Desiree Madrid
Una denuncia formal por presuntos actos anticipados de campaña y por violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad fue presentada el 16 de julio de 2026 ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), en contra del Partido Verde Ecologista de México, del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de la senadora Ruth González Silva, derivada de los eventos partidistas masivos celebrados los días 9 y 10 de julio en San Luis Potosí y Ciudad Valles.
El escrito, de 24 fojas, fue ingresado el 17 de julio en la Oficialía de Partes del organismo y fue promovido por el ciudadano Luis González Lozano, quien comparece por su propio derecho y pide que la autoridad electoral lo admita a trámite por la vía del Procedimiento Sancionador Ordinario, en razón de que el proceso electoral 2026-2027 —en el que se renovarán la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos— no iniciará formalmente sino hasta el 30 de octubre de 2026.
La queja llega un día después de que la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, declarara públicamente que el organismo no iniciaría investigación alguna sobre los hechos mientras no existiera una denuncia presentada conforme a la ley, y precisara que los exhortos públicos no activan procedimientos legales.
El denunciante cita expresamente esas declaraciones, recogidas por el Periódico Pulso de San Luis el 15 de julio bajo el título “Investigaría Ceepac ‘campañas anticipadas’ únicamente si hay quejas”, y señala en su escrito que la queja se presenta “precisamente, para colmar el requisito de instancia de parte anunciado por la propia autoridad”.
El hecho central de la denuncia es la celebración de los “20 años del Gallardismo”, evento organizado y convocado públicamente por el PVEM en los días previos a través de sus dirigentes, medios de comunicación y redes sociales, y realizado el jueves 9 de julio —día hábil— en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, recinto público administrado por entes del Gobierno del Estado.
Según las coberturas periodísticas que el denunciante ofrece como prueba, al acto asistieron entre 50,000 y 80,000 personas, entre ellas el gobernador Gallardo Cardona, el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez, la senadora Ruth González Silva, presidentas y presidentes municipales, legisladoras y legisladores locales y federales, y funcionarias y funcionarios estatales; como parte del evento se formalizó además la incorporación de 3,000 transportistas a las filas del partido organizador.
De acuerdo con la denuncia, el gobernador —quien ejerce el cargo desde el 26 de septiembre de 2021 postulado por el PVEM— pronunció en ese evento un mensaje que el escrito califica de “contenido inequívocamente electoral”.
Según la nota de Quadratín San Luis Potosí citada en el expediente, Gallardo aseguró que el partido “llegará fortalecido a la elección de 2027”, afirmó que “ya cuenta con candidatas y candidatos para competir, sobre todo a la gubernatura”, pidió a la militancia mantenerse unida para dar continuidad al proyecto iniciado en 2021, y expresó textualmente que “va a ganar el Partido Verde”.
El mensaje incluyó también un recuento de obras de la administración estatal —522 escuelas, más de 140 carreteras y más de 400 calles— y el anuncio de que el gobierno buscará duplicar esas cifras.
En el mismo acto participó la senadora Ruth González Silva, cónyuge del gobernador y postulada como él por el PVEM, quien fue recibida entre gritos de “¡Gobernadora, gobernadora!” por parte de la militancia congregada, según las notas periodísticas ofrecidas como prueba. La revista Proceso, en una nota del 11 de julio, describió que en el evento se presentó a la senadora “como próxima gobernadora del estado”.
Un día después, el 10 de julio, Gallardo Cardona y González Silva encabezaron un evento del mismo corte celebratorio y partidista en el municipio de Ciudad Valles, hecho que el denunciante invoca como indicio de que se trató de una estrategia sistemática de posicionamiento y no de un acto conmemorativo aislado, susceptible de repetirse en los meses previos al inicio formal del proceso electoral.
La denuncia recoge también los señalamientos que distintos actores políticos hicieron públicamente sobre la forma en que se logró la asistencia al evento del 9 de julio. Cita a la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, quien habló de acarreo masivo de personas, de la obligación impuesta a personal burocrático para asistir y del condicionamiento de programas sociales con ese fin; y menciona que el PRI calificó el evento como operado por el gobierno estatal, señalando que ciudadanos y funcionarios fueron coaccionados para acudir.
El escrito advierte que estos señalamientos constituyen indicios que el Ceepac está obligado a investigar, pues de corroborarse actualizarían, además de la infracción electoral correspondiente, conductas que la Ley General en Materia de Delitos Electorales tipifica como delito.
En el capítulo de derecho, la denuncia se construye sobre tres ejes que, según el escrito, son independientes entre sí: el primero busca acreditar los actos anticipados de campaña propiamente dichos; el segundo sostiene que, aun si no se acreditaran esos actos, los hechos configuran por sí solos violaciones autónomas al artículo 134 de la Constitución federal por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y afectación a la imparcialidad; y el tercero atribuye al PVEM responsabilidad por culpa in vigilando, al no haberse deslindado de las expresiones de llamado al voto ni de la aclamación de la senadora como “gobernadora” durante el evento que organizó.
El escrito anticipa además que cualquier defensa basada en el carácter conmemorativo del aniversario sería, a su juicio, un fraude a la ley, en tanto el contenido electoral explícito de los mensajes no puede quedar excluido del régimen sancionador por el simple hecho de rotular el acto como celebración interna.
Entre las medidas que solicita al Ceepac, el denunciante pide que se ordene el retiro de las publicaciones alusivas a los eventos de las cuentas oficiales del PVEM y de los denunciados, que los servidores públicos señalados se abstengan de participar en actos partidistas de posicionamiento en días y horas hábiles mientras se resuelve el procedimiento, y que las autoridades estatales se abstengan de facilitar recintos, bienes o servicios públicos para eventos similares.
Pide también que se certifique con urgencia el contenido de las notas periodísticas y publicaciones en redes ante el riesgo de que sean eliminadas, y que se requiera al Gobierno del Estado y al ente administrador de la Feria Nacional Potosina información sobre el título jurídico bajo el cual se autorizó el uso del Teatro del Pueblo, la contraprestación pactada, los costos de montaje, energía, limpieza y seguridad, las listas de asistencia de personal público y el uso de vehículos oficiales para el traslado de asistentes.
El escrito solicita, además, que se dé vista con las constancias del expediente a la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, a la fiscalía estatal competente en la misma materia, y al Instituto Nacional Electoral por conducto de su Unidad Técnica de Fiscalización, para que se pronuncie sobre el origen y destino de los gastos del evento.
González Lozano compareció y presentó la denuncia ante el Ceepac por su propio derecho, en su carácter de ciudadano, sin invocar cargo alguno en el escrito.
