María Ruiz
El Sistema Estatal de Búsqueda de Personas acumula 17 meses sin sesionar, pese a que la legislación estatal establece que debe reunirse al menos una vez cada seis meses, señaló Édith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quien también denunció la falta de programas específicos de apoyo para las familias de personas desaparecidas y la ausencia de una unidad especializada en esta materia dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Es preciso señalar que el Decreto 0132, mediante el cual se expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, establece al Sistema Estatal como el mecanismo encargado de coordinar los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
El decreto establece que este órgano es presidido por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno y está integrado, entre otras instituciones, por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Pública, las secretarías de Finanzas y Salud, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, SIPINNA, Protección Civil, representantes del Consejo Ciudadano, Congreso del Estado y Poder Judicial.
Pérez Rodríguez explicó que, de acuerdo con el artículo 18 de la legislación estatal en materia de desaparición, corresponde al Sistema Estatal de Búsqueda sesionar periódicamente para evaluar avances y coordinar las acciones de las instituciones que lo integran.
“Hace 17 meses que no sesionan cuando se debe hacer por lo menos cada seis meses. Quien debe convocar es el presidente de este sistema, que es el Secretario de Gobierno”, afirmó.
La propia legislación establece que las sesiones ordinarias deben realizarse por lo menos cada seis meses y ser convocadas por la Secretaría Ejecutiva, por instrucción de la Presidencia. Además, contempla sesiones extraordinarias cuando sean necesarias y establece que el Sistema puede sesionar válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes.
Más allá de la periodicidad, el decreto asigna al Sistema Estatal responsabilidades que tienen impacto directo en las labores de búsqueda. Entre ellas se encuentran proponer acciones de coordinación a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado, aprobar y supervisar políticas públicas, fortalecer las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas destinadas a la búsqueda y vigilar el cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda.
También tiene entre sus obligaciones alimentar los sistemas de información relacionados con personas desaparecidas y atender las recomendaciones e información solicitada por el Consejo Ciudadano.
Para las familias la falta de sesiones no sólo representa la ausencia de reuniones institucionales, sino un periodo en el que un órgano creado precisamente para coordinar las acciones de búsqueda y evaluar su funcionamiento permanece sin reunirse.
Pérez Rodríguez agregó que las familias de personas desaparecidas no son convocadas a las sesiones de este órgano, aunque, dijo, las autoridades que lo integran deben establecer acciones relacionadas con su atención.
El decreto también reconoce una serie de derechos para quienes buscan a una persona desaparecida. Entre ellos se encuentra recibir información oportuna sobre las acciones de búsqueda, conocer periódicamente los avances de las investigaciones y ser informados de manera diligente sobre los resultados de localización o identificación de restos.
Las familias tienen además derecho a acceder a los expedientes de búsqueda e investigación y obtener copias simples gratuitas de las diligencias. Cuando una autoridad determine no realizar alguna diligencia propuesta por los familiares, debe explicar por escrito, de manera fundada y motivada, las razones de esa decisión.
De acuerdo con la representante de Voz y Dignidad por los Nuestros, otro de los pendientes se encuentra en la atención que reciben las familias afectadas por una desaparición, particularmente en materia económica, educativa y de salud.
Pérez Rodríguez sostuvo que actualmente no existen programas sociales específicos para apoyar económicamente a las familias de personas desaparecidas y señaló que también existen necesidades de atención para niñas, niños y adolescentes que han perdido a alguno de sus padres o familiares a causa de una desaparición.
Añadió que las instituciones del sector salud y educativo no han garantizado, desde su perspectiva, una atención prioritaria para esta población.
El propio marco legal contempla que las familias deben recibir información sobre programas asistenciales, acompañamiento psicosocial y asesoría para presentar denuncias, además de mecanismos de participación dentro de los procesos relacionados con la búsqueda.
Otro de los señalamientos del colectivo corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, debido a que, según Pérez Rodríguez, no cuenta con una unidad especializada en casos de desaparición de personas.
La activista indicó que las familias son atendidas bajo un esquema general de atención a víctimas, situación que, afirmó, no responde a las necesidades particulares que enfrentan quienes buscan a una persona desaparecida.
Durante su pronunciamiento, Pérez Rodríguez también cuestionó la forma en que las instituciones manejan los expedientes y los hallazgos derivados de las acciones de búsqueda, al considerar:
“Para el gobierno pueden ser expedientes; para una madre, un padre, una hija o un hermano, es la persona que aman. Los huesos no son estadísticas, son personas que alguien sigue esperando en casa”.
La presidenta del colectivo insistió en que “17 meses son demasiados cuando hay familias buscando todos los días”.
Ante esta situación, Voz y Dignidad por los Nuestros pidió al Comisionado Estatal de Búsqueda y al Consejo Ciudadano asumir una participación más activa en la atención de las familias y en el fortalecimiento de acciones para prevenir nuevas desapariciones y generar mecanismos de apoyo para las familias y para niñas, niños y adolescentes afectados por estos casos.
