María Ruiz
Aunque apenas fue presentada en el Congreso del Estado una iniciativa para incorporar el trabajo comunitario como una sanción dentro de la Ley de Tránsito de San Luis Potosí, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que este modelo ya se implementa desde hace tiempo en el municipio a través de la justicia cívica.
La propuesta impulsada por la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza el pasado 11 de mayo busca adicionar el artículo 84 Bis a la Ley de Tránsito del Estado para que las sanciones no se limiten únicamente a multas económicas o suspensiones de licencias, sino que también contemplen labores comunitarias.
Sin embargo, Villa Gutiérrez señaló que en la capital este esquema se ha aplicado desde la reforma al Bando de Policía y Gobierno.
“Iniciamos todo este proceso de implementarlo en la capital cuando vino la reforma del Bando de Policía y Gobierno. Se contempló lo que fue el trabajo a favor de la comunidad”, expresó.
El funcionario explicó que el objetivo fue ofrecer alternativas distintas a las sanciones tradicionales aplicadas a quienes cometen faltas administrativas.
“Esto era para darle una alternativa a los infractores al bando, que no solamente fuera una cuestión sancionadora como horas de arresto o cuestiones de sanción económica, ¿no?”, indicó.
Añadió que el modelo busca también generar beneficios para la ciudad mediante actividades comunitarias realizadas por los propios infractores.
“Sino que dimos una alternativa a que las personas pudieran hacer trabajo a favor de la comunidad”, comentó.
Villa aseguró que este programa ya arroja resultados en la capital potosina, pues hasta el momento más de mil 800 personas han realizado labores comunitarias en distintos puntos de la ciudad.
“Traemos más de 1800 infractores que han hecho trabajo a favor de la comunidad en las diferentes plazas públicas, en las diferentes colonias en donde se ha aplicado el programa Domingo de Pilas. Ha sido exitoso”, afirmó.
Asimismo, señaló que recientemente el modelo implementado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí fue expuesto a nivel nacional durante una conferencia con el Instituto Nacional de Administración Pública, donde se destacó el impacto de la justicia cívica en la reducción de incidencias.
“Precisamente ayer tuve una conferencia a nivel nacional con el Instituto Nacional de Administración Pública, donde se toca lo exitoso de este programa del Modelo Nacional de Justicia Cívica y cómo ha influido la aplicación de este modelo en la reducción de la incidencia”, declaró.
El secretario sostuvo que la intención del programa es evitar que la autoridad se convierta únicamente en un ente sancionador y apostar por mecanismos que permitan reintegrar socialmente a las personas infractoras.
“La verdad es que yo lo considero una alternativa para la ciudadanía, de no volvernos un ente netamente sancionador, sino que también dentro de ello está una cuestión del trabajo a favor de la comunidad que tiene un beneficio para la ciudad”, señaló.
Además, destacó que otro de los componentes exitosos del modelo aplicado en la capital es la mediación, así como el seguimiento a reincidencias mediante análisis realizados desde 2023.
Incluso, reveló que contrario a la percepción común, el mayor número de personas sancionadas no corresponde a jóvenes menores de edad, sino a adultos de entre 25 y 34 años.
“La realidad es que el grueso de las personas que se sanciona está entre los 25 y 34 años de edad”, puntualizó.
