Marcela del Muro
Lo que más indigna a la policía de investigación Rosalinda Ávalos es haber pasado de víctima a denunciada, y que las autoridades estatales se han deslindado de su caso, dejándola desprotegida jurídicamente y sin acceso a las pruebas necesarias para defenderse.
En febrero de 2025, durante la sesión de insaculación de candidaturas para la elección judicial en el Congreso de San Luis Potosí, Ávalos advirtió públicamente que uno de los aspirantes a juez, el expolicía y abogado Sabas Santiago Ipiña, es uno de los presuntos implicados en el asesinato de sus dos hijos, ocurrido en 2020, además de tener posibles vínculos con el crimen organizado.
El abogado no obtuvo la candidatura, e inició acciones legales por la vía penal y civil contra Ávalos. El 23 de abril, la madre fue notificada de la demanda civil por daño moral en su contra. “Él dice que le tengo que pagar los nueve años de sueldo como juez”, explica Ávalos, quien se encuentra en la etapa de aportación de pruebas para su defensa, cuyo plazo concluye el próximo viernes.
Entre los documentos que requiere y no ha podido obtener se encuentra la resolución emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo tras la sesión de insaculación. “Necesito agregar copias de la resolución, saber por qué decidió el Comité que no continuara con la candidatura”.
Rosalinda Ávalos ha pasado días buscando la manera de conseguir esa acta. Recorrió las instalaciones del Congreso y buscó a los legisladores que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –quienes estuvieron a cargo de la aprobación de dicho Comité de Evaluación– para solicitar su ayuda, pero sin resultados.
“Vengo y me pasan de una oficina a otra. Cuando pasó lo de la denuncia, todos los de la Jucopo se comprometieron a apoyarme y ahora resulta que nadie me conoce, nadie se hace cargo”, explica Rosalinda Ávalos. El 26 de mayo, acudió a una cita con el diputado morenista José Roberto García Castillo, presidente de la Jucopo, pero el legislador se desentendió de la reunión y fue atendida por un secretario particular.
Hasta ahora, solo ha obtenido un oficio en el que el Congreso argumenta que no puede entregarle la información porque, al registrarse en la convocatoria, Ipiña solicitó la protección de sus datos personales. Según esa respuesta, la única vía para acceder al documento es mediante orden judicial.
Para Rosalinda esta negativa del Congreso profundiza su indefensión jurídica. Sostiene, además, que su denuncia pública fue consecuencia de una omisión del propio Comité de Evaluación –conformado por los profesionistas Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera–, cuya función era la revisión “de forma exhaustiva” de la idoneidad de las personas participantes para cada cargo.
“El Comité de Evaluación no hizo su trabajo, no hizo una evaluación de los candidatos. Tan es así que se coló este personaje. Yo tuve que evidenciarlo en el Congreso. Decir que tenía una denuncia en su contra. Decir en los que está involucrado. Decir que no reunía los requisitos constitucionales. Fue un acto de libertad de expresión, es un derecho, pero al final fue algo que tuve que hacer por el mal trabajo de ese Comité”, señala Rosalinda Ávalos.
