Fernanda Durán
Luego de semanas en las que evitó emitir una postura sobre los cuestionamientos dirigidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, hizo un llamado público para que el organismo “modifique de manera urgente su ruta institucional” y recupere el papel que constitucionalmente le corresponde como garante de los derechos humanos.
A través de un posicionamiento emitido este 29 de julio, el legislador afirmó:
“Con preocupación constatamos que madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+, organizaciones defensoras del medio ambiente, del territorio, de la igualdad sustantiva y de las libertades fundamentales, así como defensoras y defensores que de manera personal ejercen la defensa de sus derechos, ya no encuentran en la CEDH de San Luis Potosí la instancia efectiva, cercana y diligente que por mandato constitucional debe ser”, señaló.
Gama Basarte planteó tres exigencias centrales al organismo: modificar su ruta institucional para actuar con autonomía e independencia; establecer mecanismos permanentes de diálogo y acompañamiento con madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+ y organizaciones defensoras de derechos humanos; y ejercer plenamente sus facultades constitucionales “sin omisiones, sin simulaciones y sin subordinación a ningún otro poder o interés ajeno a la dignidad de las personas”.
Este pronunciamiento representa un giro respecto a sus declaraciones previas. En semanas recientes, el diputado evitó posicionarse sobre casos de represión policial, argumentando que primero debía conocerse la solicitud de comparecencia de la presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, y se limitó a pedir mayor eficiencia en la revisión de quejas.
Ahora, el legislador sostuvo que la defensa de los derechos humanos no puede sujetarse a la conveniencia política o la prudencia excesiva, sino que el organismo debe colocarse “al frente de las causas, de las exigencias y de los derechos de todas las personas”, y recordó que la función de la Comisión va más allá de recibir quejas.
“La tutela real de los derechos exige acciones concretas: el acompañamiento directo y sensible a las víctimas, la investigación exhaustiva de los hechos, la emisión de recomendaciones firmes y debidamente fundadas, el impulso de medidas cautelares y de todas las acciones legales que sean necesarias”.
En los últimos años, colectivos de víctimas, madres buscadoras y organizaciones civiles han denunciado omisiones en la atención de diversos casos, mientras que desde el Congreso se anunció la posibilidad de citar a comparecer a la presidenta del organismo para explicar los criterios con los que decide intervenir y emitir pronunciamientos ante presuntas violaciones a derechos humanos.
El propio Gama Basarte señaló que la Comisión necesita transparentar la forma en que atiende las quejas y revisar el seguimiento de las aproximadamente 500 recibidas este año, frente a las cuatro recomendaciones que, según informó la propia CEDH, ha emitido en 2026.
La comunicación pública de la CEDH se ha concentrado principalmente en difundir capacitaciones, reuniones y actividades institucionales encabezadas por su presidenta, sin emitir posicionamientos sobre diversos hechos denunciados por colectivos y organizaciones, como las amenazas reportadas por integrantes de la comunidad LGBTIQ+ previo a la Marcha del Orgullo, el desalojo de la comunidad tének de La Peña, en Tampamolón, o la detención de manifestantes durante una protesta por la falta de agua en Soledad de Graciano Sánchez. Un pronunciamiento relacionado con el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ fue emitido por el Consejo Ciudadano de la Comisión y no por la presidencia del organismo.
En contraste, la CEDH sí difundió comunicados para informar sobre la detención de una persona identificada como defensora de derechos humanos en la capital y, posteriormente, para desmentir versiones sobre una presunta huelga de hambre en el Centro Penitenciario de La Pila, donde incluso informó que realizó una visita de verificación.
