Desiree Madrid
Los habitantes de doce municipios de la Huasteca Potosina no pagarán la luz durante dos meses, excepción que se les otorgará como apoyo por las inundaciones que devastaron la región en octubre del año pasado. Así lo establece el Acuerdo 67/2026, publicado el 4 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y firmado por el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora.
En el acuerdo se fija una tarifa final de cero pesos para los usuarios domésticos de energía eléctrica en 109 municipios de cinco estados del país que sufrieron los efectos de las lluvias severas e inundaciones fluviales y pluviales registradas entre el 6 y el 11 de octubre de 2025 en la región de La Huasteca, que abarca porciones de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí.
Los municipios potosinos que recibirán el beneficio son Aquismón, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampacán, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas y Matlapa, todos ubicados en la franja Huasteca del estado, una de las zonas con mayores índices de marginación en San Luis Potosí, habitada en buena parte por comunidades indígenas tenek y náhuatl.
Los daños provocados por las inundaciones del año pasado golpearon a una región que ya cargaba con condiciones de pobreza y escasa infraestructura, por lo que la condonación tarifaria representa para miles de familias un desahogo concreto en medio de una recuperación que todavía no termina.
Las lluvias que cayeron entre el 6 y el 11 de octubre de 2025 desataron inundaciones que arrasaron viviendas, campos de cultivo, carreteras y centros de trabajo en toda la Huasteca.
El fenómeno no solo causó pérdidas materiales directas, sino que también paralizó durante días la actividad económica y productiva de comunidades cuyos ingresos dependen del campo y del comercio local, sectores que no tienen capacidad de absorber fácilmente ese tipo de golpes.
La Secretaría del Bienestar levantó un censo al 13 de noviembre de 2025 que documentó afectaciones en 109 municipios de los cinco estados involucrados, cuyos resultados pueden consultarse en el portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La medida tiene sustento en la Ley del Sector Eléctrico publicada en marzo de 2025, que permite al Ejecutivo Federal fijar tarifas distintas a las que determina la Comisión Nacional de Energía para grupos específicos de usuarios. En diciembre del mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delegó esa facultad a la Secretaría de Hacienda, que ahora la ejerce con este acuerdo.
No es la primera vez que el Gobierno Federal recurre a este mecanismo para atender emergencias por fenómenos naturales, aunque la cobertura de 109 municipios distribuidos en cinco estados lo convierte en una de las aplicaciones más amplias registradas en años recientes.
Serán beneficiados quienes cuenten con contrato de servicio doméstico vigente durante el período de las inundaciones y que lo mantengan activo a la fecha de publicación del acuerdo.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de reflejar el beneficio en los recibos de luz correspondientes durante 2026, conforme avance la regularización operativa de su facturación. En términos prácticos, los usuarios afectados no tendrán que hacer ningún trámite adicional: el descuento deberá aplicarse directamente en sus Avisos-Recibo sin que medie solicitud de su parte.
Para municipios como Ciudad Valles y Tamazunchale, que concentran mayor población urbana y por lo tanto mayor número de contratos domésticos registrados ante la CFE, el alcance del beneficio será más amplio en términos absolutos. Sin embargo, son las localidades más pequeñas y aisladas de la lista, como Tampacán, Tanquián de Escobedo o San Martín Chalchicuautla, donde el impacto relativo puede ser más significativo, dado que sus habitantes cuentan con menos recursos para recuperarse de los daños y donde la factura de luz representa una proporción mayor del gasto familiar mensual.
El acuerdo aclara con precisión lo que la medida no implica, un apartado que refleja los límites políticos y presupuestales de la decisión. La condonación no reconoce adeudos de ejercicios fiscales anteriores, no amplía el presupuesto de la Secretaría de Hacienda ni genera compromisos de gasto adicional a cargo de esa dependencia.
La carga operativa, contable y administrativa recaerá íntegramente en la CFE, que deberá resolver internamente cómo procesa e instrumenta la tarifa cero dentro de su propio esquema financiero y jurídico.
Lo que el acuerdo no especifica es cuántos usuarios domésticos serán beneficiados concretamente en cada municipio ni cuál será el costo total de la medida para las finanzas del organismo eléctrico. Tampoco establece mecanismos de verificación sobre si el beneficio llegará efectivamente a quienes más lo necesitan, en particular a las comunidades rurales más alejadas de los centros urbanos donde los registros ante la CFE pueden ser incompletos o donde existen conexiones informales al servicio eléctrico que quedarían fuera del alcance de la condonación tarifaria.
El acuerdo entró en vigor el 5 de mayo de 2026, un día después de su publicación en el DOF, y la Secretaría de Hacienda queda facultada para interpretar administrativamente cualquier aspecto de su contenido.
Para los 12 municipios potosinos, la medida llega siete meses después de las inundaciones, cuando buena parte de los daños más urgentes ya fueron atendidos o quedaron sin atender por falta de recursos, lo que abre la pregunta de si la condonación tarifaria es suficiente o si forma parte de una estrategia de recuperación más amplia que hasta ahora no se ha hecho del todo visible en la región.
