Por Victoriano Martínez
A pesar de los casos en los que la Cuarta Transformación ha dado muestras de su interés por proteger la propiedad social, hay un sector en el que aún persisten las determinaciones con tendencia a favorecer de manera ilegal a grupos empresariales que pretenden despojar a comuneros y ejidatarios para sus proyectos inmobiliarios: el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Este miércoles 13 de mayo fueron ejidatarios de la Garita de Jalisco quienes se manifestaron frente al Senado de la República para pedir apoyo ante actos de corrupción en el TUA del Vigésimo Quinto Distrito (TUA-25), por haber avalado el despojo de tierras de uso común por parte de inmobiliarias como Desarrollo del Pedregal.
Entre los predios que reclaman los ejidatarios se encuentra el caso del conocido como Tlahuixcan, de 151 hectáreas, que desde 1976 fue usufructuado por el ejército, hasta que en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga fue desincorporado y una parte se convirtió en la sede el Centro de Convenciones.
Los ejidatarios de al menos dos ejidos y una comunidad –además de La Garita de Jalisco, el ejido de La Pila y la comunidad de San Juan de Guadalupe– han documentado la forma en que desde el TUA-25 se venden, se intercambian sentencias y se trafica con la información que en él se maneja.
Tres funcionarios han sido los directamente involucrados: la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario de México, Claudia Dinorah Velázquez González; la magistrada María de Lourdes Martínez Lastiri y el secretario de Acuerdos, Uziel Eglé Arriaga Badillo
Tras cada denuncia, los casos han sido turnados al órgano de control interno del Tribunal Superior Agrario y se anunciaron investigaciones sobre las que no se conoce ningún avance.
Ha habido denuncias directas, como la presentada por ejidatarios de El Mezquital, en el municipio Villa de Arriaga, que promovió una queja contra Martínez Lastiri y Arriaga Badillo, por llevar a cabo una ejecución con ex integrantes del comisariado y abogados que usurpan la actual representación.
Incluso se ha presentado una denuncia con un audio incluido, en el que se escucha la forma en que un abogado de las autoridades comunales de San Juan de Guadalupe dialoga con una gestora a quien le menciona cómo logró una resolución favorable a la elección del comisariado comunal que había sido impugnada.
Una cadena de quejas y denuncias que configuran una representación del TUA-25 como un ente al servicio de los intereses empresariales, capaz de ayudar a la imposición de autoridades ejidales y comunales, negociar sentencias que se vuelven intercambiables y traficar con la información que pasa por los tribunales.
Un mal que no es exclusivo de la representación del TUA en San Luis Potosí, dada la rotación por distintos estados de la república de los personajes que ocupan las magistraturas y hasta cargos de carácter administrativo.
Un hecho que se refleja en cuando menos dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, una en Nuevo León y la otra en Texcoco en el Estado de México. El caso de Nuevo León avanza, el de Texcoco está congelado.
En el caso del Distrito 25, de San Luis Potosí, las quejas y denuncias han llegado a órgano de control interno del Tribunal Superior de Justicia, pero no hay señales de avances en las investigaciones ni de que se vayan a tomar medidas correctivas.
En otras instancias agrarias, como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se han dado casos en los que han cambiado su forma de operar para proteger la propiedad social (como en los ejidos Corcovada y La Pila).
Se trata de avances que la tolerancia que aún se percibe sobre los actos de corrupción en los TUA aún mantiene a ejidatarios y comuneros bajo riesgos de despojos de sus tierras.
