Fernanda Durán
El Congreso del Estado aseguró que no ha negado información a Rosalinda Ávalos, exagente de la Policía de Investigación que desde febrero de 2025 denunció públicamente al exaspirante judicial Sabas Santiago Ipiña Ramírez, a quien señala como presunto implicado en el asesinato de sus dos hijos ocurrido en 2020.
La declaración surge luego de que Ávalos denunciara públicamente obstáculos para obtener documentos relacionados con la exclusión de Ipiña Ramírez del proceso de elección judicial extraordinaria, información que busca utilizar como parte de su defensa en la demanda civil por daño moral promovida en su contra por el propio exaspirante.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado morenista José Roberto García Castillo, afirmó que ya fue atendida por el Congreso y que incluso se le explicó el procedimiento para acceder a la documentación que solicita.
“De ninguna manera vamos a estar negando información”, sostuvo el legislador, quien señaló que el retraso en la entrega obedece a formalidades jurídicas derivadas del proceso judicial en curso.
Según explicó, el Congreso busca evitar que la documentación solicitada pueda generar consecuencias legales tanto para la denunciante como para el propio Poder Legislativo, debido a que los expedientes contienen datos personales protegidos por consentimiento firmado durante el registro de aspirantes a la elección judicial.
“Tenemos que cumplir con ciertas formalidades”, dijo García Castillo. “Todo será conforme a derecho”.
De acuerdo con lo expresado por el legislador y su equipo jurídico, la recomendación hecha a Rosalinda Ávalos fue que la información sea requerida directamente por la autoridad jurisdiccional que conoce del litigio civil, a fin de que el expediente pueda entregarse de manera certificada y sin vulnerar disposiciones relacionadas con protección de datos personales.
El particular del diputado explicó que si el Congreso entregaba directamente la documentación completa a la denunciante y ésta la incorporaba por cuenta propia al juicio, la contraparte podría incluso argumentar un uso indebido de información reservada o cuestionar la legalidad de la prueba.
La controversia gira particularmente en torno a la resolución y valoración realizada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, integrado por Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera, órgano que permitió inicialmente el avance de Sabas Santiago Ipiña Ramírez dentro del proceso de selección judicial.
Rosalinda Ávalos sostiene que fue precisamente una omisión de dicho comité la que la obligó a hacer pública su denuncia durante la sesión de insaculación de candidaturas realizada en febrero pasado, al considerar que no se revisó de manera exhaustiva la idoneidad del aspirante.
Aunque el Congreso reconoce que la decisión de excluir finalmente a Ipiña Ramírez estuvo relacionada con “acusaciones” y situaciones que “manchaban su imagen”, García Castillo evitó detallar públicamente las valoraciones específicas realizadas por el comité o los documentos internos del proceso.
“Son cuestiones que firmamos nosotros de cuidar los datos particulares de cada quien”, argumentó el diputado al ser cuestionado sobre la posibilidad de transparentar a la ciudadanía las razones que llevaron al descarte del aspirante.
Actualmente, Rosalinda Ávalos aún busca acceder a las resoluciones completas del proceso legislativo antes de que concluya el plazo para presentar pruebas dentro de la demanda civil que enfrenta.
