Desiree Madrid
Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los animales acudieron este miércoles ante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado para hacer entrega formal de 23 mil 842 firmas ciudadanas —15 mil 142 físicas y el resto digitales— en respaldo a la iniciativa con turno 1642, conocida como la Ley Hope.
La movilización, impulsada durante más de un año por colectivos civiles sin vinculación partidista, busca reformar los artículos 110 y 317 del Código Penal del Estado para endurecer las sanciones en casos de maltrato y crueldad animal.
Las voceras de los colectivos explicaron que la propuesta busca incrementar la pena en los casos más graves de maltrato animal, que actualmente oscila entre tres y cinco años, para llevarla a un rango de cuatro a ocho años de prisión.
El objetivo de este ajuste, precisaron, es superar la media aritmética que establece el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, condición necesaria para que una carpeta de investigación pueda seguir su curso sin que el caso sea resuelto mediante acuerdos reparatorios. Además, se propone duplicar las multas económicas hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Adicionalmente, la iniciativa contempla agravantes que incrementarían la pena base en un 50 por ciento cuando los actos de crueldad animal se cometan en presencia de menores de edad; sean videograbados y difundidos; se trate de casos de crueldad extrema; exista ensañamiento o cuando el responsable sea un servidor público. Las activistas subrayaron que sin sanciones de este nivel, la ley resulta insuficiente para inhibir las conductas de abuso.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la advertencia dirigida al Congreso para que no modifique el fondo de la propuesta, pues en una reunión previa, realizada hace aproximadamente dos meses, se les informó de manera informal la intención legislativa de separar los conceptos de maltrato animal y crueldad animal en dos categorías distintas.
Para los colectivos, esa distinción debilitaría la ley, pues abriría la puerta a que los agresores argumenten que su conducta constituye maltrato y no crueldad, eludiendo así las penas más severas.
Las voceras indicaron que están dispuestas a negociar únicamente el punto relativo a la imprescriptibilidad del delito, siempre y cuando el resto de los elementos de la iniciativa sean respetados en sus términos.
Recalcaron que se trata de una iniciativa ciudadana, ingresada al Congreso hace ya un año, y que por esa misma condición ha avanzado con menor impulso institucional que las propuestas presentadas por grupos parlamentarios. Pese a ello, los colectivos han mantenido su independencia política a lo largo de todo el proceso.
Durante la conferencia se destacó que la recolección de firmas se sostuvo durante meses mediante una intensa labor de campo que incluyó escuelas, centros de trabajo, negocios locales y clínicas veterinarias, con presencia especial todos los domingos en la ciclovía del Jardín de Tequis.
Uno de los asistentes señaló que el volumen alcanzado representa el mayor registro de firmas ciudadanas reunidas para respaldar una iniciativa en el estado, superando el máximo previo que rondaba las cinco mil rúbricas.
Una de las personas presentes en el acto enfatizó la dimensión social del problema al señalar que el maltrato animal funciona como indicador de violencia intrafamiliar: cuando un animal es maltratado en un hogar, la familia en su conjunto está siendo víctima de violencia.
Bajo esa lógica, las organizaciones argumentaron que sanciones ejemplares no solo protegerían a los animales, sino que tendrían un impacto directo en la prevención de la violencia en la sociedad potosina.
Las organizaciones firmantes de la iniciativa son la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C., la Asociación Potosina por la Dignidad Animal de San Luis Potosí A.C., el Colectivo Dogs Lovers SLP, Perros Extraviados en Situación Crítica en San Luis Potosí, el Colectivo Praxis Combativa, Activismo Filosófico El Sabueso de Platón y Amigos de Corazón.
La iniciativa está pendiente de dictaminación por la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, y los colectivos esperan que el proceso concluya en votación durante esta misma semana.
Los colectivos reiteraron que se mantendrán vigilantes del proceso legislativo y que no aceptarán modificaciones que, a su juicio, vacíen de contenido una reforma que describen como el resultado de meses de lucha ciudadana sin respaldo institucional y sin bandera de ningún partido político.
