida prevista en la legislación en materia de transparencia.
De esta manera, la reserva aplicada por la autoridad municipal se extiende de forma total a rubros que, por su naturaleza, podrían ser de interés público, particularmente en un contexto donde existen denuncias por delitos graves como tortura.
En el propio documento de respuesta, el titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, expone de manera directa la postura institucional al señalar que “la información peticionada se encuentra protegida bajo el Acuerdo de Reserva 11/2024 (…) ya que la información relativa a los documentos pertenecientes a la Dirección General de Gerencia y Desarrollo Policial, que contengan la totalidad de elementos así como bajas, con esta información se darían a conocer la capacidad de reacción de esta dependencia motivo por el cual no es dable”.
Añade además que “toda la información solicitada se encuentra protegida (…) ya que el contenido total de los expedientes generados (…) inherentes a investigaciones de la probable responsabilidad administrativa de los oficiales (…) es confidencial y reservada”, por lo que concluye que dicha información únicamente puede ser consultada por las autoridades competentes.
