Estela Ambriz Delgado
El comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), celebrará próximamente su 54 aniversario, con un informe de actividades, así como del caso concreto de la represión contra la comunidad de La Peña, y se tomarán acuerdos sobre diversos temas que actualmente afectan a las comunidades indígenas y campesinas como el fracking y el proyecto de trasvase Monterrey V.
El secretario del comité estatal Pedro González Gómez, informó que el martes 21 de julio se llevará a cabo una asamblea en conmemoración de 54 años de lucha social por los indígenas y campesinos de San Luis Potosí, la Huasteca, y de México, así como un homenaje al general Francisco Villa por su aniversario luctuoso 53, en el centro de Ciudad Valles.
Indicó que, al mismo tiempo será un informe de las actividades del comité estatal en el último año, así como del caso específico de la población tének y nahua que fue desalojada con violencia del rancho La Peña, destacando la represión que ha sufrido por parte de la presidenta municipal Silvia Medina Burgaña, en su empeño por utilizar el predio para un programa de vivienda social del ayuntamiento.
Además, tomarán decisiones respecto a las políticas que en este momento se desarrollan en contra de las comunidades indígenas, como la extracción de hidrocarburos mediante fracking en la zona huasteca de San Luis, Hidalgo y Veracruz; y el anunciado programa de trasvase Monterrey V, a fin de velar por el respeto a los derechos de los pueblos originarios por la defensa de la tierra y sus recursos naturales.
De igual manera realizarán un programa de acción respecto al movimiento indígena y campesino, y de las próximas actividades a partir del 20 de noviembre, en el que la organización tomará una determinación para participar en el próximo proceso electoral de 2027, dado que se continúan violentando los derechos de los pueblos indígenas.
“No podemos seguir viendo como se pisotea la justicia, los derechos de los indígenas, se les golpea y se les encarcela injustamente y se les despoja de sus tierras, que ancestralmente han sido de ellos y sus ancestros, pero que siempre fueron propiedad de las comunidades indígenas”.
En el mismo sentido González Gómez manifestó que, realizarán un plan de acción que pretende pasar a la autodefensa ante los ataques arteros, la falsedad de las declaraciones del gobierno en sus 3 niveles y procurar mantener en alto la defensa de los acuerdos de San Andrés Larraizar, signados por el gobierno, que deberían estar contemplados en el artículo segundo constitucional.
“Vamos a reforzar nuestra lucha, la unidad con los pueblos originarios, en defensa de la tierra, la propiedad social de las comunidades, pero sobre todo por respeto a los pueblos originarios”.
