María Ruiz
A ocho días de la muerte de Lizbeth Castro González en un siniestro ocurrido en la carretera a Cerritos, familiares de la joven, integrantes de la comunidad y activistas tomaron el domingo 9 de agosto las instalaciones de la Presidencia Municipal de Cerritos para exigir justicia y respuestas sobre la actuación de las autoridades.
La protesta ocurre luego de que la familia señalara como presunto responsable del siniestro a Raúl Reyes, hijo de la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Leticia Vázquez Hernández, quien viajaba al frente del vehículo en el que también se trasladaba Lizbeth.
Los familiares sostienen que el joven habría conducido bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, por lo que demandan que se investigue el caso y se determinen las responsabilidades correspondientes sin privilegios.
La familia también ha cuestionado la actuación de autoridades durante las horas posteriores al hecho, particularmente por la atención que recibió la joven y por el procedimiento seguido con el presunto conductor. Sus señalamientos han sido planteados como posibles irregularidades que, sostienen, deben ser investigadas por las instancias competentes.
La movilización derivó en una reunión con la presidenta municipal de Cerritos, Ruth Liliana Castillo Montelongo, a quien el padre de la víctima, Edgar Israel Castro Dávalos, reclamó la falta de atención institucional y cuestionó la actuación de autoridades municipales durante las horas posteriores al siniestro.
“Ocho días que mi hija ya no está. En ocho días… Viernes, que estuvimos en la carretera. Sábado, que estuvimos aquí. Y hasta ahorita viernes”, reprochó el padre de Lizbeth al iniciar el encuentro con la alcaldesa.
El familiar cuestionó que, pese a tratarse de la muerte de una joven, la atención al caso no hubiera sido inmediata.
“Yo pienso que hay muchos asuntos dentro para estar en una presidencia. Pero tú debes dar prioridad a las cosas. Aquí estamos hablando de una hija humana. Como no es tu hija o no es tu hijo, no pasa nada”, reclamó.
Uno de los principales reclamos de la familia fue la manera en que se ha referido el hecho como un accidente. Edgar Castro rechazó esa descripción y sostuvo que, desde su perspectiva, existen elementos que deben ser investigados penalmente.
“Ahora, tú manejas que es un accidente. No fue un accidente. Un accidente es que yo voy en carretera, se me poncha una llanta. Aquí estamos hablando de un homicidio”, afirmó.
El padre de Lizbeth aseguró que existen elementos que, según su versión, demostrarían que el conductor habría actuado de manera imprudente antes del siniestro, aunque aclaró que no podía revelar todos los detalles debido a la investigación.
“Cuando salieron de Santibúrcio, iban ciertos vehículos adelante. Él se esperó. Raúl Reyes Jr. se esperó a que se fueran todos y luego salió. Iba él manejando, en estado de ebriedad y hay muchas evidencias”, sostuvo.
También señaló que el vehículo habría circulado a exceso de velocidad.
“Va a exceso de velocidad. Ya está muy claro. Mira, eso es una incoherencia, una irresponsabilidad”, expresó.
Ante la alcaldesa, Castro Dávalos insistió en que la familia no busca interferir con las investigaciones, sino que las autoridades actúen con sensibilidad y colaboren para esclarecer lo ocurrido.
“Yo no te puedo decir detalles. Si yo te doy muchos detalles ahorita, voy a entorpecer la investigación (…) Tú debes de ser empática con el dolor. Se debe de hacer justicia”, manifestó.
Otro de los puntos centrales de la reunión fue la atención médica proporcionada después del siniestro. La familia cuestionó por qué Lisbeth no habría sido trasladada inmediatamente a un hospital y pidió esclarecer quién tomó las decisiones sobre la atención de los involucrados.
Durante el encuentro, la alcaldesa explicó que la información que recibió inicialmente provenía de reportes de seguridad y de los servicios de emergencia, y que se le informó de la movilización de ambulancias a través del sistema 911.
“Me hablan de la ambulancia y me dicen, en el 911 estaban reportando que se solicitan ambulancias”, explicó Castillo Montelongo.
Sin embargo, para la familia esa explicación no resuelve las dudas sobre la atención que recibió Lizbeth.
El padre relató que, cuando llegó al lugar, encontró a su hija aún con vida, pero consideró insuficiente la valoración que habría recibido.
“Cuando llego yo ahí, veo en una crisis a mi hija (…) la revisaron en forma muy general”, relató.
Afirmó que posteriormente la joven no fue trasladada de inmediato a un hospital, pese a la gravedad del siniestro.
“Debieron, con la ambulancia de servicios, trasladarla inmediatamente. Me la tenían ahí, mi hija, allá fallecida, y mi hija yo la sentí que la tenían abandonada”, expresó.
El padre cuestionó particularmente que una persona involucrada en un siniestro de esa magnitud pudiera permanecer en el sitio sin recibir una valoración médica más completa.
“¿Quién fue el que certificó o quién dijo que ella no tenía lesiones?”, cuestionó ante la alcaldesa.
La familia pidió que las autoridades determinen quiénes participaron en la valoración de la joven, cuánto tiempo transcurrió antes de su atención y bajo qué criterios se decidió no trasladarla inmediatamente.
La toma de la Presidencia Municipal se suma a la manifestación realizada previamente por la familia en la caseta de Cerritos, donde también exigieron que se investigue el caso y se aplique la ley.
