Estela Ambriz Delgado
El secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Pedro González Gómez, informó que sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, con representantes de diversas dependencias, en la que se tomaron acuerdos sobre los conflictos agrarios más álgidos, como el despojo y las agresiones en la comunidad de La Peña.
El encuentro fue encabezado por la Segob, con la participación de: Marlene Acosta, directora de Atención a Conflictos y Organizaciones; un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); personal de la representación estatal de la Procuraduría Agraria (PA), el representante estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Mario Godoy Ramos; funcionarios de la Secretaría de Bienestar y personal de la Defensoría Social Federal.
La reunión se dio en respuesta a una solicitud de intervención ante el nulo avance en diversos conflictos agrarios previamente expuestos a la Sedatu, los cuales, consideraron, demuestran que las autoridades estatales están empeñadas en dañar a los sectores más vulnerables que se oponen a sus imposiciones, en este caso, comunidades indígenas y campesinas históricamente vulneradas.
El secretario indicó que se discutieron los asuntos más conflictivos de la situación agraria en el estado, como el caso de La Peña, en la localidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, donde pese a la resolución del Juez Quinto de Distrito en Ciudad Valles, no se les han restituido las 100 hectáreas despojadas, ni se han reconstruido las viviendas destruidas durante el violento desalojo ni reparado el daño a sus bienes.
Al respecto, se estableció dar continuidad a las gestiones el próximo lunes en la representación estatal de la Procuraduría Agraria, con el fin de completar la documentación necesaria para iniciar el juicio de prescripción.
Entre los acuerdos tomados, el INPI se comprometió a certificar a la comunidad indígena de La Peña, la cual cuenta con posesión pacífica desde hace más de 30 años, acreditada con credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y actas de nacimiento con domicilio.
En el caso de la comunidad de Tampate, en el municipio de Aquismón (donde el ayuntamiento, a cargo de Cuauhtémoc Balderas Yáñez, impide la obra de electrificación y la construcción de rampas), el INPI también se comprometió a apoyar para que se atienda el tema y se ejerza el recurso federal como corresponde.
Respecto a la localidad de Tequilillo, en el municipio de Tamazunchale, que el presidente municipal Adelaido Cabañas Hernández pretende desaparecer, será considerada conforme a la petición de los habitantes y se certificará como comunidad independiente, y ya no como anexo de San Francisco.
Asimismo, se revisó el caso de la comunidad Ponciano Arriaga, registrada con apenas 7 mil habitantes a pesar de contar con más de 15 mil, con el propósito de que sea considerada en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) para que obtenga mayores recursos.
González Gómez indicó que también se acordó que las dependencias evaluarán los programas sociales que mejor se adapten a los grupos vulnerables, principalmente a las comunidades indígenas, para beneficiarlas con paquetes de materiales o vivienda en sus localidades.
El seguimiento a estos temas y a la revisión de otros conflictos se mantendrá con la representación estatal de la Procuraduría Agraria, y posteriormente se llevará a cabo una audiencia vía remota con funcionarios federales.
De igual forma, el secretario mencionó que continuarán con el apoyo de la Defensoría Social Federal para exigir que las autoridades del ayuntamiento de Tampamolón respondan por las agresiones, la discriminación y la falta de respeto hacia mujeres, niños, adultos mayores y hombres, además de exigir el cumplimiento del mandato judicial para reconstruir las viviendas destruidas, reparar el daño a la flora y restituir los animales sustraídos.
En la solicitud que dio origen a la reunión, los representantes de la CIOAC destacaron que los conflictos suscitados en Tampamolón Corona, Aquismón, Tamazunchale y otros en Villa de Arriaga involucran o son originados por los ayuntamientos, coincidentemente, por alcaldes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“(…) vemos toda una escalada de agresividad a quienes no compartimos los ideales políticos, partidarios de los gobiernos”.
