Desiree Madrid
Las recientes reacciones de vecinos ante hechos delictivos en la zona metropolitana, donde habitantes de una colonia habrían retenido y agredido a un supuesto asaltante, llevaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) a reiterar que las detenciones ciudadanas tienen límites legales y no deben derivar en actos de violencia.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que la participación de la ciudadanía puede ser válida cuando se trata de impedir la fuga de una persona sorprendida en flagrancia, pero esto no autoriza a nadie a ejercer castigos físicos.
El funcionario explicó que la legislación contempla la figura de la detención ciudadana, aunque esta debe realizarse respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas, e incluso los cuerpos policiales están sujetos a protocolos que les impiden recurrir al maltrato durante una intervención.
“Legalmente ya se ve que sí existe el arresto ciudadano o la detención ciudadana. Lo que no se debe permitir es que los maltraten”, expresó.
Juárez Hernández sostuvo que uno de los principios fundamentales en la actuación policial es el respeto a los derechos humanos, por lo que la ciudadanía también debe observar esos límites cuando interviene en una situación de este tipo.
“Nosotros con todos nuestros años de experiencia, nuestros cursos y capacitaciones, una de las cuestiones que está prohibida es violar los derechos humanos”, afirmó.
Añadió que esa restricción aplica independientemente de la conducta que se atribuya a la persona retenida.
De acuerdo con el secretario, cuando ocurre una detención ciudadana el procedimiento correcto consiste en poner al individuo a disposición de las autoridades tan pronto como estas arriben al lugar.
“Lo que procede es la entrega inmediata al policía que llegue primero al auxilio o al apoyo”, señaló, al explicar que corresponde a los agentes determinar si existen elementos legales para proceder con una detención formal o iniciar alguna investigación.
Aunque descartó que se trate de situaciones frecuentes, en los últimos meses sí se han registrado algunos casos en los que la ciudadanía recurrió a la violencia antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.
“Sí recuerdo tres casos donde ya habían ejercido violencia en contra de la persona”, comentó.
Según explicó, la mayoría de esos hechos estuvieron relacionados con señalamientos de robo.
El titular de la dependencia señaló que no todas las intervenciones ciudadanas derivan en agresiones físicas. Como ejemplo, mencionó situaciones registradas en establecimientos comerciales donde personal de seguridad privada detecta a personas presuntamente involucradas en robos y evita que abandonen el lugar mientras arriban los elementos policiacos. En esos casos, la actuación se limita a impedir la huida sin recurrir a actos de violencia.
Las declaraciones del funcionario reflejan una preocupación institucional frente a las expresiones de justicia por propia mano que suelen surgir cuando existe indignación social por determinados delitos. Aunque el enojo de las víctimas o de los vecinos puede resultar comprensible ante ciertos hechos, la autoridad sostiene que las agresiones contra personas retenidas pueden constituir nuevas conductas ilícitas y complicar los procedimientos legales posteriores.
“La ciudadanía tiene prohibido eso, ¿no? Lastimarlos, maltratarlos, independientemente de lo que se hayan visto involucrados”, enfatizó Juárez Hernández.
Para el secretario, la colaboración ciudadana puede contribuir a la seguridad cuando se realiza dentro del marco legal, pero pierde legitimidad cuando se transforma en castigo físico contra quienes son señalados como responsables de algún delito.
