Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respondió este martes al señalamiento de un padre de familia de las víctimas mortales del caso Rich, quien acusó que tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí como el Gobierno del Estado han retrasado los procesos administrativos para fincar responsabilidades a servidores públicos por la tragedia ocurrida en junio de 2024.
Cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal se pronunció por agilizar las investigaciones y dirigió el llamado a la Fiscalía General del Estado.
“Nosotros estamos con el padre de familia, vamos a exigir, no a pedir, a exigirle a la Fiscalía que ya resuelva, que mande ya a llamar a los involucrados tanto del municipio como del Estado, finque responsabilidades ya y los lleve ante la ley”, declaró Gallardo.
El gobernador agregó que corresponde a la autoridad ministerial determinar las responsabilidades que procedan y llevar ante la justicia a quienes resulten involucrados, sin ofrecer fechas o plazos para ello.
La postura del mandatario se produce mientras el proceso penal por el colapso de un barandal en el antro Rich, ubicado en Plaza Alttus, avanza hacia la etapa de juicio oral. La tragedia, ocurrida en junio de 2024, dejó dos jóvenes fallecidos y varias personas lesionadas.
De acuerdo con antecedentes de este medio, el juez de la causa dio por concluida la etapa intermedia del proceso, con lo que quedó definida la depuración de las pruebas que serán desahogadas durante el juicio.
Como parte de esa resolución, el juzgador aprobó el listado definitivo de testigos que comparecerán ante el tribunal. Según lo revelado por el padre de familia que ha encabezado públicamente la exigencia de justicia por este caso, entre ellos fueron incorporados como testigos funcionarios estatales y municipales, además de particulares, con el objetivo de esclarecer las actuaciones relacionadas con los permisos y supervisión del establecimiento.
Las investigaciones también alcanzan áreas encargadas de la expedición de licencias de construcción y funcionamiento, donde se busca esclarecer si existieron omisiones por parte de servidores públicos. La comparecencia de funcionarios forma parte de las pruebas que serán valoradas durante el juicio, una vez que éste sea abierto formalmente.
Aunque la audiencia intermedia concluyó, el inicio del juicio oral permanece pendiente debido a recursos promovidos por la defensa de los imputados, entre ellos un juicio de amparo.
Una vez resueltos esos medios de defensa, el juez deberá emitir el auto de apertura a juicio para que inicie el desahogo de pruebas y se determine la responsabilidad de las personas procesadas.
El caso Rich ha permanecido abierto por más de dos años y las familias de las víctimas continúan exigiendo que se esclarezcan tanto las responsabilidades penales como las administrativas derivadas de la tragedia.
