Fernanda Durán
Aunque este martes la senadora Ruth González Silva negó haber presentado acciones legales contra las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, el expediente de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a la carpeta de investigación iniciada por la aplicación de la reforma por “uso indebido de inteligencia artificial” identifica a la propia legisladora como la denunciante y promovente de la querella que dio origen al procedimiento penal.
Durante una entrevista, al ser cuestionada directamente sobre si había sido la denunciante, la senadora respondió que no.
Sin embargo, en el escrito que obra dentro de la carpeta de investigación, Ruth Miriam González Silva comparece “como Senadora de la República y por propio derecho” para presentar una denuncia de hechos y formular la querella correspondiente por conductas que consideró constitutivas de los delitos previstos en los artículos 187 Bis y 187 Ter del Código Penal del Estado, incorporados mediante la reforma conocida como “Ley Serrano”.
En la denuncia, la legisladora señala publicaciones difundidas en Facebook entre abril y mayo de 2026, en las que, afirma, se utilizó una imagen generada mediante inteligencia artificial con su fotografía sin autorización, lo que, a su consideración, afectó su dignidad, reputación e integridad moral. Como sustento de la denuncia, incorporó enlaces electrónicos y material relacionado con las publicaciones que consideró constitutivas de delito y sostuvo que esos contenidos no tenían un propósito informativo o periodístico, sino desacreditar su imagen pública.
Como parte de su escrito solicita formalmente que el Ministerio Público tenga por presentada la denuncia, practique los actos de investigación necesarios, inspeccione las publicaciones señaladas, judicialice la carpeta y ejerza las acciones penales correspondientes contra quien resulte responsable. Asimismo, designa asesores jurídicos para intervenir durante el procedimiento.
El expediente muestra que, después de que la denuncia fue presentada el 8 de mayo de 2026, la Fiscalía emitió el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación y, durante las semanas siguientes, ordenó diversas diligencias para esclarecer los hechos.
Entre ellas se encuentran solicitudes de preservación de contenido digital, inspecciones de publicaciones en redes sociales, análisis de fuentes abiertas, entrevistas a testigos y actuaciones dirigidas a identificar a las personas presuntamente responsables.
Dentro de esas actuaciones aparecen los registros de identificación de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, así como documentos relacionados con su localización e individualización dentro de la investigación.
Conforme avanzó la integración de la carpeta, el Ministerio Público concluyó que existían elementos suficientes para judicializar el caso. Por ello, presentó un escrito ante un Juez de Control en el que solicitó la programación de una audiencia privada para formular la petición de órdenes de aprehensión contra ambas comunicadoras por los delitos previstos en la entonces vigente legislación sobre inteligencia artificial, con lo que el caso dejó la etapa de investigación para iniciar su judicialización.
Las actuaciones documentadas en el expediente contrastan con la declaración realizada esta semana por la senadora, quien además sostuvo estar “a favor de la libertad de expresión” y del periodismo firmado.
El caso cobró relevancia nacional debido a que fue uno de los primeros procedimientos penales iniciados con fundamento en la penalización del uso indebido de la IA, reforma que posteriormente fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y finalmente derogada por el Congreso del Estado la semana pasada, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la acción de inconstitucionalidad promovida en su contra.
