Fernanda Durán
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) informó que analiza emprender nuevas acciones legales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que recientemente les fuera negada la toma de nota de su dirigencia sindical.
La secretaria general del sindicato, Francisca Reséndiz Lara, señaló que será la asamblea sindical la que determine la ruta jurídica a seguir, aunque entre las opciones se encuentra recurrir nuevamente a instancias nacionales e internacionales.
“Tenemos otras alternativas, o sea, lo que decida la asamblea, si nos vamos a la Suprema Corte de Justicia, si nos vamos a la OIT, pero el proceso sigue”.
La dirigente sindical acusó que el Gobierno del Estado pretende utilizar la ausencia de la toma de nota para desconocer al sindicato y suspender la entrega de recursos, así como las prestaciones que anteriormente recibían como organización gremial.
“El gobernador piensa que si no tenemos la toma de nota ya no somos sindicato, pues está muy equivocado porque nosotros seguimos siendo sindicato”.
Reséndiz Lara afirmó que las afectaciones al sindicato comenzaron desde el inicio de la actual administración estatal, cuando aún contaban con el reconocimiento formal de su dirigencia, por lo que rechazó que la situación actual pueda atribuirse únicamente al proceso interno celebrado en 2024.
“En 2021 teníamos una toma de nota, 2022, 2023, 2024 hasta septiembre de 2024 fueron las elecciones”, aseguró.
La dirigente sostuvo que el conflicto laboral se mantiene sin solución pese a la existencia de una minuta firmada entre autoridades estatales y representantes sindicales, cuyo cumplimiento continúan exigiendo desde hace varios años.
Incluso señaló que la intervención de la Secretaría de Gobernación federal permitió establecer mesas de diálogo periódicas, y han fungido como instancia de intermediación entre el sindicato y el Gobierno del Estado; sin embargo, los acuerdos alcanzados en esas mesas no se han traducido en atención o soluciones a nivel local.
“En noviembre el Gobierno de San Luis se comprometió en Gobernación Federal que nos iba a recibir aquí en San Luis para solucionar”, afirmó la dirigente, quien agregó que posteriormente la reunión ya no se concretó.
“Nos iba a recibir aquí en San Luis para solucionar (…) se ofendieron y ya no nos dieron la reunión”, sostuvo.
De acuerdo con Reséndiz Lara, las reuniones de seguimiento continúan realizándose cada dos meses en la instancia federal y esperan que durante julio se concrete un nuevo encuentro.
Durante la rueda de prensa, el sindicato también realizó un recuento de diversas afectaciones que atribuye al conflicto laboral sostenido con el Gobierno del Estado desde 2021. Entre ellas, mencionó el fallecimiento de 24 trabajadores afiliados durante el actual sexenio y denunció retrasos en la entrega de gastos de marcha a sus beneficiarios.
Asimismo, destacaron que continúan pendientes pagos relacionados con pensiones, recursos sindicales, cuotas y otros compromisos laborales que permanecen sin resolverse desde años anteriores.
Como respaldo de sus señalamientos, el sindicato exhibió copias de oficios presentados ante la Oficialía Mayor entre 2022 y 2025 para solicitar el pago de gastos de marcha a familiares de trabajadores fallecidos de distintas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La dirigente recordó que el sindicato mantiene tres denuncias presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con presuntas violaciones a derechos laborales y a la libertad sindical.
“Señalando toda la represión que ha hecho con todos sus trabajadores”, afirmó.
Añadió que la asamblea sindical también analizará la posibilidad de promover nuevos recursos relacionados con la libertad sindical y el reconocimiento de la organización.
El SITTGE reiteró sus señalamientos sobre presuntas presiones políticas al interior de la administración estatal y posibles condicionamientos laborales relacionados con actividades partidistas.
Reséndiz Lara afirmó que conforme se acerca el próximo proceso electoral se intensifican las presiones hacia trabajadores para participar en actividades de promoción política o afiliarse a determinado partido político.
“Hemos denunciado las afiliaciones forzosas a favor del proyecto político del mandatario estatal”, declaró.
La dirigente también acusó presiones para respaldar publicaciones en redes sociales y participar en actividades políticas, además del presunto uso de programas sociales con fines electorales.
Finalmente, el sindicato pidió al Gobierno del Estado respetar los derechos laborales, políticos y sindicales de los trabajadores de la administración estatal y evitar cualquier condicionamiento relacionado con su permanencia laboral o participación política.
