María Ruiz
“Difícilmente creo que Lupita encuentre justicia”. La frase la dice Susana Cruz González después de más de una década de audiencias, apelaciones, amparos y resoluciones judiciales alrededor del feminicidio de su hija, Lupita Viramontes Cruz, ocurrido en 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.
Uno de los responsables del crimen fue Guillermo Castillo Muñoz, quien tenía 15 años al momento del feminicidio. Aunque años después recibió una sentencia de 17 años de prisión, una resolución judicial le permitió reducir esa condena a sólo tres años mediante la aplicación retroactiva de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Posteriormente, obtuvo el cambio de prisión por trabajo comunitario y recuperó su libertad en octubre de 2024.
Desde entonces, el caso volvió a escalar jurídicamente. En septiembre de 2025, Astrolabio Diario Digital documentó que el Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí concedió el amparo 67/2025 a Susana Cruz y dejó sin efectos, de manera provisional, la resolución que había reducido la condena.
El juzgado federal determinó que la resolución “carece de fundamentación y motivación suficiente”, es decir, que las autoridades judiciales no justificaron adecuadamente por qué procedía una reducción tan drástica de la pena. La consecuencia fue ordenar una nueva revisión del caso y la emisión de otra resolución con argumentos jurídicos sólidos.
Sin embargo, actualmente en 2026, Susana sostiene que, pese al amparo, el resultado terminó siendo prácticamente el mismo.
“El responsable ya terminó la medida de trabajo comunitario. El amparo sí ordenó modificar algunos puntos de la resolución, pero volvieron a resolver prácticamente en el mismo sentido”, explica.
La madre de Lupita asegura que el desgaste no sólo proviene de las decisiones judiciales, sino también de la falta de acompañamiento institucional. Afirma que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) no le notificó oportunamente resoluciones importantes del expediente.
“La Comisión Ejecutiva no me informó. La semana pasada tuve una reunión con el nuevo director jurídico para reclamar por qué no se me estaban notificando las resoluciones, cuando se supone que debe existir comunicación permanente con las víctimas”, relata.
Según cuenta, funcionarios de la dependencia le señalaron que los cambios internos dentro de la institución afectaron el seguimiento del caso.
“Me decían que hubo cambios administrativos y eso afectó el seguimiento. Yo les preguntaba cómo es posible que los cambios de directivos o comisionados terminen afectándonos a las víctimas”, señala.
Aunque el nuevo amparo promovido por su representación legal fue presentado dentro de los tiempos legales, considera que la reacción institucional ocurrió demasiado tarde.
“Es inaceptable que esperen hasta el último día para promover un amparo en un asunto tan delicado. Esto debió estudiarse mucho antes”, afirma.
Recuerda que desde abril de este año había advertido a funcionarios estatales que estaba próxima una nueva resolución de apelación y que pidió información clara sobre la estrategia jurídica que seguirían las autoridades.
“Yo no soy abogada. Entiendo algunas cosas del proceso porque llevo muchos años en esto, pero necesitaba que me explicaran qué se iba a impugnar, bajo qué argumentos y qué se pretendía conseguir. Esa explicación nunca llegó”, sostiene.
Susana también cuestiona la manera en que algunas autoridades le hablan del caso. Dice que, en distintas reuniones, le han señalado que ya existe justicia porque hay una sentencia y una persona responsable condenada.
“El propio comisionado me decía que la justicia ya existe porque hay una sentencia y una persona responsable. Y sí, yo sé que existe una sentencia, pero yo no necesito que me expliquen los derechos de él porque esos ya los conozco. Lo que necesito es que me digan qué se está haciendo para que el amparo realmente produzca efectos y garantice justicia para mis hijos y para Lupita”, expresa.
Para ella, el caso no puede considerarse cerrado mientras persistan beneficios judiciales que, desde su perspectiva, reducen la gravedad del crimen y mientras continúen pendientes aspectos de la ejecución de la sentencia.
“Hay situaciones dentro de la ejecución de la sentencia que debieron revisarse y no se revisaron. Mis hijos siguen sin tener un acceso pleno a la justicia”, afirma.
El caso también, menciona Susana, ha reabierto el debate sobre si adolescentes que cometen delitos de alto impacto deberían ser juzgados como adultos. Sin embargo, Susana reconoce que cualquier reforma enfrentaría límites constitucionales e internacionales.
“México tiene tratados internacionales y existe el principio del interés superior de la niñez. Cambiar eso sería muy complicado”, explica. “Tal vez podrían hacerse reformas, pero requeriría el trabajo de muchas personas y organizaciones. Las familias también tenemos que sobrevivir, trabajar y seguir adelante. Lo veo difícil y complicado”.
Catorce años después del feminicidio de Lupita Viramontes Cruz, el expediente continúa abierto. Para su madre, la sentencia no significa el final de la búsqueda de justicia.
