Fernanda Durán
A más de cinco meses de que el Ayuntamiento de Villa Juárez aseguró haber regularizado los salarios de su personal, trabajadores municipales continúan recibiendo pagos diarios de entre 114 y 150 pesos. Su representante legal, Roberto Rivera Martínez, denunció además despidos, presiones para abandonar el sindicato y la simulación de reinstalaciones ordenadas dentro de los juicios laborales.
De acuerdo con el abogado, cuatro trabajadores fueron reinstalados el pasado 26 de junio como parte de un juicio por despido injustificado; sin embargo, desde entonces no han sido incorporados a la nómina, al reloj checador ni a sus áreas de adscripción, tampoco reciben salario o actividades.
La reinstalación se realizó mediante una diligencia del juzgado de Cerritos, después de que el Ayuntamiento ofreciera devolverles sus puestos bajo una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde y con el pago de un salario mínimo general. La defensa aceptó la propuesta, pero sostiene que el cumplimiento se limitó al acto formal.
Rivera Martínez explicó que los cuatro empleados permanecen en las instalaciones municipales sin que se les asigne trabajo ni se les dé acceso a los mecanismos administrativos necesarios para acreditar su asistencia.
“Los tienen ahí sentados, sin hablarles, sin dirigirles la palabra”, señaló el abogado, quien afirmó que tampoco han sido dados de alta nuevamente en la nómina ni han recibido pago desde la reinstalación.
Ante esta situación, los trabajadores solicitaron la intervención de un notario público para dejar constancia de las condiciones en las que se encontraban. Durante la diligencia, el secretario general del Ayuntamiento, Osvaldo Cruz Martínez, habría reconocido que estaban debidamente reinstalados, pero remitió al asesor jurídico municipal las preguntas sobre la falta de sueldo, funciones, adscripción y registro de asistencia.
Para la defensa, el Ayuntamiento cumplió únicamente con presentarlos de nuevo en el centro de trabajo, pero no restituyó de manera efectiva la relación laboral que ofreció dentro del juicio.
La reinstalación forma parte de una demanda promovida por varios trabajadores despedidos. Según Rivera Martínez, el grupo estaba integrado originalmente por 24 empleados afiliados a un sindicato, de los cuales ocho ya fueron separados de sus puestos o dejaron de recibir renovación de contrato.
El abogado también denunció que seis trabajadores fueron trasladados por personal municipal al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para firmar su renuncia a la afiliación sindical, mientras que otros diez habrían desistido de la reclamación con la que buscaban la regularización de sus salarios.
De acuerdo con su versión, los empleados fueron llevados bajo presión y sin información clara sobre el contenido de los documentos. Identificó al contralor municipal con funciones de Recursos Humanos, Francisco Israel Morales Reyes, como la persona que dio la instrucción para trasladarlos.
“Los trajeron con engaños, con amenazas, con presión”, afirmó.
Añadió que la advertencia recurrente consistía en que podían ser despedidos o perder su contrato.
Rivera Martínez cuestionó que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje recibiera el desistimiento de la demanda salarial, al considerar que el derecho a recibir por lo menos el salario mínimo es irrenunciable. También acusó que el organismo permitió las comparecencias mediante las cuales algunos trabajadores abandonaron el sindicato.
El conflicto se hizo público desde enero, cuando trabajadores municipales denunciaron que recibían entre 80 y 200 pesos diarios. En febrero, el Ayuntamiento informó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado que había girado instrucciones para garantizar que ningún salario permaneciera por debajo del mínimo legal.
Con base en ese informe, la presidenta de la comisión, Sara Rocha Medina, dio por resuelto el asunto. En semanas recientes sostuvo nuevamente:
“Se resolvió, yo estoy muy al pendiente, es un gobierno municipal priista y resolvieron inmediatamente […] sí les aumentaron el sueldo a como tenía que ser”.
No obstante, recibos de nómina correspondientes a la segunda quincena de marzo (posteriores al compromiso comunicado al Congreso) muestran que al menos tres trabajadores todavía aparecían con salarios diarios inferiores al mínimo.
Un mensajero adscrito a la Secretaría General recibió mil 714.29 pesos por 15 días, con un salario base de 114.29 pesos diarios. Un enfermero de Consultorios Médicos recibió 2 mil 247.86 pesos, equivalente a 149.86 pesos diarios, mientras que un encargado de Correos aparece con un salario base de 128.71 pesos y un pago quincenal de mil 930.71 pesos.
Rivera Martínez aseguró que actualmente los ingresos continúan oscilando entre 800 y mil 200 pesos semanales. También señaló que en algunos casos se modificó el número de días reportados en nómina para aparentar un salario diario mayor, aunque los trabajadores cumplen jornadas de lunes a sábado.
“Trabajan toda la semana, pero en el recibo les ponen que trabajan tres días”.
La defensa sostiene que las irregularidades fueron denunciadas, pero hasta ahora no ha recibido respuesta:
“Presentamos la denuncia y nunca recibimos absolutamente nada, ni del Congreso ni de la Secretaría del Trabajo”, indicó Rivera Martínez.
