Gabriela Aguirre García
Cada vez que San Luis Potosí enfrenta una crisis relacionada con el agua, suele repetirse la misma pregunta: ¿qué se debe hacer? Se discuten nuevas fuentes de abastecimiento, la perforación de pozos, la construcción de infraestructura, las tarifas, las fugas, el crecimiento urbano o el impacto de la industria. Lo que pocas veces se pregunta es algo más elemental: ¿quién participa realmente en la toma de estas decisiones?
La pregunta es relevante porque San Luis Potosí difícilmente puede alegar falta de conocimiento especializado. En la entidad existen universidades, centros de investigación, colegios de profesionistas y organismos especializados que durante años han estudiado la disponibilidad del agua, el comportamiento de los acuíferos, el crecimiento urbano, la infraestructura hidráulica y los riesgos asociados al cambio climático. Instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, El Colegio de San Luis y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica han generado una importante cantidad de conocimiento sobre los problemas hídricos del estado.
A ello se suman diversos espacios creados precisamente para incorporar conocimiento técnico y participación social en las decisiones públicas. Consejos consultivos, organismos de cuenca, mesas técnicas y órganos de participación ciudadana fueron concebidos bajo una lógica sencilla: las decisiones complejas requieren escuchar más voces y aprovechar el mejor conocimiento disponible.
Esta idea no sólo responde al sentido común. También tiene fundamento constitucional. El artículo 3° de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Por su parte, el artículo 4° establece el derecho humano al agua. Ambos derechos están profundamente relacionados. Si el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso al agua, resulta razonable esperar que las decisiones destinadas a cumplir ese objetivo se apoyen en la mejor evidencia científica disponible.
Y es que el agua no es un problema sencillo.
La gestión del agua involucra dimensiones ambientales, económicas, sociales, sanitarias y territoriales. El agua que consumen las familias es la misma que requieren los agricultores para producir alimentos, las empresas para desarrollar sus actividades y los ecosistemas para mantener sus funciones naturales. Lo que beneficia a un sector puede afectar a otro. Lo que parece una solución inmediata puede convertirse en un problema años después.
Por esa razón, ninguna disciplina posee por sí sola todas las respuestas. Los ingenieros pueden diseñar infraestructura, pero necesitan información hidrológica para conocer la disponibilidad del recurso. Los especialistas ambientales pueden advertir riesgos ecológicos, pero también deben considerarse los impactos económicos y sociales de cada decisión.
Pero tampoco basta con escuchar únicamente a los especialistas.
Las decisiones sobre el agua afectan intereses legítimos de numerosos sectores sociales. Los usuarios domésticos requieren agua de calidad en sus hogares. Los agricultores necesitan garantizar la producción de sus cultivos. La industria requiere certidumbre para operar e invertir. Las comunidades rurales buscan proteger sus fuentes de abastecimiento. Los ambientalistas defienden la conservación de los ecosistemas. Todos tienen intereses algunos más legítimos que otros en torno al agua y, por lo tanto, su voz también importa en la toma de decisiones.
Por eso los espacios de consulta son importantes. Su función no consiste únicamente en reunir expertos alrededor de una mesa. Su verdadero propósito es crear un punto de encuentro entre conocimiento técnico e intereses sociales para construir decisiones más informadas, equilibradas, legítimas y justas.
Sin embargo, aquí aparece una pregunta incómoda.
¿La existencia de estos órganos significa que realmente influyen en las decisiones públicas?
Porque existe una diferencia importante entre consultar e incorporar.
Consultar significa escuchar una opinión. Incorporar significa que esa opinión tenga la posibilidad real de modificar una decisión.
Un gobierno puede convocar expertos, recibir diagnósticos, organizar foros, celebrar reuniones y escuchar recomendaciones sin que nada de ello tenga consecuencias prácticas. Puede existir participación sin incidencia. Puede existir consulta sin influencia. Puede existir deliberación sin que las decisiones cambien un solo centímetro.
