Desiree Madrid
El Gobierno de San Luis Potosí impulsa la firma de un nuevo Pacto de Civilidad político-electoral con miras al proceso de 2027, en el que se renovarán la gubernatura, las 59 presidencias municipales y las 27 diputaciones locales.
La propuesta fue anunciada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tras una reunión interinstitucional con autoridades electorales y representantes de los poderes públicos involucrados en la organización de los comicios.
De acuerdo con el funcionario, en la mesa participaron representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Poder Legislativo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Estado.
Explicó que el papel del Ejecutivo consiste en acompañar y facilitar la coordinación entre las instituciones responsables del proceso.
Torres Sánchez afirmó que la administración estatal tiene un interés “genuino y permanente” en que la contienda electoral se desarrolle en condiciones de paz, legalidad y amplia participación ciudadana.
“Que el proceso electoral sea un proceso en paz, alejado de cualquier tipo de violencia, donde impere la decisión voluntaria del pueblo”, expresó.
Según adelantó, el pacto buscará generar canales de comunicación y entendimiento entre los actores políticos y sociales que participen en el proceso electoral, así como la intención de evitar la generación de conflictos o escenarios de confrontación durante el desarrollo de la contienda.
En ese contexto, sostuvo que el acuerdo permitiría identificar a quienes, desde distintos espacios, contribuyan a generar tensión política o social. Sin embargo, no detalló cuáles serían los criterios para determinar quiénes podrían ser considerados dentro de esa categoría ni qué instancia tendría esa atribución.
Durante la reunión también se abordó la necesidad de concretar una reforma electoral antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Torres Sánchez consideró que contar con reglas definidas antes del inicio formal del proceso contribuiría a brindar certeza jurídica tanto a las autoridades como a los participantes.
La firma del pacto, añadió, podría realizarse durante la primera o segunda semana de agosto y estaría abierta a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión.
Al ser cuestionado sobre aquellos partidos que no quieran participar, como fue el caso de Morena en la última firma de un pacto así, el secretario aclaró que la adhesión será voluntaria y que no existirán sanciones o consecuencias para quienes decidan no participar.
“Es un acto de responsabilidad, voluntario”, señaló.
No sería la primera ocasión en que el Ejecutivo estatal promueve un acuerdo de esta naturaleza. En noviembre de 2023, previo al proceso electoral de 2024, la administración convocó a una firma similar en Palacio de Gobierno con la participación de partidos políticos, instituciones electorales, organismos de justicia y representantes académicos.
En aquella ocasión, Morena en San Luis Potosí decidió no suscribir el documento al argumentar que no fue convocado a su elaboración. El partido sostuvo que un pacto de civilidad debe construirse con la participación de todas las fuerzas involucradas para que represente compromisos compartidos y no únicamente una declaración de principios.
El entonces contexto derivó en un intercambio de posturas entre el partido y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien atribuyó la ausencia de la dirigencia morenista a los movimientos internos relacionados con el proceso electoral federal de 2024.
