Por Victoriano Martínez
El acto raya en el cinismo: personal de empresas constructoras que utilizan ductos y alcantarillas que tienen sellos de suspensión definitiva para desalojar aguas residuales de los fraccionamientos que desarrollan y arrojarlas al Río Calabacillas en la comunidad chichimeca de San Marcos Carmona, en el municipio de Mexquitic.
Las condiciones en las que se da el acto exhiben la negligencia y el incumplimiento por parte de las autoridades responsables de evitar ese daño ecológico de lo que aseguran realizar:
“La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) mantiene acciones permanentes de inspección y vigilancia en el Río Calabacillas, en Mexquitic de Carmona, para proteger el medio ambiente y la salud de las comunidades, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA)”, señaló en un comunicado el pasado 16 de enero la dependencia estatal.
Por un procedimiento judicial en curso, el Ayuntamiento de Mexquitic debe reportar semanalmente ante un juzgado las acciones que se realizan en el río Calabacillas, dijo Rafael Pérez Rojas, presidente municipal de Mexquitic, luego de asegurar que se mantienen operativos de limpieza y vigilancia en la zona.
Ni el refuerzo de las acciones permanentes de inspección y vigilancia que asegura realizar la SEGAM, ni operativos de limpieza y vigilancia en la zona por parte del Ayuntamiento parecen tener algún resultado que efectivamente proteja de la contaminación al Río Calabacillas.
Son los vecinos quienes, ante la ausencia de las autoridades responsables, suelen documentar las faltas en las que incurren los fraccionadores sin el más mínimo respeto a los sellos de suspensión colocador por la autoridad.
Sí, se trata de sellos colocados por la SEGAM, a pesar de que el pasado mes de marzo, durante una inspección en el sitio, Sonia Mendoza Díaz, titular de esa dependencia, reprendió a personas que participaron en una inspección para deslindarse de la responsabilidad de atender el caso.
“No es pelota, usted ubíquese primero (…) lo que le corresponde a cada quien, si usted le consta que es responsabilidad de nosotros, clausuramos, no nos corresponde ¡entienda! No puedo yo venir al municipio a clausurar cosas que son sus facultades, la ley es la ley (…) hay cosas que le toca hacer al municipio, el municipio tendría que estar clausurando esto, ¿sí?”, reclamó entonces.
Tras esos desarrollos inmobiliarios existen situaciones irregulares que tienen que ver con el despojo del territorio de la comunidad chichimeca de San Marcos Carmona, quienes mantienen litigios desde hace once años, entre los que han logrado el reconocimiento como comunidad indígena y la obligación de ser consultados sobre las que hoy provocan contaminación sobre el Río Calabacillas.
Circunstancias ante las que los derechos de la comunidad indígena no son protegidos adecuadamente ni por la SEGAM ni por la autoridad municipal, que parece más preocupada por favorecer el crecimiento urbano que atender los derechos de los habitantes de San Marcos Carmona.
“Es una zona que está en constante crecimiento de desarrollo inmobiliario; en los próximos años se va a detonar bastante el crecimiento en la zona, de casas y residenciales de nivel medio alto. De nuestra parte como municipio tratamos de brindarle los servicios a la gente, como lo es el agua potable”, ha declarado Pérez Rojas.
Aún no asume que por tratarse de obras que afectan a una comunidad indígena existe obligación de consultarlos, en tanto que exhibe mayor preocupación de hacer mancuerna con los desarrolladores al facilitarles la prestación de servicios, antes que valorar los derechos de la comunidad chichimeca.
Tras el reconocimiento como comunidad chichimeca, el Congreso del Estado ha sido omiso en avanzar en fortalecer constitucionalmente esa nueva condición e incorporarlos –tras ser reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y el Tribunal Electoral del Estado (TEE)– a la Constitución Política del Estado y a la Ley de Consulta Indígena.
Si las omisiones de la SEGAM y el Ayuntamiento de Mexquitic dejan desprotegida a la comunidad de San Marcos Carmona del despojo inmobiliario y su irresponsable contaminación del Río Calabacillas, la omisión de los diputados les impide contar con personalidad constitucional que reforzaría la lucha por su territorio y por la defensa de otros derechos como el de un ambiente sano.
