Fernanda Durán
En seguimiento a los incumplimientos registrados en las aportaciones estatales a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que al cierre de mayo acumulaban un adeudo de 162 millones 553 mil 192.27 pesos de acuerdo con el Tablero de Cumplimiento de Aportaciones de la Subsecretaría de Educación Superior, el rector Alejandro Zermeño Guerra afirmó que la institución no contempla promover acciones derivadas de los retrasos en las ministraciones previstas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2026, al considerar que la universidad únicamente figura como beneficiaria del acuerdo firmado entre la Federación y el Gobierno del Estado.
La declaración ocurre después de que, días antes, el rector evitara pronunciarse sobre el cumplimiento de las aportaciones estatales y señalara que correspondería al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Finanzas explicar cómo se cubrirán los recursos pendientes para este año.
Cuestionado sobre la posibilidad de hacer valer las cláusulas del convenio ante los incumplimientos registrados en las aportaciones estatales, Zermeño sostuvo que las obligaciones derivadas del documento corresponden a las autoridades que lo suscribieron para financiar la educación superior.
“El convenio es Federación-Estado. O sea, el incumplimiento de alguna de las partes es entre ellos. La universidad es la beneficiaria”.
Explicó que, desde su interpretación, si alguna de las partes incumple con los compromisos asumidos, corresponde a la otra exigir el cumplimiento o solicitar explicaciones.
“Si la Federación decidiera, por ejemplo, no cumplir el convenio, al que le tiene que dar una explicación es al Estado. Si el Estado no cumple el convenio, a la que le tiene que dar una explicación y el que le puede exigir el cumplimiento es la Federación”.
El rector añadió que la universidad participa como firmante beneficiaria del convenio, pero no como parte obligada dentro de la relación financiera principal:
“Nosotros solamente somos beneficiarios, somos firmantes beneficiarios”.
Sobre la propuesta de autonomía financiera impulsada por la universidad desde años anteriores, Zermeño descartó que actualmente se exploren nuevas rutas jurídicas para promoverla y que la solicitud formal ya fue presentada ante el Congreso del Estado.
“La petición de autonomía financiera se ha hecho basado en las cuestiones financieras de la universidad y ha salido de la oficina de rectoría”.
Recordó que la propuesta fue entregada formalmente en dos ocasiones y que se encuentra sustentada en estudios sobre las necesidades presupuestales de la institución y su relación con la economía estatal.
“Ya tenemos tres años que oficialmente hemos hecho la solicitud de esa autonomía financiera hacia el Congreso. O sea, nosotros ya hemos solicitado formalmente esto y la respuesta tiene que estar del Congreso”.
Respecto a la cláusula del convenio que plantea avanzar hacia un esquema de financiamiento en el que Federación y Estado aporten cantidades equivalentes a la universidad, el rector consideró que el objetivo continúa siendo viable y que existen precedentes en otras entidades.
Según expuso, entre ocho y diez estados ya operan bajo esquemas de financiamiento paritario e incluso algunos han superado ese objetivo.
“Hay estados como Veracruz, como Jalisco, que el estado ya da más que la Federación”.
Zermeño estimó que para alcanzar un esquema similar en San Luis Potosí sería necesario destinar alrededor de entre 3.5 y 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal a la educación superior, una meta que consideró factible desde el punto de vista presupuestal.
“Porque las cifras que yo te puedo decir para cualquier mortal son impensables. Cuando te digo de miles de millones de personas son impensables, pero para el Estado no lo son tantos, ni para la Federación tampoco. Porque, bueno, pues ellos manejan cantidades de dinero diferentes a los que un ser humano normal podemos tener en nuestra vida diaria (…) Obviamente, te digo, eso depende de la voluntad”.
