Fernanda Durán
La reducción de personal y la acumulación de funciones denunciadas en el Colegio Hispano Inglés comenzaron a tomar forma desde los primeros meses de la actual administración. Exempleados con varios años de antigüedad relataron que, tras la llegada de Beatriz Adriana Delgado Revuelta como directora general y Ana Martínez Alcaraz como administradora, en julio de 2025, los despidos comenzaron apenas tres meses después y alcanzaron puestos directivos, coordinaciones, docentes y áreas administrativas.
Después de una primera etapa marcada por despidos directos, los testimonios describen un aumento de cargas, funciones adicionales y presión sobre quienes permanecen, particularmente entre personal con mayor antigüedad. Algunos trabajadores consideran que estas condiciones terminan empujando a renunciar por cuenta propia, lo que reduce el número de separaciones que tendrían que resolverse mediante un despido y el pago correspondiente de una liquidación.
Uno de los extrabajadores formó parte del personal que salió de la institución y durante más de seis meses llegó a desempeñar dos funciones de manera simultánea, sin recibir incremento salarial, bono o compensación adicional. Además, evitó proporcionar datos que permitan identificarlo porque teme que hacerlo afecte futuras oportunidades laborales. Explicó que entre quienes han salido existe la preocupación de recibir referencias negativas al buscar empleo en otras instituciones educativas, lo que podría dificultar su contratación.
Según su testimonio, los primeros despidos comenzaron en octubre de 2025, todavía en pleno ciclo escolar, algo que contrastaba con lo ocurrido en años anteriores, cuando este tipo de decisiones solían tomarse una vez concluido el periodo académico. Una exempleada señaló que separar al personal en esas fechas lo coloca en una situación particularmente difícil, pues la mayoría de las contrataciones en el sector educativo se concentran antes del inicio de clases.
Quienes son separados una vez comenzado el ciclo tienen menos posibilidades de incorporarse de inmediato a otra institución y, en algunos casos, deben esperar hasta el siguiente periodo de contratación para encontrar una vacante.
Entre las primeras áreas afectadas estuvieron la dirección de primaria y las coordinaciones de inglés. Una de las primeras salidas fue la de quien entonces ocupaba la dirección de primaria y acumulaba más de 25 años dentro de la institución. Exempleados recordaron que, al comunicarle su separación, le dijeron:
“Maestra, es que usted ya está cansada”.
A partir de esos primeros movimientos, los despidos y sustituciones continuaron hasta reducir considerablemente el número de trabajadores con mayor antigüedad. Actualmente quedarían alrededor de cinco personas con una trayectoria prolongada dentro del colegio.
Al mismo tiempo, parte de las funciones de quienes salían comenzaron a ser absorbidas por el personal que permanecía. Sin embargo, la incorporación de nuevo personal también modificó la estructura directiva y de coordinación, pues de acuerdo con su experiencia, varias de las personas contratadas ocuparon puestos de mando, mientras trabajadores con años dentro de la institución fueron separados.
Uno de los exempleados cuestionó el perfil de algunos de esos nombramientos, al señalar casos de coordinadores que permanecieron apenas dos meses en el cargo y de otros directivos que habrían sido designados sin experiencia previa en el área, pues anteriormente desempeñaban funciones en bibliotecas.
La toma de decisiones tampoco se limitaría a la sede de San Luis Potosí. Según uno de los testimonios, la actual dirección y administración fueron designadas por el equipo coordinador de educación con sede en la Ciudad de México, encargado de supervisar ocho colegios a nivel nacional. Dentro de esa estructura identificó a Nuria Choy Farré como directora general y a Josette Salomón como coordinadora de Finanzas, a quienes atribuyó participación en decisiones relacionadas con movimientos de personal y autorización de finiquitos.
También atribuyó a esa estructura nacional intervención en las decisiones sobre permanencia del personal, particularmente cuando existen diferencias con la línea de trabajo de la administración.
Sobre los procesos de separación, recordó al menos dos casos en los que trabajadores no estuvieron conformes con su liquidación o se resistieron a firmar la documentación correspondiente. Ambos permanecieron durante varias horas con representantes de la institución mientras se intentaba convencerlos de concluir el proceso.
Conforme los despidos se volvieron más frecuentes, parte del personal comenzó incluso a calcular con anticipación cuánto podría corresponderle en caso de que llegara su turno.
“Te ibas haciendo la idea de cuánto me debe de tocar y estar preparado”.
Los testimonios coinciden en que, desde la llegada de la actual administración, la reducción de personal fue acompañada por puestos fusionados, funciones adicionales sin incremento salarial y nuevas salidas.
A este escenario se suma la disminución de la matrícula, aunque la baja en el número de alumnos no se ha traducido en una reducción equivalente de las tareas administrativas, académicas y operativas que mantienen en funcionamiento al colegio.
Las cargas laborales están contempladas en la NOM-035
Las condiciones descritas por trabajadores y exempleados también coinciden con factores que la NOM-035-STPS-2018 obliga a identificar y prevenir en los centros de trabajo. La norma considera como riesgos psicosociales las cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre las actividades, el liderazgo negativo y las relaciones laborales desfavorables.
Además, establece que un entorno organizacional favorable debe incluir una distribución adecuada de las cargas, jornadas regulares, responsabilidades claramente definidas y comunicación entre trabajadores y superiores.
En cuanto a las cargas de trabajo, la NOM-035 señala que deben revisarse y distribuirse de forma equitativa, considerando el número de trabajadores, las actividades a desarrollar, el alcance de las tareas y la capacitación del personal. También contempla pausas, rotación de actividades y procedimientos que definan con claridad las responsabilidades de cada puesto.
La norma también obliga a los centros de trabajo a contar con mecanismos seguros y confidenciales para recibir quejas relacionadas con prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral.
En el Hispano Inglés, los trabajadores y extrabajadores ubican precisamente ese cambio en la organización del trabajo a partir de julio de 2025, con la llegada de la actual dirección y administración.
El relevo de dirección ocurrió además pocos meses después de la crisis que enfrentó el colegio por denuncias de bullying. El caso se hizo público en febrero de 2025 y derivó en protestas de madres y padres, mientras todavía en mayo se mantenían señalamientos contra la entonces administración por la forma en que atendió las agresiones.
Asimismo, hubo señalamientos de que el caso había provocado la salida de familias del plantel y para julio de ese mismo año llegaron Beatriz Adriana Delgado Revuelta y Ana Martínez Alcaraz a la dirección y administración del plantel.
Trabajadores y exempleados esperan que la próxima visita de directivos nacionales permita revisar las condiciones laborales en el plantel y derive en medidas concretas, entre ellas frenar los despidos, redistribuir funciones y reducir las cargas de trabajo que actualmente recaen sobre una plantilla menor.
