Por Victoriano Martínez
El decreto que declara la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) está vigente desde el pasado 2 de abril y el plazo para que se concrete de manera definitiva la desaparición del organismo garante de transparencia es el próximo 25 de septiembre.
Durante su existencia, la CEGAIP ha tenido dos sedes. La primera, un edificio que ocupó desde julio de 2004 hasta junio de 2020, en la avenida Himalaya.
El último pago mensual de renta por 46 mil 769.40 pesos se dio en el mes de mayo de 2020 porque en junio se hizo válido el depósito de garantía y hasta le sobraron 25 mil pesos que reintegró a la Secretaría de Finanzas.
A partir de julio de 2020, la CEGAIP comenzó a pagar renta por dos inmuebles: uno para oficinas, que es su sede de atención al público, por el que comenzó a pagar en ese año 123 mil 543 pesos, y el otro para bodega, por el que comenzó a pagar 10 mil 508.62pesos.
Hasta la fecha ocupa ambos inmuebles. No obstante, de acuerdo con la información publicada por la CEGAIP en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) no es posible saber de cuánto es el pago actual por el arrendamiento de los dos inmuebles que ocupa. Durante el primer trimestre del año no reporta haber pagado por arrendamientos.
Se trata de una situación sobre la que resultan relevantes los datos porque, a pesar de que para el 25 de septiembre la CEGAIP –si el Congreso del Estado no le da más vida artificial– habrá desaparecido por completo, no resulta lógico que a estas alturas el Comité de Adquisiciones pretenda contratar el arrendamiento de otra sede.
El 8 de abril pasado, el Comité de Adquisiciones aprobó el acuerdo CEGAIP-CAAS-32/2026 que da por presentadas tres cotizaciones de inmuebles “para la reubicación de las oficinas del Organismo”.
“Se aprueba continuar con el análisis detallado y, en su caso, negociación de las condiciones del inmueble que represente la mejor opción económica y funcional”, señala parte del acuerdo. La búsqueda de nueva sede va en serio.
Tan en serio va lo del cambio de sede, que parte del acuerdo también instruye a la directora de Administración y Finanzas “para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la obtención de al menos tres cotizaciones de proveedores especializados en servicios de mudanza”.
De acuerdo con la información disponible en la PET, el contrato de arrendamiento se concretó en febrero de 2020, cuando se pagaron 233 mil 100 pesos como depósito de garantía. No obstante, la ocupación del inmueble de dio cinco meses después.
Si se repitieron esos tiempos en este nuevo cambio de sede, así se hubiera firmado el contrato al salir de la sesión del Comité de Adquisiciones del 8 de abril, la ocupación del nuevo inmueble se daría hasta el mes de septiembre (el quinto mes) y sólo le quedarían 17 días de existencia a la CEGAIP.
“En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones del ente público que se extingue”, dice el artículo sexto transitorio del decreto que elimina a la CEGAIP.
¿Acaso los integrantes de la CEGAIP ya actúan a nombre del ente público que asumirá sus funciones? ¿Cuál si sus funciones se distribuirán entre los distintos entes públicos? ¿O acaso heredarán ese arrendamiento al Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal (ODAPE) sectorizado de la Contraloría General del Estado que asumirá la mayor parte de sus funciones?
El artículo décimo transitorio le hereda el personal a ese nuevo organismo. ¿Será que los comisionados José Gerardo Navarro Alviso y María Cristina García Nales, por encargo o de manera oficiosa, no sólo le busquen sede a naciente ODAPE, sino que además sea una acción que los perfile como parte de la herencia?
Ya se verá, si alguno de los dos queda al frente de ese organismo.
