Por Victoriano Martínez
Si algo ha acompañado a las denuncias de los estudiantes defraudados en la carrera de Medicina en la Universidad Potosina de Av. Carranza (UP-Carranza) es una larga cadena de omisiones por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) que rebasan el incumplimiento de sus funciones para configurar una condición de complicidad.
Desde que en mayo de 2024 se hizo público el fraude que enfrentaron medio centenar de estudiantes de medicina en la UP-Carranza, la SEGE reconoció la condición irregular de esa universidad al incorporara a su listado de Centros Educativos con medidas precautorias por irregularidades en el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de las licenciaturas en Gastronomía y Médico General.
No obstante, una de las medidas que tomó la SEGE, entonces a cargo de Juan Carlos Torres Cedillo, fue colocar una manta con la leyenda “Advertencia, plantel sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios” como si no fuera un motivo de clausura y quienes acudieran a inscribirse pudieran optar por la opción de cursar esas carreras sin reconocimiento oficial.
Para el 15 de marzo de 2025, la SEGE colocó sellos de clausura sobre las puertas de acceso al plantel universitario y otros sitios de la fachada, pero sin que impidieran la apertura de las puertas, por lo que se mantuvo en operación y la presunta clausura no fue más que una simulación.
Ni clausuras ni sanciones por el fraude que en perjuicio de sus estudiantes de medicina y gastronomía cometió la UP-Carranza, cuyo rector es Arturo Segoviano García, primer secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Peor aún: la SEGE se comprometió a entregarles de manera gratuita certificados parciales de las materias cursadas a los estudiantes defraudados y finalmente permitió que fuera la misma institución la que se los proporcionara, pero con un costo que arbitrariamente les impuso.
La SEGE no sólo ha permitido que la UP-Carranza continúe como si no incurriera en irregularidades, sino que además la ha dejado promocionar inscripciones para las mismas carreras sin REVOE y, en junio del año pasado, cambiar de nombre a Instituto Mexicano de Educación Superior y Alta Dirección (IMESAD).
Ahora con ese nombre, oferta la carrera de Cirujano Dentista sin exhibir su número de RVOE porque, como las carreras de medicina y gastronomía, no lo tiene.
Al menos en consultas en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública no aparece un solo RVOE ni a nombre del Instituto Mexicano de Educación Superior y Alta Dirección ni por sus siglas IMESAD.
Tantas han sido las omisiones y hasta encubrimientos por parte de la SEGE, que el abogado Jaime Soria Osornio, representante de los afectados, cuenta con muchos elementos para ampliar las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General del Estado desde junio de 2024 para que se deslinden responsabilidades de funcionarios como Torres Cedillo.
Cada día que pasa sin que la SEGE imponga sanciones y tome las medidas del caso se vuelve más cómplice de Segoviano García.
Cada día que pasa sin que se avance en las investigaciones por parte de la FGE, sin que se deslinden responsabilidades y sin que se judicialice el caso, por muy autónoma que sea, la propia Fiscalía se suma a la complicidad que comienza a configurar un pacto de impunidad UP-Carranza/SEGE/FGE.
