Adriana Ochoa
Durante meses, se nos dijo que el proyecto de la presa Las Escobas, -incluido en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 con una inversión de 600 millones de pesos- estaba muerto por inviabilidad técnica y financiera. Sin embargo, en una reciente respuesta a una solicitud de información pública, la Comisión Nacional del Agua revela una realidad mucho más cruda y, a la vez, más simple: la presa no se canceló y no avanzó su realización porque nunca se entregó el proyecto.
En México, la política hídrica suele ser un ejercicio de prestidigitación: se anuncian grandes obras para calmar la sed electoral y, cuando el polvo se asienta, lo que queda no es agua, sino un rastro de papel inconcluso y un reparto desesperado de culpas. El caso de la presa Las Escobas es el ejemplo perfecto de cómo la burocracia y la narrativa política se tragan los proyectos antes de que la primera piedra toque el lodo.
Conagua recibió en abril una solicitud para que entregar “estudios o análisis en los que fundamentaron la decisión de no construir la presa Las Escobas, en San Luis Potosí, incluida en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 con una inversión de 600 millones de pesos y proyectada para inicio de obras en agosto 2025”.
También se solicitó el “destino que se dio al recurso no utilizado y si hay algún proyecto alterno a esta obra, así como los estudios técnicos que avalen ese proyecto, de haberlo”. Se supone, porque eso dijeron Gobierno del Estado y la delegación local de Conagua, que algún estudio, análisis y revisión los llevó a concluir que el costo era muy alto para muy poca capacidad de captación.
Pero en respuesta a la solicitud de ese estudio o análisis que sirvió para tomar la decisión, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, confirmó que “no existe un estudio o análisis que fundamente ‘la decisión de no construir la presa Las Escobas’”. Más aún, la dependencia aclara que no hay una resolución de cancelación porque su estatus depende de la “autorización del Proyecto Ejecutivo”. En términos llanos: la Conagua no puede cancelar lo que la autoridad local nunca terminó de armar.
Del por qué San Luis Potosí sigue esperando una presa que solo existe en diapositivas del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Sheinbaum, la explicación más probable es que el gobierno estatal, responsable de entregar la tenencia de la tierra, la ingeniería básica y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), simplemente no cumplió con los requisitos mínimos.
La Conagua se quedó esperando una documentación que llegó tarde, incompleta o con una calidad técnica insuficiente para ser avalada. Al no haber proyecto ejecutivo autorizado, no se pueden asignar recursos. No es un complot; es incompetencia o desidia administrativa.
También suena lógico que, de algún modo, sin estudio técnico, la “cancelación” anunciada es el reconocimiento silencioso de que fue un error incluir la obra en el gran plan de la presidenta porque no resolvía el problema urgente, pero nadie quiere pagar el costo político de admitir esa falla en la planeación original.
Y quizá nunca hubo problema técnico ni financiero, sino un cálculo equivocado: desde hace décadas se sabe en San Luis Potosí que a la zona metropolitana le faltan vasos de captación para aminorar la extracción subterránea y aprovechar el agua de lluvia. Una gran presa cercana a la capital, única y definitiva, no hay dónde hacerla, pero sí varias presas captadoras que ayuden a frenar ese desperdicio de verter los excedentes de la presa San José al bulevar río Santiago.
No se ignora el ruido de fondo: la fragmentación del sistema de agua y la insistencia del gobernador en usar el agua como moneda de cambio política. El sexenio se le ha ido en golpear política y financieramente al organismo intermunicipal de agua y saneamiento (Interapas). Tras años de anunciarlo, el municipio enclave del gobernador, Soledad de Graciano Sánchez, se separa del Interapas, una salida que huele más a control de presupuestos y poder local que a eficiencia técnica.
El Grupo Universitario del Agua (UASLP) y el Consejo Hídrico han subrayado la necesidad de mantener una visión y acción metropolitana en la operación del agua potable de la capital del estado y municipios conurbados. La razón de partida es muy simple: el acuífero es el mismo para los municipios San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro y Mexquitic. La separación de municipios del Interapas solo debilita la capacidad de gestión, pero el gobernador privilegia el control político a las razones técnicas.
En el resto del estado, el abasto de agua no es mejor. Lejos de buscar soluciones de fondo, infraestructura que solucione, a nuestros políticos les ha dado por hacer campañas de miras inmediatas, electoreras. Empezamos por el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien durante un evento en una colonia popular de San Luis Potosí prometió la cancelación total de adeudos, pero únicamente si su grupo político gana la elección de 2027.
“En el 27 vamos a sacar a la maldita herencia y vamos a ganar y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a quitar todas las deudas de agua que existan en San Luis Potosí y que la gente empiece de cero”, prometió sin importarle plantarse en un acto anticipado de campaña. Y remató: “Yo les mando pipas en lo que ganamos”.
No hace mucho, un joven catedrático propuso a las cabezas del Grupo Universitario del Agua hacer una campaña de promoción al derecho ciudadano al agua. “Que la gente vote por el agua en la próxima elección”, concluyó.
La propuesta no tiene color alguno y es un tema de pleno derecho exigir a nuestros aspirantes a gobernarnos un compromiso más serio para construir la infraestructura necesaria. Que el voto sea para el candidato o candidata que se comprometa a trabajar porque no se contaminen más los mantos ni los ríos. Perfectamente válido exigirlo al verde, al azul, al magenta y al rojo.
Hasta ahora, la novedad y el máximo esfuerzo campañero de nuestros políticos es repartir tinacos del color de su partido. 2027 será una guerra de tinacos de colores. No está mal, la gente los necesita, pero los dadivosos no se atreven a ir por más cuando llegan a los cargos. Es hora de dejar de discutir sobre presas de papel y empezar a exigir cuentas sobre el agua que, hoy por hoy, sigue sin llegar a los grifos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