El problema es que esa distancia entre la discusión y la decisión no es un asunto meramente administrativo. Tiene consecuencias humanas muy concretas. Cuando las políticas públicas fracasan o se postergan, quienes pagan los costos no suelen ser los funcionarios que tomaron las decisiones ni los especialistas que participaron en los foros, sino las personas que dependen diariamente de los servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas.
Un ejemplo reciente lo documentó la comentarista María Ruiz al reportar que INTERAPAS concentró el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante 2025. Las denuncias estuvieron relacionadas principalmente con la falta de agua potable y drenaje, afectaciones que recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población.
Por ello, la incidencia de los órganos consultivos no es una discusión académica ni un debate reservado para especialistas.
Cuando las recomendaciones técnicas y las demandas sociales no logran traducirse en decisiones oportunas y eficaces, los efectos terminan manifestándose en hogares que pasan días sin agua, en familias que enfrentan problemas sanitarios y en comunidades enteras cuyos derechos fundamentales quedan comprometidos.
La falta de incidencia no es solamente una falla institucional; es una condición que termina reproduciendo desigualdades y profundizando la vulnerabilidad de quienes tienen menos capacidad para enfrentarla.
Y ese parece ser uno de los principales desafíos de la gobernanza del agua en San Luis Potosí.
La cuestión no es si existen suficientes consejos, observatorios, mesas técnicas o grupos de especialistas. Probablemente nunca habíamos contado con tantos espacios de consulta como ahora. La cuestión es si las recomendaciones que surgen de esos espacios tienen algún efecto verificable sobre las decisiones finales.
¿Cuántas recomendaciones técnicas son adoptadas? ¿Cuántas son rechazadas? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Existe algún mecanismo que obligue a las autoridades a responder públicamente a los planteamientos realizados por expertos y ciudadanos?
En la mayoría de los casos, estas preguntas permanecen sin respuesta.
La consecuencia es que los órganos consultivos terminan cumpliendo una función ambigua. Por un lado, permiten afirmar que existe participación y apertura en la toma de decisiones. Por otro, resulta difícil demostrar que las decisiones adoptadas son efectivamente resultado de esa participación.
La democracia moderna necesita espacios de CONSULTA EXPERTA Y POPULAR. La democracia de calidad requiere algo más que escuchar. Requiere instituciones capaces de aprender, corregir y decidir a partir de la evidencia disponible y demandas justas.
En un estado que enfrenta crecientes presiones sobre sus recursos hídricos, la verdadera discusión no debería centrarse en crear más consejos o más mesas de diálogo. La pregunta fundamental es otra: ¿cómo lograr que el conocimiento generado por universidades, centros de investigación, especialistas y usuarios del agua tenga una influencia real sobre las decisiones que determinarán el futuro hídrico de San Luis Potosí?
Porque, al final, el problema no parece ser la ausencia de expertos. El problema es que todavía no sabemos con certeza quién los escucha. Y cuando los canales institucionales de participación muestran una capacidad limitada para incidir en las decisiones públicas, la historia demuestra que los cambios suelen impulsarse desde la organización y la movilización social. Después de todo, los derechos no se garantizan únicamente porque estén escritos en la Constitución; se materializan cuando la sociedad los exige, los defiende y los convierte en una prioridad pública.
Quizá ahí radique uno de los mayores desafíos para quienes producimos conocimiento sobre el agua. No basta con generar diagnósticos, publicar estudios o participar en foros consultivos. También debemos encontrar formas de vincular ese conocimiento con las demandas ciudadanas y contribuir a la construcción de una sociedad mejor informada y más participativa. Porque si los expertos tampoco somos escuchados, tal vez ha llegado el momento de dejar de hablar únicamente entre nosotros y comenzar a construir, junto con la ciudadanía, la fuerza social necesaria para que la evidencia finalmente encuentre un lugar en la toma de decisiones.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
