Desiree Madrid
Más de la mitad de las personas recluidas en los centros penitenciarios de San Luis Potosí permanecían sin una sentencia al concluir 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El informe revela que el 53.9 por ciento de la población privada de la libertad en la entidad se encontraba en proceso penal o bajo alguna medida cautelar, mientras que el 46.1 por ciento ya contaba con una resolución judicial.
La información muestra que esta condición se presenta pese a que el sistema penitenciario estatal albergaba, al cierre del año pasado, 4 mil 604 personas privadas de la libertad, distribuidas en cinco centros penitenciarios para personas adultas y un centro especializado para adolescentes. De ese total, 272 eran mujeres y 4 mil 332 hombres, cifras que reflejan la población que permanecía bajo custodia en los centros del estado.
El hecho de que más de la mitad de las personas recluidas no hubiera recibido una sentencia definitiva significa que sus procesos judiciales continuaban en trámite al finalizar el año. El censo del Inegi distingue entre quienes permanecen privados de la libertad sin una resolución firme y quienes ya fueron sentenciados, lo que permite dimensionar la proporción de personas que siguen sujetas a procedimientos judiciales dentro del sistema penitenciario estatal.
En cuanto a la composición de la población penitenciaria, el documento señala que 4.8 por ciento de las personas privadas de la libertad en San Luis Potosí pertenecían a pueblos y comunidades indígenas. El dato forma parte de las características sociodemográficas recopiladas por el Inegi para conocer el perfil de la población que permanece en reclusión en las entidades federativas.
El informe también da cuenta de las condiciones de infraestructura del sistema penitenciario estatal. San Luis Potosí contaba con 3 mil 412 espacios disponibles, de los cuales 3 mil 292 correspondían a centros para personas adultas y 120 al centro especializado para adolescentes. Sin embargo, la población recluida superaba esa capacidad instalada, al mantenerse 4 mil 604 personas privadas de la libertad al cierre de 2025.
Esa diferencia entre la capacidad instalada y la población recluida se reflejó en una tasa de ocupación de 139 personas por cada 100 espacios disponibles, indicador que evidencia una sobreocupación en los centros penitenciarios del estado, de acuerdo con la metodología empleada por el organismo estadístico.
Para la operación de los seis centros penitenciarios y especializados, el sistema estatal contó durante 2025 con 734 personas servidoras públicas, de las cuales 32.2 por ciento eran mujeres y 67.8 por ciento hombres. Asimismo, el Inegi reportó que el sistema penitenciario ejerció un presupuesto de 648.5 millones de pesos durante ese año para el funcionamiento de los centros de reclusión.
Los resultados forman parte del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2026, mediante el cual el Inegi recopila información sobre infraestructura, personal, presupuesto, capacidad instalada, ocupación y características de la población privada de la libertad en las entidades federativas. En el caso de San Luis Potosí, las cifras muestran que, además de la presión sobre la capacidad de los centros penitenciarios, más de la mitad de las personas recluidas seguían a la espera de una sentencia al concluir 2025.
