Fernanda Durán
Mientras en el Congreso del Estado continúan las discusiones para regular los centros de rehabilitación, la Alianza Potosina de Centros de Tratamiento se alió con Movimiento Ciudadano para anunciar un Foro Nacional de Salud Mental y Adicciones. El evento busca colocar en la agenda la falta de atención pública a las crisis por consumo de drogas, la ausencia de protocolos para traslados e internamientos, la escasa capacitación y certificación de los centros, así como la insuficiencia de programas de prevención, tratamiento y reinserción.
Los operadores pretenden que cualquier nueva regulación se construya con la participación de familias, especialistas y centros de tratamiento. Advierten que actualmente enfrentan inspecciones y exigencias administrativas sin recibir el respaldo institucional necesario para atender a personas en crisis, muchas de ellas con alteraciones de salud mental asociadas al consumo de sustancias.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, señaló que el objetivo del encuentro es visibilizar un problema atendido de manera insuficiente por las autoridades.
“Buscamos precisamente que este tema se visibilice de manera seria, formal, por la sociedad en general, por las familias y sin duda por los gobiernos, tanto municipales como estatales”.
Añadió que las conclusiones del foro servirán como base para impulsar iniciativas legislativas respaldadas por la experiencia de quienes atienden diariamente esta problemática.
“La problemática no la podemos hacer sin escuchar, no la podemos hacer sin consultar a los expertos”.
La realización de este foro se suma a los distintos acercamientos que representantes de centros de rehabilitación han sostenido durante los últimos meses con diversas fuerzas políticas. Primero participaron en mesas de trabajo convocadas por diputadas y diputados del Congreso para discutir iniciativas sobre salud mental y adicciones; posteriormente expusieron sus preocupaciones ante legisladores de Morena y del Partido Verde, y ahora buscan que Movimiento Ciudadano incorpore sus planteamientos en futuras propuestas legislativas.
En todos los casos han insistido en que cualquier regulación debe construirse con la participación de quienes operan los centros y de las familias que recurren a ellos.
Durante la presentación, Saúl Montenegro Mendoza, representante de la Alianza Potosina de Centros de Tratamiento, reiteró que las reformas deben ajustarse a la realidad de los centros y no únicamente a criterios administrativos o jurídicos.
Denunció que, en lugar de recibir cooperación institucional tras acercarse a los legisladores, las autoridades responden con inspecciones y revisiones de carácter intimidatorio. Por ello, exigió una consulta abierta antes de aprobar cualquier marco legal.
Montenegro sostuvo que los anexos son regulados bajo criterios idénticos a los de establecimientos con actividades completamente distintas, ignorando las condiciones en las que reciben a personas con consumo problemático o trastornos asociados.
“Nos regulan como si nosotros fuéramos un hospital, un restaurante o un hotel. La realidad es que atendemos una situación que en la mayor parte de las veces es gente que vive prácticamente en situación marginal”, expuso.
Asimismo, subrayó que el objetivo no es obtener beneficios particulares, sino lograr que la norma responda a las necesidades reales de quienes enfrentan una adicción.
Los organizadores alertaron que la infraestructura pública resulta insuficiente frente al crecimiento del consumo, señalando que el cristal se convirtió en la principal sustancia debido a su bajo costo y accesibilidad. Citando datos del Observatorio Mexicano de Drogas, Montenegro indicó que únicamente dos de cada diez personas con problemas de adicción reciben atención especializada.
También señaló que el Estado concentre sus esfuerzos en combatir la oferta mientras desatiende la prevención:
“Es muy fuerte el trabajo que hacen en contra de la oferta, pero muy pobre lo que se hace en contra de la demanda”.
Añadió que el 95 por ciento de la atención a las adicciones en el país recae en organizaciones civiles, por lo que resulta indispensable su inclusión en el diseño de políticas públicas.
El Foro Nacional de Salud Mental y Adicciones se realizará el próximo 1 de agosto a partir de las 10:00 horas en el Hotel María Dolores, con el propósito de integrar conclusiones que alimenten la discusión legislativa en San Luis Potosí.
