Fernanda Durán
Integrantes del observatorio denominado Radar del Agua, acompañados por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Fernando Gámez Macías y el investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Hilario Charcas Salazar, presentaron este miércoles un diagnóstico sobre el desempeño de Interapas, en el que otorgaron al organismo una calificación general de 30.25 por ciento de eficiencia y anunciaron que impulsarán reformas para transparentar indicadores de operación.
De acuerdo con sus impulsores, Radar del Agua busca generar evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los organismos operadores mediante una metodología basada en tres indicadores: eficiencia física, eficiencia comercial y atención ciudadana.
Durante la presentación señalaron que el proyecto pretende contrastar la información oficial con la experiencia de los usuarios convirtiendo las denuncias ciudadanas en información respaldada por especialistas y generar diagnósticos periódicos.
“La eficiencia de un organismo no se mide en sus oficinas, se mide en la llave de tu casa”, señaló la diseñadora urbana Jéssica Guadalupe Hernández Meza durante la exposición del proyecto.
Como parte de este primer ejercicio, la iniciativa evaluó al organismo operador Interapas, responsable del suministro de agua en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.
Para ello, se diseñó un sistema de evaluación basado en un “semáforo del agua”, donde los niveles más altos representan un servicio continuo y los más bajos reflejan condiciones críticas de operación.
Los resultados colocaron a Interapas con una eficiencia general de 30.25 por ciento, porcentaje que, de acuerdo con los responsables del diagnóstico, corresponde a un escenario de colapso operativo.
Durante la presentación se explicó que el indicador refleja problemas persistentes como atención tardía a reportes ciudadanos, deficiencias en el mantenimiento de infraestructura, fugas, falta de planeación y una brecha entre el pago realizado por los usuarios y la calidad del servicio recibido.
“Interapas representa un 30.25 por ciento. ¿Esto qué significa? Que Interapas se encuentra en un nivel crítico. No es sólo por falta de lluvia o por sequías; estamos ante un quiebre administrativo, es una falla directa en la garantía de los derechos humanos del agua hacia nuestras familias”, sostuvo Hernández Mesa.
El estudio también incluyó un análisis comparativo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), organismo que obtuvo una eficiencia de 84.15 por ciento bajo la misma metodología.
De acuerdo con los resultados expuestos, SAPAL mantiene una mayor eficiencia física en la distribución del agua, mejores niveles de recuperación comercial y tiempos de atención más rápidos a los reportes ciudadanos, mientras que Interapas presenta rezagos significativos en los tres rubros evaluados.
La diferencia entre ambos organismos, señalaron, alcanza 53.90 puntos porcentuales, lo que evidencia una amplia brecha en materia de operación y atención al usuario.
Como parte de las conclusiones del diagnóstico, Radar del Agua presentó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la operación de los organismos operadores.
Entre las propuestas destaca la implementación de un sistema ágil de atención donde cada reporte ciudadano genere un folio público y cuente con un tiempo máximo de reparación; asimismo, plantean que los recursos recaudados por concepto del servicio se destinen prioritariamente a la rehabilitación de redes hidráulicas, reparación de fugas y mantenimiento de pozos, reduciendo los costos administrativos.
En el ámbito legislativo, el diputado Luis Fernando Gámez Macías informó que ya se impulsa una iniciativa para fortalecer la transparencia en los organismos operadores de agua. Explicó que la propuesta busca obligar a estas instituciones a publicar de manera periódica sus indicadores de desempeño y permitir una supervisión permanente sobre su funcionamiento.
“Nosotros, antes de que terminara el periodo, impulsamos una iniciativa para que los organismos operadores tengan la obligación de transparentar la eficiencia física, comercial y sus avances mes con mes y que pueda haber, por supuesto, una valoración también del Instituto de Fiscalización Superior del Estado para deslindar responsabilidades o para que atienda conforme la norma”.
Gámez Macías insistió en que el objetivo del proyecto no es generar confrontación política, sino ofrecer herramientas técnicas que permitan mejorar la planeación del recurso hídrico y transparentar el desempeño institucional.
No obstante, él ha sido uno de los principales promotores de la desincorporación de Soledad del organismo y de la modificación del actual modelo de gestión del agua en la zona metropolitana.
“Lo que queríamos era evitar que el día de mañana el organismo operador sienta que es un ataque político (…) hoy tenía el compromiso de venir a señalarlo y decir: esto está ocurriendo sin tintes de ninguna categoría”.
Durante la presentación, los organizadores atribuyeron el bajo desempeño de Interapas a deficiencias en la gestión del organismo, al señalar problemas como retrasos en la atención de reportes, reparaciones de mala calidad, falta de planeación y mantenimiento insuficiente de la infraestructura hidráulica.
Al exponer los resultados, Hernández Meza sostuvo que, de acuerdo con la evaluación realizada, “hay un colapso continuo, la gente denuncia al organismo y lo ignora, incompetencia, reparación de mala calidad, falta de planeación, operan como bomberos, reaccionan tarde ante las crisis al darles mantenimiento”.
Asimismo, afirmó que persisten fugas, colonias que permanecen semanas sin agua y brotes de aguas negras derivados de la falta de mantenimiento.
Desde una perspectiva técnica, el investigador Hilario Charcas Salazar, opinó que el abastecimiento de agua en la capital potosina ha cambiado con el crecimiento de la ciudad, pues en la década de 1970 la mayor parte del suministro provenía de las presas; sin embargo, el desarrollo urbano e industrial incrementó la demanda y obligó a depender en mayor medida del acuífero de San Luis Potosí, el cual, dijo, ha disminuido tanto en cantidad como en calidad, por lo que fue necesario incorporar nuevas fuentes de abastecimiento.
El académico señaló que uno de los principales problemas se encuentra en la red de distribución, donde ejemplificó que de cada cuatro litros de agua extraídos, dos se pierden antes de llegar a los usuarios.
“Si lo vemos desde el punto de vista de la cantidad de agua, sólo eso, la idea académica que hay es de que como ejemplo se extraen cuatro litros de agua, dos se pierden en su conducción hacia los diferentes hogares, los diferentes usuarios y como que no tiene mucho sentido”.
Charcas Salazar consideró que el principal desafío radica en la gestión del recurso y no únicamente en la disponibilidad de agua. “Principalmente el problema del agua es de gestión y yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas en cuanto a la gestión”, afirmó, al tiempo que llamó a sumar esfuerzos entre autoridades, especialistas y ciudadanía para atender la problemática.
Durante la ronda de preguntas, el investigador sostuvo que existen las condiciones técnicas para mejorar el servicio y reducir las pérdidas en la red hidráulica.
“Tecnológicamente hay el conocimiento. En la parte de organizar, también hay formas y hay experiencias donde es posible hacer un mejor aprovechamiento, un mejor uso del agua”.
Por su parte, Luis Fernando Gámez Macías advirtió que, a su consideración, la situación del servicio podría agravarse si no se realizan inversiones en infraestructura y planeación de largo plazo.
“Sí, podemos estar peor si seguimos negando lo evidente, si seguimos negando que no haya una crisis (…). No hay un plan elaborado para la disponibilidad de agua de San Luis Potosí con miras al año 2050 (…) porque hoy por hoy la ciudad, tanto San Luis Potosí como Soledad, tiene equipos de hace más de 50 años. Entonces, si no le ponemos atención, podemos empeorar”.
Finalmente, el legislador afirmó que el diagnóstico pretende servir como una herramienta para que las autoridades revisen su planeación y mejoren la prestación del servicio, además de contribuir a la discusión de posibles reformas relacionadas con la gestión del agua.
