Desiree Madrid
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el convenio mediante el cual la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) asignó 22 millones 699 mil 603.06 pesos a San Luis Potosí para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el ejercicio fiscal 2026. El documento precisa que el acuerdo fue suscrito el 20 de marzo entre autoridades federales y estatales.
De acuerdo con el convenio, el Gobierno del Estado deberá aportar 6 millones 665 mil 874.50 pesos como parte de la coparticipación requerida por el programa federal, cantidad que representa el 29.37 por ciento del subsidio otorgado por la Federación. Ese porcentaje supera el mínimo del 12 por ciento previsto en los lineamientos para acceder a los recursos, por lo que el presupuesto total destinado a las acciones de búsqueda en la entidad superará los 29.3 millones de pesos.
El convenio establece que el subsidio será ejercido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y únicamente podrá destinarse a acciones relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas. Asimismo, señala que los recursos conservarán su carácter federal aun después de ser transferidos al estado, por lo que no podrán utilizarse para fines distintos de los autorizados.
La transferencia del subsidio se realizará en dos ministraciones: la primera corresponderá al 85 por ciento del monto autorizado y la segunda al 15 por ciento restante. Por su parte, el Gobierno del Estado deberá depositar su aportación en una cuenta bancaria específica dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la primera ministración, con el propósito de facilitar la identificación y el seguimiento de los recursos.
Entre las obligaciones establecidas en el acuerdo se encuentra la entrega de informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos, así como la comprobación documental de cada uno de los gastos realizados. En caso de que existan recursos sin ejercer al cierre del ejercicio fiscal 2026, estos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados.
El documento prevé, además, que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los órganos fiscalizadores estatales, podrán revisar la aplicación del subsidio. Para ello, las autoridades estatales deberán proporcionar la información financiera, administrativa y documental que les sea requerida durante las auditorías.
El convenio fue firmado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo; el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, y el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Israel Mendoza Espinosa.
El instrumento tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las obligaciones relacionadas con la comprobación del gasto y el cierre del ejercicio permanecerán vigentes hasta que concluyan los procedimientos administrativos previstos en el propio acuerdo
