Desiree Madrid
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, reconoció que el transporte público en el estado atraviesa una crisis derivada de “tantos años de ausencia de la autoridad”, por lo que el Gobierno del Estado ha invitado formalmente a los concesionarios que consideren que su operación ya no es rentable a devolver sus permisos para reasignarlos a empresas con mayor capacidad de inversión.
“Los que ya consideren que no es redituable, que ya es algo que les está causando una afectación, les hemos hecho la invitación a que entreguen las concesiones para que puedan ser resignadas a empresas que sean solventes y que deseen invertir en el Estado con vehículos de alta gama”, declaró la funcionaria.
Martínez Acosta señaló que el gobierno exige la incorporación de unidades Euro 5, que no generan emisiones contaminantes, y que a principios de año ya se integraron algunas de ellas al parque vehicular.
Reconoció, sin embargo, que el costo de cada unidad supera los 2.7 millones de pesos, por lo que no es posible exigir una renovación masiva inmediata, y que en cambio se trabaja bajo un esquema de plazos progresivos.
“Te doy un plazo, te doy un tiempo para que puedas ir mejorando progresivamente”, explicó.
La secretaria admitió que la falta de regulación sobre horarios de operación es uno de los problemas estructurales del sector. En municipios como Matehuala, usuarios han reportado que el servicio de taxi se interrumpe desde las seis de la tarde.
Ante eso, Martínez Acosta reconoció que “no hay una regulación respecto del horario que deben de trabajar las concesiones”, pues los operadores “se ponen sus metas económicas y se retiran en el horario que ellos quieren”.
Para atender ese problema, la dependencia realiza actualmente estudios de movilidad en Matehuala, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Villa de Reyes, Rioverde y probablemente Tamazunchale, con el objetivo de otorgar nuevas concesiones donde se detecten déficits de cobertura.
La funcionaria también mencionó la posibilidad de reestablecer sitios de taxi que fueron eliminados en años anteriores, y se trabaja en modificaciones tanto a la ley de transporte como a su reglamento.
Respecto a los bloqueos protagonizados por taxistas en protesta por diversas demandas, Martínez Acosta señaló que el diálogo permanece abierto, pero la dependencia “no puede tolerar ni permitir la ilegalidad”.
En cuanto a las agresiones de taxistas contra conductores de plataformas digitales, indicó que el tema se atiende a través de la Secretaría General de Gobierno.
La funcionaria también confirmó que la MetroRed para la Huasteca y Rioverde arrancará este año, aunque sin fecha definida, al estar condicionada a la llegada de las unidades ya adquiridas. Por el momento, se tienen reuniones con aspirantes a operadores de ambas regiones para iniciar su capacitación.
“Es este año, no tenemos una fecha establecida porque dependemos de que las unidades lleguen”, afirmó.
Sobre el transporte público en general, Martínez Acosta defendió que la tarifa no puede ajustarse cada vez que suben los combustibles, como algunos concesionarios han solicitado, dado que eso no está contemplado en la ley.
“No podemos seguir o pretender que cada que aumente el combustible se vaya encareciendo el transporte público”, sostuvo, además de reiterar que la obligación de los concesionarios es mantener unidades en condiciones dignas como parte de los requisitos que aceptaron al recibir sus permisos.
La dependencia trabaja también en la elaboración de una ley de movilidad estatal y en la conformación de comités ciudadanos, estudiantiles y de movilidad en distintas regiones, mecanismos que, según la funcionaria, han permitido identificar las necesidades específicas de cada municipio.
“No podemos ver reglas generales porque cada municipio tiene sus particularidades y sus necesidades propias”, concluyó.
