Desiree Madrid
Alrededor de 200 personas marcharon la mañana de este martes desde la Alameda Juan Sarabia hasta las instalaciones del Congreso del Estado para manifestar inconformidades relacionadas con distintos temas, entre ellos la denominada Ley Serrano, demandas del gremio taxista, casos de víctimas, conflictos agrarios, despidos laborales y señalamientos sobre la actuación de organismos públicos.
La movilización reunió a ciudadanos de diversos sectores que buscaron exponer directamente sus demandas ante las y los legisladores.
La protesta inició alrededor de las nueve de la mañana y avanzó por calles del Centro Histórico hasta llegar al recinto legislativo.
Durante el trayecto se escucharon consignas como “Fuera Ley Serrano”, “Saquen a Serrano”, “Nosotros les pagamos”, así como expresiones de respaldo a taxistas, comunidades involucradas en disputas territoriales, y otros grupos que acudieron a la convocatoria para visibilizar sus demandas.
Entre las participantes se encontraba la abogada Natalia Castillo, quien ha acompañado causas relacionadas con el gremio taxista y con representantes de medios de comunicación que han denunciado actos de censura.
Uno de los principales reclamos de la movilización fue la derogación de la llamada Ley Serrano, además de exigir mayor apertura por parte de los diputados y diputadas para atender las problemáticas planteadas por distintos sectores de la sociedad.
Al llegar al Congreso del Estado, los manifestantes encontraron cerrados los accesos principales. La negativa del personal de seguridad para permitir la entrada provocó momentos de tensión y forcejeos en las puertas del recinto. Durante varios minutos se registraron empujones entre los asistentes y los elementos encargados de resguardar el inmueble, mientras los participantes insistían en ingresar para exponer directamente sus demandas.
Finalmente, los manifestantes lograron acceder a las instalaciones y avanzaron hacia el interior del edificio. Una vez dentro, reclamaron la ausencia de buena parte de los legisladores.
De acuerdo con lo observado durante la protesta, no se encontraban presentes las y los diputados del Partido Verde Ecologista de México: Jacquelinn Jáuregui Mendoza, César Arturo Lara Rocha, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, Luis Fernando Gámez Macías, Roxanna Hernández Ramírez, Brisseire Sánchez López, Héctor Serrano Cortés, Luis Felipe Castro Barrón, María Dolores Robles Chairez y Dulcelina Sánchez de Lira.
Entre los legisladores que sí se encontraban en el Congreso durante el ingreso de los manifestantes estaban Sara Rocha Medina y Frinné Azuara Yarzábal, del PRI; Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, del PAN; además de los morenistas Emilio Rosas Montiel, Nancy Jeanine García, Jessica Gabriela López Torres, Carlos Arreola Mallol; además de Crisógono Pérez López, de Nueva Alianzas; y Tomás Zavala González, del Partido del Trabajo.
La ausencia de la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo fue reprochada por los manifestantes que ya ocupaban el recinto.
En el interior del pleno, representantes de diversos grupos tomaron la palabra para exponer sus problemáticas. Entre los temas abordados estuvieron las demandas del gremio taxista, denuncias de periodistas, conflictos por tierras en Mexquitic y Escalerillas, solicitudes para quitar del cargo a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, casos de despidos considerados injustificados y preocupaciones por los sobrevuelos realizados en la zona del Sótano de las Golondrinas vinculados a actividades turísticas, incluso ciudadanos que denunciaron casos por abuso de autoridad de la policía de soledad.
Los participantes también cuestionaron el trabajo legislativo y la asistencia de los diputados al Congreso. Durante las intervenciones hicieron referencia a los salarios que perciben los representantes populares, recursos que provienen de los contribuyentes.
La movilización se extendió por aproximadamente dos horas, desde su salida de la Alameda hasta el ingreso al recinto legislativo, donde los manifestantes insistieron en que sus demandas sean escuchadas y atendidas por quienes integran el Congreso del Estado.
